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La Opinión de A Coruña

El Concello negocia con el Estado una quita en el pago de 1,2 millones para recuperar la cárcel

La empresa pública propietaria del inmueble afirma que hay un trato sin firmar desde hace un año, pero la alcaldesa defiende que siguen las conversaciones | La rehabilitación del edificio “no está encima de la mesa” hasta el traspaso

Interior de la antigua cárcel provincial, en el mes de febrero pasado, antes de que se tapiase. | // CARLOS PARDELLAS

Las negociaciones para que el Estado transfiera al Ayuntamiento la propiedad de la antigua cárcel provincial de Monte Alto siguen abiertas, aunque se están “ultimando”, según afirmó este lunes la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. El Concello intenta conseguir una “quita” de parte de los 1,2 millones de euros que, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2020, le tiene que transferir a la empresa pública propietaria del inmueble, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), y entonces contemplará rehabilitar el inmueble. Esta versión es diferente a la de la empresa, que afirma que ya se llegó a un “pleno acuerdo extrajudicial” para el traspaso en mayo del año pasado, “sin que desde entonces el Ayuntamiento haya procedido a su firma”.

Rey indicó que desde el Gobierno local, que nunca habló de un acuerdo durante este año, “estamos obligados” a pagar al Estado por recibir el edificio dado que hay una sentencia en este sentido que no fue recurrida por parte del Concello y se hizo firme. A los 1,2 millones se añadirán los intereses judiciales procedentes, pero Rey señaló que intenta que el pago se haga “de manera fraccionada”.

Pero incluso la posibilidad de realizar un pago parcial choca con la postura a favor de la entrega gratuita que defendieron los anteriores gobiernos locales y que aún enarbola la oposición. Su argumentación se fundamenta en la cesión original, de 1925: el Ayuntamiento, el propietario original de la parcela, la traspasó al Estado para fines penintenciarios con la condición de que revirtiese cuando estos terminasen.

La vieja prisión dejó de servir como cárcel hace más de dos décadas, si bien fue sede de actividades de inserción social hasta 2009. Cuatro años antes, en 2005, y siendo alcalde Francisco Vázquez, el Concello y el Estado firmaron un convenio para regular la reversión. El Ayuntamiento se quedaría con la finca y el edificio, y a cambio pagaría 1,2 millones y le cedería al Estado otra finca para un centro de inserción social, que se ha construido cerca del antiguo penal, junto a las cocheras del tranvía.

Las elecciones municipales de 2011 sacaron al PSOE del poder local, y el Ejecutivo municipal del PP de Carlos Negreira defendió la reversión gratuita, una postura para la que tuvo el apoyo del Consello Consultivo. A partir de 2015, el Gobierno local de Marea mantuvo la misma línea.

Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de noviembre de 2020 dio la razón a Siepse, y se hizo firme ante la falta de recurso municipal, si bien no se ha ejecutado hasta el momento. Desde entonces, el Concello afirmó en varias ocasiones, tanto en respuestas en el pleno como en declaraciones a los medios, que estaba negociando con el Gobierno las condiciones de cesión, sin mencionar un acuerdo.

Según la versión de Siepse, expresada en la documentación de un concurso para dotar de vigilancia a la cárcel, en febrero del año pasado el Ayuntamiento se dirigió a la empresa pública para llegar a un pacto extrajudicial, y se llegó a un “pleno acuerdo” en mayo, que se preveía formalizar de “inmediato” aunque no se ha hecho en un año.

Toda la oposición protesta

Los grupos de la oposición afirman desconocer las negociaciones del Gobierno local y se muestran contrarios a que el Ayuntamiento abone cualquier suma por la parcela. Para el Partido Popular, la finca “se tiene que revertir sin más costes”, puesto que lo contrario supondría que los coruñeses “paguemos dos veces por lo mismo” y deriva de un “acuerdo nefasto entre gobiernos socialistas” (en referencia al convenio firmado en 2005). Los populares también critican que no se haya entregado documentación a la oposición y presentaron ayer una pregunta escrita para exigir información.

También ha criticado la “falta de transparencia” y pedido documentación Marea, que se declara “en contra” del pago y achaca a Siepse dejar al edificio en un “total abandono”. “Debería hacerse cargo del costo de su rehabilitación”, afirma el grupo, algo en lo que coincide con el BNG. Para la edil nacionalista Avia Veira, el trato con el Estado debería ser reversión gratuita y que este “cumpla con sus obligaciones de rehabilitación”; si no, sería una “tomadura de pelo”.

Sin proyecto para rehabilitar

Preguntada sobre la posibilidad de que el Gobierno invierta en la rehabilitación del edificio, la alcaldesa se limitó a señalar que la obra “en este momento no está encima de la mesa”, puesto que necesitaría una “inversión millonaria” —que el Gobierno local ha cifrado en 30 millones— para ser utilizable debido a su avanzado estado de deterioro. “Una vez que se transfiera la titularidad empezaremos a pensar en este asunto”, indicó, lo que apunta a que sería el Concello, como propietario, el que asumiría los pagos de la obra.

Los costes de rehabilitación se han ido incrementado durante los años de abandono del inmueble, que solo recibió una pequeña inversión en el marco de un intento de aprovechar una parte para fines asociativos, promovido en la época de Marea, que se abortó en pocos meses. En los últimos años, además de la acumulación de desperdicios que continúa en el entorno, se sucedieron entradas ilegales en el edificio, que provocaron dos incendios el verano pasado y, según Siepse, otros dos este mes de febrero, además del desalojo de una veintena de personas.

Para evitar estos incidentes, la empresa ha tapiado las ventanas y la mayoría de las puertas del edificio, y está en proceso de contratar seguridad privada, cuyo coste pretende repercutir en el Concello. No se había hecho hasta ahora, afirma la empresa, porque se preveía un traspaso “inmediato” al Ayuntamiento.

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