La empresa Sociedad Anónima Internacional de Terrenos y Edificios (Saite), que explota los locales comerciales y el aparcamiento de la plaza de Lugo, presentó alegaciones contra los presupuestos municipales de este año, exigiendo que el Ayuntamiento reserve fondos para abonarle algo más de 216.000 euros que le adeuda por la liquidación de la reforma de la plaza, finalizada en 2006. La cifra es el saldo resultante de una compleja serie de obligaciones cruzadas, y la empresa pretende también al Concello que le transmita la entrega de una finca de Vioño valorada en unos 7,4 millones que era parte del pago de las obras.
Pero según señala el interventor municipal, la empresa le debe a su vez al Ayuntamiento el pago de un IVA del 21% por la transmisión del terreno de Vioño, algo que suma unos 1,56 millones de euros. Contando esta deuda fiscal, el saldo en favor del Concello es de unos 1,34 millones de euros. Saite pide que la liquidación de las obras se emplee para reducir esta suma, pero el interventor municipal afirma que, dado que es la empresa la que tiene una obligación financiera (esto es, la que debe dinero), no hay que incluir el pago en los presupuestos.
Las reclamaciones cruzadas se remontan a las obras de reforma de la plaza de abastos, que, con un valor de 20 millones de euros, se adjudicaron a Saite, entonces promovida por el Banco Pastor (actualmente absorbido en el Grupo Santander) y el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián. Parte del pago se compensó con la parcela de Vioño.
La nueva plaza se inauguró en julio de 2006, y, dos meses después, la Junta de Gobierno Local del Concello, entonces presidido por Javier Losada, realizó un pago extra de 2,2 millones a la concesionaria, criticado por el interventor municipal. Este también afirmó que en la liquidación de la obra se habían incumplido dos artículos de la ley de contratación. El BNG, por su parte, afirmó que el terreno transferido a Saite se había revalorizado “un 30%, como mínimo”, en dos años.
La Fiscalía abrió una investigación en 2006 para comprobar si habían ocurrido irregularidades, aunque acabó por archivarlo, y el Tribunal de Cuentas revisó la adjudicación en 2009. No hubo condenas. En 2011, el Concello, tras informes del arquitecto municipal, aprobó reconocer que debía a Saite 580.000 euros por las obras, si bien había otras facturas pendientes.
Las diferencias de interpretación sobre la devolución del aval y el pago de los gastos de mantenimiento del mercado, entre otros, llevaron a la empresa y al Ayuntamiento a los tribunales, y en 2013 una sentencia definitiva del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fijó las cantidades a pagar y las obligaciones entre ambas partes. Pero la liquidación no llegó y Saite reclamó la ejecución forzosa en los tribunales.
Pago del mantenimiento
Y el saldo de 1,34 millones a favor del Ayuntamiento de las obras es solo una parte de las deudas cruzadas. La sentencia del Superior en 2013 determinó que el Concello debía afrontar el 34,21% de los gastos de mantenimiento del edificio, en base a la superficie que ocupa. El tribunal se decantó por esta opción por la “objetividad y sencillez del cálculo”, aunque admitía que “lo más justo” hubiera sido calcularlo en base a la utilización que genera los gastos.
Entre 2006 y 2021 la deuda se fue acumulando, y, aunque el Ayuntamiento realizó un pago de unos 108.000 euros en enero del año pasado, todavía debe unos 546.000 “conforme a las facturas y liquidaciones practicadas”, indica la concesionaria, que reclama también los “intereses moratorios y gastos de devolución que corresponde”. Saite pide que en los presupuestos de este año se incluya crédito suficiente para pagar el 34.21% de los gastos de mantenimiento de 2022. El interventor municipal considera que no hay obligación legal de incluir el pago en el presupuesto, ya que las cantidades deben ser primero justificadas.
