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El Concello deberá revisar bienes protegidos por calificar como singular el edificio Fenosa

La Xunta resuelve no someter a evaluación ambiental estratégica el cambio urbanístico con el que se cumple el acuerdo que evitó el derribo del inmueble, pero insta a evaluar afecciones

Fachada principal del edificio de la calle Fernando Macías. | // VÍCTOR ECHAVE

La Xunta, a través de la Consellería de Medio Ambiente, da vía libre al Ayuntamiento para que modifique el planeamiento municipal para cumplir el acuerdo que evitó la demolición del edificio Fenosa. En su resolución determina además que la administración local revise el catálogo de bienes protegidos incluido en el propio plan general con el fin de “identificar todos los bienes culturales que puedan verse afectados” por este cambio urbanístico. De esta manera, se evaluarían las posibles afecciones que tendrían esos bienes protegidos y si fuera necesario, se establecerían “medidas precisas” para la conservación de sus valores culturales.

Estas determinaciones aparecen en la propuesta de la Subdirección Xeral de Avaliación Ambiental que da respuesta a la solicitud del Concello de iniciar la evaluación ambiental estratégica del cambio urbanístico relativo a la norma zonal 1, remitida a finales de enero, por el cual el inmueble de la antigua sede de Fenosa en la calle Fernando Macías estaría incluido en la categoría de edificio singular.

Tras proceder al periodo de consultas, el departamento autonómico resuelve no someter la modificación del plan general al proceso de evaluación ordinaria, al no detectar que tal cambio propuesto en el área residencial urbana de la norma zonal 1 vaya a tener efectos significativos desde el punto de vista natural, patrimonial ni ambiental.

La modificación del plan general vinculada al edificio Fenosa es producto del pacto alcanzado hace tres años, a través de una mediación intrajudicial, por el cual el Concello evitó indemnizar por valor de 60 millones de euros a los propietarios afectados por la reforma ilegal del inmueble que había autorizado el Gobierno de Francisco Vázquez en 1997. Una sentencia del Tribunal Superior de Galicia de 2001 había ordenado el derribo del edificio, pero hasta 2019 y tras un complicado recorrido por los tribunales, no se llegó al pacto que logró mantener la construcción en pie e indemnizar al denunciante de las ilegalidades urbanísticas.

El acuerdo alcanzado entonces compromete además al Concello para ejecutar una promoción de 50 viviendas de promoción pública en el barrio de Xuxán. El Gobierno local prevé culminar este proyecto en 2023, pero la obra, con un coste estimado de ocho millones de euros, aún no se ha licitado.

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