El juez encargado de la investigación de la muerte del coruñés Diego Bello en Filipinas ha dictado una orden de detención contra los tres policías implicados en el caso. Está firmada el 25 de marzo y, según consta en la documentación enviada a los agentes para que ejecuten la orden —a la que ha tenido acceso este diario—, ninguno de los tres podrá eludir su entrada en prisión al ser sospechosos de asesinato, por lo que tendrán que esperar en la cárcel a ser juzgados por los cargos que se les imputan.
La familia de la víctima considera que es un avance en el caso. “Ya no decimos nosotros que lo mataron. Un juez de Filipinas considera que hay elementos suficientes para detener a estos tres policías y para juzgarlos”, explica Francisco Lafuente, que es tío del fallecido y que confía en que los agentes puedan arrestar a los sospechosos para que se pueda celebrar el juicio.
La orden de detención se cursa contra el capitán Vicente Panuelos, que fue el policía que organizó la supuesta operación antidroga en la que agentes filipinos abatieron al empresario coruñés Diego Bello, el 7 de enero de 2020, en Surigao. También contra los policías Ronel Azarcon y Nido Boy Esmeralda, que participaron en el ataque.
El NBI, que es un órgano de la Justicia filipina, similar al FBI estadounidense, acusa a los agentes de asesinato, falsificación de pruebas y perjurio, al considerar que participaron en la creación de un montaje con el objetivo de fingir que el joven empresario les había disparado y que ellos habían respondido a su ataque, a pesar de que las pruebas apuntan a que los agentes iniciaron el tiroteo y que siguieron disparando cuando ya estaba herido y en el suelo. Pese a estar investigado en esta causa, el policía Vicente Panuelos fue ascendido a mayor en diciembre del año pasado. Ahora, sin embargo, el juez encargado de la investigación de la muerte violenta de Diego Bello ha dictado una orden de detención contra él y sus dos compañeros.
Se les imputan también los delitos de falsificación de pruebas y perjurio
Aunque la orden de arresto se firmó el 25 de marzo, la familia del fallecido no tiene constancia de que se hayan efectuado ya las detenciones. “Todo va más lento en Filipinas, ya sabemos que los trámites no son inmediatos, pero confiamos en que los detengan”, confiesa Lafuente. Los agentes investigados defendieron desde el inicio del proceso que Diego Bello era un peligroso traficante de drogas y que, por ello, habían ideado una operación para detenerlo. En su declaración, alegaron que Diego Bello les había disparado en cuanto se dio cuenta de que estaba siendo víctima de una emboscada, sin embargo, ni los testimonios de los vecinos ni de la pareja de Bello, que estaba en casa en ese momento, concuerdan con esta teoría. Tampoco las pruebas forenses. Incluso el informe realizado por la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas concluye que los agentes podrían haber disparado en otras zonas del cuerpo del coruñés, que tenía 32 años, para defenderse y, a la vez, evitar su muerte. Este documento descarta también que Bello portase un arma en el momento en el que fue asaltado por los agentes a la puerta de su vivienda.
