Saber cómo funciona la Justicia por dentro, quién se sienta en cada silla y cuál es su papel en un juicio, por qué puede llegar alguien a verse en el banquillo de los acusados o ¿qué es delito y qué no? Esas y muchas más fueron las cuestiones protagonistas en las jornadas del programa Educar en Xustiza —organizadas por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y promovidas por el Consejo General del Poder Judicial destinadas a estudiantes de entre catorce y 17 años— que se celebraron esta semana tanto en la Audiencia Provincial como en los Nuevos Juzgados. En esta ocasión, estudiantes de cuarto de Secundaria del centro Plurilingüe San José, de Pontedeume, y del IES Eduardo Blanco Amor, de Culleredo, pudieron asistir a un día cualquiera en los juzgados, en los que hay vistas programadas que se tienen que suspender y otras que empiezan ya con una conformidad entre las partes.
A la eumesa Jana Fuentes le ronda por la cabeza la idea de hacer Derecho cuando acabe el Bachillerato, aunque también la de estudiar Filología, por ahora, aún no lo tiene claro, pero lo que sí que sabe es que hay cosas que ve que no le gustan y que le gustaría cambiar. “La sentencia de La Manada, por ejemplo, a mí no me parece justo que se les condene a tan pocos años y, en la medida en la que yo pueda, me gustaría cambiarlo, o la de la madre que se llevó a los hijos para que no estuviesen con su padre, que los maltrataba [en referencia al caso de Juan Rivas], parece que la culpa se la ha llevado ella y eso tampoco me parece bien”, comenta esta joven estudiante, que tiene presente también que, si se decide a vestir la toga, alguna vez tendrá que defender a personas con las que no está de acuerdo. “No te puedes olvidar de quién eres, aunque todo el mundo se merezca una buena defensa”, comenta Jana, después de haber asistido a un juicio en el que el magistrado de la sala de lo Penal número 2 de A Coruña, José Antonio Vázquez Taín, se encargaba de juzgar a un hombre que estaba alterando el orden público en el parque de Santa Margarita, un día en el que había mucha gente, y que incluso blandió unas tijeras que los agentes de la Policía Local consiguieron arrebatarle para evitar que hiciese daño a alguien.
En este juicio, entre otras cosas, los alumnos y alumnas descubrieron que, si la pena que se pide a un acusado es menor a dos años, tiene la posibilidad de no asistir a la vista, porque, según les explicó Taín, se entiende que no tienen que pasar por el mal trago de sentarse en el banquillo de los acusados; también supieron de la importancia de los argumentos de los letrados y de la fiscal para convencer al magistrado.
Y es que, en este caso, la defensa alegó que el hombre estaba “muy alterado” y que no había hecho nada diferente a los agentes que acudieron a la intervención que no hubiese hecho al resto de personas que estaban en el parque. Con la diferencia de que, según explicó después Vázquez Taín a los jóvenes, los policías iban uniformados y eso cambia el relato, ya que es desobediencia a la autoridad.
Conocieron también cómo han ido cambiando las leyes a lo largo de la historia hasta llegar a las actuales y también las diferencias punitivas que hay en países como España, Estados Unidos y Gran Bretaña, incluso, en las que se les podrían aplicar a ellos, como menores de edad que son. “El sistema en España es muy garantista con los menores y se centra en investigar y en averiguar por qué no son buenos ciudadanos y en eliminar esas causas para evitar que los niños sean delincuentes”, resume Vázquez Taín.
Los estudiantes del instituto Eduardo Blanco Amor asistieron a una conformidad, que es un acto en el que las partes acuerdan una solución para zanjar el proceso abierto. En este caso, la acusada aceptó la pena de un año y diez meses de prisión y el pago de una indemnización por agredir a otra mujer con un vaso —que se considera un objeto peligroso— y causarle lesiones. Al ser una pena inferior a los dos años, la mujer, al menos por ahora, según explicó el presidente de la Audiencia Provincial, Ignacio Picatoste, tanto a la acusada como a los jóvenes sentados en la bancada del público, no ingresará en la cárcel. Eso sí, durante dos años, no podrá cometer ningún delito, ni una alcoholemia, ni daños al mobiliario público ni verse inmersa en otra pelea, porque si delinque, sí que entraría en prisión.
“Tratamos de no estropear la vida de nadie antes de tiempo”, concluye Ignacio Picatoste, sobre esta y otras sentencias en las que los acusados tienen la oportunidad de demostrar que no se volverán a meter en líos y que pueden seguir en libertad sin perjudicar a otras personas.
Para Picatoste, que siempre tiene música clásica en la radio cuando está trabajando, el oficio de juez “es muy triste”, porque dice que nadie sale contento de un juicio. “El que tiene razón, cuando se le da, ya sabe que tenía que ser así y al que no, sale cabreado porque no se le dio y así todos los días”, confiesa el magistrado a los estudiantes. A pesar de todo, asegura que “nunca” se le pasó por la cabeza dejar de ejercer, aunque haya tenido oportunidades para colgar la toga, y que no lo hace por “vocación” y porque su trabajo tiene un componente social muy importante, el de impartir justicia y el de proteger a las personas que se encuentran en una situación vulnerable.
A estos estudiantes, a los que en clase se les explican cuestiones como el acoso o la importancia de utilizar las redes sociales con seguridad para no verse inmersos en la comisión de un delito, Picatoste les advierte también de que las sentencias, aunque a ellos algunas veces les parezcan injustas, son “recurribles y revisables” para que, de este modo, “sea más difícil equivocarse” y también de que, cuando vean un juicio en los medios de comunicación, han de fijarse en el número de jueces que se sientan en la sala. “Cuantos más haya, más alta es la pena que se les pide a los acusados”, les dice como consejo a estos jóvenes que, esta semana, visitaron por primera vez una sede judicial.
