El Consello Consultivo de Galicia ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de desestimar tres peticiones de indemnización, por la suma conjunta de 560.000 euros, interpuestas por propietarios del edificio de Fernando Macías que fue sede de Fenosa. Sobre el inmueble pesó una orden de derribo hasta 2019, cuando se llegó a un acuerdo interjudicial entre las partes, pero los demandantes consideran que el proceso les causó perjuicios. Son las primeras reclamaciones posteriores a este acuerdo, que reconocía indemnizaciones de entre 9.000 y 12.000 euros a los propietarios pero permitía reclamar peticiones mayores.
Los tres demandantes son sociedades mercantiles propietarias de pisos u oficinas en el edificio, y alegan, entre otras cuestiones, daños morales sufridos durante el periodo en el que el edificio estuvo bajo la amenaza de demolición. Responsabilizaban de estos al Concello pues emitió originalmente, en 1997, la licencia de reforma que posteriormente se anuló y suscitó la orden de derribo.
La demanda más onerosa la presentó una empresa que posee oficinas en la planta primera del inmueble. Reclamaba algo más de 368.000 euros por daños morales, bloqueo de la libre disponibilidad de sus propiedades (es decir, que no pudo venderlas o alquilarlas por la orden de demolición) y pérdida de confianza jurídica. En cuanto a lo primero, señalaba que redujo a la mitad su plantilla en 2007, pero el Consultivo, en base a la propia documentación de la empresa, lo desliga de la situación urbanística.
En lo referente a la imposibilidad de disponer del inmueble, el Consultivo considera que la empresa demandante no presenta “la más mínima prueba” de que intentase vender o alquilar sus propiedades y no pudiese por el pleito. Sobre la pérdida de confianza jurídica, el órgano indica que la empresa compró una de sus dos oficinas en 2001, cuando la licencia municipal ya estaba impugnada judicialmente, y la segunda en 2003, cuando ya había sido anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Otro de los demandantes, una sociedad mercantil que posee un piso en el edificio, pedía 7.000 euros anuales entre octubre de 2009 y febrero de 2019 (65.100 euros en total) por el “alto grado de ansiedad, angustia y zozobra” causado por la amenaza de derribo. A esto habría que sumarle una cantidad sin determinar por gastos jurídicos.
Según indica el Consultivo, si bien las sociedades mercantiles tienen derecho a pedir indemnizaciones por daños morales, es solo cuando afectan a su actividad económica, y la empresa “no aportó ningún dato” que muestre que la situación urbanística del inmueble llevase a una minoración de sus ingresos, cartera de clientes o actividad económica. En cuanto a los costes jurídicos, el Consello recuerda que el pago por estos gastos se debe reclamar ante los tribunales y que no le corresponde decidir.
La tercera de las demandas, presentada por la sociedad propietaria de una oficina en el primer piso del edificio, pide también 7.000 euros anuales entre octubre de 2009 y febrero de 2019 y otros 61.600 por la “congelación” de la libre disponibilidad del inmueble, lo que suma cerca de 127.000 euros, a mayores de gastos jurídicos sin calcular. Al igual que en las otras demandas, el Consultivo señala que la empresa no presenta pruebas suficientes de que se viese perjudicada por la situación jurídica del Conde de Fenosa.
Por otra parte, el órgano cierra la puerta a nuevas reclamaciones, al entender que el plazo para interponerlas se cierra un año después del 8 de febrero de 2019, cuando el Superior homologó los acuerdos de mediación. Las que ya se se han desestimado podrían discurrir por cauces judiciales.
Otros siete rechazos
Con anterioridad al auto que cerró el proceso por el Conde de Fenosa, al menos siete de los propietarios de los 89 pisos del inmueble pidieron indemnizaciones que fueron rechazadas por el Consultivo, relativas tanto a daños morales como a los gastos que generaría una posible mudanza. Estos demandantes planteaban reclamaciones entre los 500.000 y los 750.000 euros.
La licencia que originó el proceso judicial, concedida a Fadesa en 1997, permitió hacer una reforma integral en el edificio y cambiar las oficinas por viviendas, algo que incumplía la normativa vigente y que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló en diciembre de 2001. Tanto Fadesa como el Ayuntamiento interpusieron varios recursos, pero los perdieron todos.
En 2006 el Tribunal Supremo confirmó expresamente que había que derribar el edificio, y, aunque el Concello pidió la “inejecución” de este fallo al año siguiente, el mismo tribunal confirmó la demolición en 2009. Pero la orden, que habría tenido enormes costes monetarios para el Concello, no se ejecutó, y en 2018 empezó un proceso de mediación intrajudicial que permitió salvar el inmueble al año siguiente.
