El grupo municipal de Marea Atlántica reclamó este jueves al Gobierno local que acate la sentencia que le obliga a anular el nombramiento de Mónica Martínez como concejala de Deportes y a devolver las cantidades cobradas por este cargo desde septiembre de 2020, fecha en que entró en el Ejecutivo. Marea fue la formación que denunció en los tribunales este caso al entender que se trataba de un caso de transfuguismo, como reconoce el fallo judicial, ya que Martínez formaba parte anteriormente del grupo de Ciudadanos.
Martínez anunció en su cuenta de Twitter su decisión de continuar en la Corporación a pesar de la sentencia judicial que le obliga a abandonar el Gobierno local. “Hasta el final del mandato de esta Corporación seguiremos trabajando por y para el deporte coruñés. Se puede hacer mucho más”, publicó Martínez en su perfil de esa red socia. El Gobierno local tan solo manifestó hasta el momento que estudiará el fallo judicial para analizar la posibilidad de recurrirlo y mantuvo, en contra de la sentencia, que no es un caso de transfuguismo.
La portavoz de Marea, María García, exigió a la alcaldesa, Inés Rey, que anule los decretos que permitieron la incorporación de Martínez al Gobierno municipal y recordó que esta formación calificó en su momento de “poco ético y no legal” la entrada de esta concejala en el Ejecutivo.
García destacó que la publicación de la sentencia coincidió con la aprobación definitiva de los presupuestos de este año y aseguró que desde el nombramiento de Martínez el Gobierno local “perdió el rumbo”, ya que luego renunció a elaborar unas cuentas para 2021 y posteriormente se produjo el apartamiento de la concejala socialista Eva Martínez Acón, la dimisión de Juan Díaz Villoslada y la reciente marcha del coordinador municipal, Santiago Roura, al Ministerio de Educación. La portavoz de Marea eludió comentar qué hará su grupo si el Gobierno local decide recurrir la sentencia, pero admitió que “no facilitaría” el entendimiento con esta formación.
El Partido Popular también se pronunció sobre la sentencia al manifestar que supone “una nueva ilegalidad de Inés Rey” que, a su juicio, “pone la puntilla final a un Gobierno municipal destrozado”. “Entre los que echan, los que huyen, las que apartan y las que anulan los juzgados, a Inés Rey y a Lage Tuñas no les queda nadie”, declaró la portavoz popular, Rosa Gallego.
La concejala no adscrita Isabel Faraldo declaró que no tenía dudas de la irregularidad: “La ley es muy clara: ni un derecho (económico y político) más ni menos que cualquier concejal de la Corporación. Por lo tanto, no puede pertenecer al grupo de Gobierno ni ostentar concejalía alguna”. En su opinión, la sentencia “era cuestión de tiempo, y el Gobierno local lo sabía. Lo que añade gravedad por irresponsables”, a lo que apostilló que como concejala no adscrita a ella se le “niegan los derechos más básicos”.
