Los tres policías a los que ordenó arrestar la Justicia filipina por causar la muerte del joven coruñés Diego Bello en enero de 2020 no podrán evitar legalmente la orden. De acuerdo con uno de los abogados en España de la familia del fallecido, Guillermo Mosquera, los agentes presentaron un recurso para que no se presentase la orden de arresto, firmada el pasado 25 de marzo, y, después de que se emitiese, otro para que no se ejecutase. Pero ambas han sido rechazadas por el juez, que ha ordenado su entrada en prisión sin posibilidad de fianza para ser juzgados por asesinato y manipulación de pruebas. Actualmente, explica Mosquera, la orden es ejecutiva.
Los acusados se han quedado sin mecanismos legales para evitar la detención, que los lleva a afrontar las penas más altas que permite la actual legislación filipina. El asesinato, de acuerdo con el Código Penal del país, puede llegar a castigarse con la pena de muerte, si bien, como esta está suspendida en Filipinas desde 2006, se sustituiría por una pena de 40 años, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 30, lo que se denomina “reclusión perpetua”.
En cuanto a la manipulación de pruebas, están acusados tanto de colocar una pistola en el lugar, para fingir que Bello había usado para dispararla contra ellos, como cocaína, pues la muerte del joven coruñés ocurrió en una supuesta operación antidroga. La colocación del arma, por parte de funcionarios, conlleva también reclusión perpetua, y la de la droga, siguiendo la legislación específica sobre estupefacientes, se pena con una condena a muerte que desde 2006 ha sido sustituida por una perpetua con posibilidad de libertad condicional.
Posible montaje policial
La Policía filipina defendió en un primer momento que Diego Bello, que en el momento de fallecer, con 32 años, regentaba varios negocios en Filipinas, era un narcotraficante, y que la muerte se produjo después de que accediese a vender cocaína a un agente de paisano delante de su casa. Según la versión policial, cuando este y otros agentes que se habían aproximado al lugar intentaron arrestarlo, el joven sacó un arma y disparó: lo habrían abatido en legítima defensa.
Los tres policías acusados de la muerte han insistido reiteradamente en esta versión, pero se ha visto debilitada por informes de la Comisión de Derechos Humanos filipina y del NBI, un órgano de investigación del país asiático creado a semejanza del FBI estadounidense. De acuerdo con el informe del segundo organismo, es improbable que hubiese un tiroteo de la forma en la que describen los policías, pues no coinciden la disposición de los casquillos de las balas ni otras pruebas forenses.
Los investigadores consideran que los policías dispararon contra Bello en varias ocasiones mientras estaba desarmado, y que, de hecho, le dieron un tiro de gracia en la cabeza cuando estaba en el suelo, a sangre fría.
Los testigos y las pruebas gráficas también apuntan a que Bello no tenía relación con los estupefacientes y la pistola que los agentes dijeron encontrar en el lugar de los hechos. Estos, miembros de la Policía Nacional filipina, también afirmaron que en la operación que resultó en la muerte del joven coruñés participaron agentes de la PDEA, el brazo ejecutivo de la agencia antidrogas de la nación insular. Pero este organismo negó su participación en los hechos.
