La renta social municipal, puesta en marcha en 2016 por el Gobierno local de Marea, nunca se concedió en plazo, según las agrupaciones sociales de la ciudad que asisten a los solicitantes de la ayuda. La ordenanza que la regula establece que la resolución de la concesión debe notificarse en, como máximo, dos meses desde el momento de entrada de la petición, pero ya antes de la pandemia se veían plazos de cuatro meses o medio año. Pero se fueron incrementando, y en especial desde 2021, según indican desde SOS Racismo, Viraventos y Sen Valos, se está llegando a retrasos de hasta un año.
“Es escandaloso” indica la responsable de Acción Social de Viraventos, Ana Louzán, que calcula que en los primeros años de aplicación, “en cuatro meses la mayoría de las solicitudes estaban resueltas”. De las catorce solicitudes que ayuda a tramitar su agrupación, la mitad se presentaron en julio del año pasado, o antes. “Acaban de concederle en abril una renta social a una mujer que la había solicitado en mayo de 2021” explica.
Mónica Vidal, técnica de Sos Racismo, empezó a notar retrasos amplios en las peticiones efectuadas en 2021. Si antes se concedían en unos seis meses, afirma, ahora tienen casos que permanecen “un año, diez, nueve meses” sin solución.Y para Raquel Cortiñas, la trabajadora social de Sen Valos, últimamente hay “parones cada dos por tres” en la tramitación de solicitudes: “En verano de 2021, a finales de año, por los presupuestos [que no se aprobaron hasta abril], y a principios de este año se iniciaban las concesiones, pero sigue habiendo parón...”
Hay diferentes explicaciones acerca de estos retrasos, sobre los que el Ayuntamiento no contribuye a arrojar luz: ha rechazado hacer declaraciones a este diario sobre el problema, así como suministrar datos sobre los plazos de concesión de solicitudes y el número de tramitaciones. Pero para Sos Racismo, se debe a que la red de trabajadores sociales “es insuficiente”.
“Hay una saturación” en el servicio, opina Mónica Vidal, pues “hay bajas que no se cubren, y un volumen de trabajo bastante elevado. No solo tramitan esta renta, sino otras cuestiones como la Risga”, la ayuda autonómica. Fuentes de la junta de personal, sin embargo, indican que los trabajadores sociales no les han trasladado quejas en este sentido.
Aunque Sos Racismo, en concreto, no han visto un aumento de solicitudes, no descarta que se haya producido a nivel general, pues con la crisis del COVID quedó sin recursos “mucha gente que antes trabajaba en la economía sumergida”, especialmente inmigrantes irregulares. Como la renta se puede pedir sin permiso de residencia, solo con empadronamiento, es una opción preferente para estos.
Para Ana Louzán, esto puede haber influido en el atasco. La renta social de A Coruña es “excepcional”, pues no existe en prácticamente ningún ayuntamiento, y resulta “muy útil” para las personas en situación irregular. Es cierto que en los últimos años se han presentado muchas solicitudes de asilo, que, mientras se tramitan, permiten pedir la Risga. En 2021 hubo muchas denegaciones de peticiones de estos procesos, lo que cree que pudo aumentar la demanda de la ayuda coruñesa.
Petición de soluciones
Para Patxi Hurtado, responsable de proyectos de Sen Valos, los retrasos se corresponden con un incremento de la demanda por la “crisis post-pandemia, que ha afectado de forma muy dura a los colectivos en riesgo de exclusión y ha ido añadiendo otros”. Se ha vivido aumento de las situaciones de exclusión social, explica, y los inmigrantes ven cómo se han alargado los plazos para regularizar su situación y conseguir contratos de trabajo. A esto se suman nuevas casuísticas: “Llegan personas de situaciones de guerra, como en el caso de Ucrania”, explica. Por ello pide “más coordinación” entre los servicios sociales y las entidades.
La próxima semana habrá una reunión de la comisión permanente del Consello Local de Inclusión Social, donde se tratará el tema. El grupo de Marea Atlántica presentará una pregunta oral sobre esta cuestión en el pleno de hoy.
