La nueva valoración de los 168.000 metros cuadrados de superficie del muelle de San Diego encargada por la Autoridad Portuaria, que sitúa en 254,7 millones su tasación frente a los 126 millones de la última realizada, no tiene relación con la previsión de la venta de esos terrenos para hacer frente al pago de la deuda del organismo, según manifestó ayer su presidente, Martín Fernández Prado. “El Puerto es una empresa pública y por ley tenemos la obligación de tener los activos valorados”, explicó, a lo que añadió que la tasación se hizo con los criterios técnicos aplicados por la empresa Valmesa y de acuerdo con “el marco jurídico actual”.
Según Fernández Prado, “es una valoración más en el momento actual”, en alusión a las tasaciones efectuadas recientemente para los muelles de la Batería y Calvo Sotelo con el fin de que sean adquiridos por Concello, Xunta y la propia Autoridad Portuaria. Sobre el futuro de San Diego, eludió pronunciarse acerca de la propuesta del estudio encargado por el Gobierno local a la Universidade, que reduce a solo el 10% la edificabilidad que permite ahora el plan general en ese suelo.
“No es el momento procesal de valorarlo ahora, ya nos tocará hablar de futuro en otro momento, en este momento no es más que otra valoración técnica, como cualquier puerto de España, que tiene que tener sus activos valorados”, declaró Fernández Prado, quien aseguró que la tasación “no se está haciendo por ninguna razón especial”.
“Lo que nos gustaría es estar sentados viendo las alternativas y el futuro”, destacó el presidente del Puerto, quien recordó que este organismo y la Xunta esperan desde hace 15 meses por la firma de un protocolo con el Concello sobre la Batería y Calvo Sotelo y que desde hace seis meses no tienen noticias del mismo por parte del Gobierno local. “Para modificar un convenio hay que tener otro”, señaló en referencia a los acuerdos de 2004 que establecen la venta de los muelles interiores para financiar las obras del puerto exterior y que todas las partes están de acuerdo en modificar ahora.
Punto muerto
También la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, incidió en este aspecto al considerar que la negociación sobre el protocolo que dará paso a un nuevo convenio se encuentra “en punto muerto”. Recordó que la Xunta había propuesto en 2018 destinar 20 millones a la compra de muelles y que el Concello lo rechazó y replicó con una oferta de adquirir el 75% de la propiedad de la Batería y Calvo Sotelo que está pendiente de que se concrete.
Las conversaciones entre las tres partes se bloquearon a la hora de fijar las aportaciones de cada administración para la reurbanización de los terrenos portuarios, ya que la Xunta defendió que tendrá que ser, de acuerdo con la legislación, en la misma proporción que la propiedad del suelo, por lo que al Concello le correspondería también el 75%, aunque el Gobierno local discrepa de esta visión.
El presidente del Puerto dijo que había tenido en los últimos días un “contacto informal” con el nuevo concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, quien le comentó que hay que “retomar el tema”, aunque en su opinión “lo que hay que hacer es concretarlo”.
Los reproches de Fernández Prado y Vázquez tuvieron contestación ayer mismo por parte de la alcaldesa, Inés Rey, quien indicó que “hablan de seis meses sin protocolo, pero podían hablar de los 17 años sin sentarse las administraciones públicas para hablar del futuro del puerto y de la fachada marítima”. Rey puso énfasis en destacar que esos 17 años son “los que pasaron desde que se firmaron los convenios en 2004” hasta que ella convocó a todas las administraciones en febrero de 2021 para renegociarlos.
“Habrá protocolos cuando estén terminados y estaría bien que antes de que a uno le entren estas prisas electorales”, dijo la alcaldesa, quien también se refirió a que Fernández Prado era concejal de Urbanismo en el Gobierno local del PP cuando este partido también dirigía la Xunta, la Diputación y el Ejecutivo central. “No recuerdo ninguna reunión para hablar de la fachada marítima durante aquellos cuatro años”, manifestó Rey, quien se atribuyó el logro de que se desbloquease la revisión de los acuerdos de 2004, así como la financiación del tren al puerto exterior.
“Satisfacción” por la ocupación de Langosteira
El puerto exterior cuenta en la actualidad con 220.000 metros cuadrados cedidos a empresas mediante concesiones, superficie que supera a la de los muelles interiores, que es de 156.000 metros cuadrados. Para Martín Fernández Prado, estas cifras representan una "satisfacción", a pesar que suponen que tan solo el 25% de los terrenos de punta Langosteira están ocupados. El presidente de la Autoridad Portuaria recordó que en ese porcentaje no están incluidas las concesiones solicitadas por Inditex, Fisterra Energy y Elecnor, a las que se sumará además la empresa Euroash Recycling Corporation, que pretende reciclar cenizas de fundición para elaborar aditivos para cementos. También destacó que en septiembre Repsol comenzará a operar en el puerto exterior con la llegada del primer buque que descargará petróleo crudo en su pantalán y que el proyecto Greenport, mediante el que el Puerto trata de captar inversiones en iniciativas energéticas sostenibles, atraerá nuevos operadores a Langosteira. Fernández Prado afirmó que la llegada de empresas “se va a intensificar” y, además, en una “progresión exponencial”, al tiempo que anunció que habrá “más buenas noticias en las próximas semanas”. También puso de relieve que el objetivo de la construcción de la dársena exterior era el traslado de las actividades peligrosas desde los muelles interiores tras el desastre del Prestige, así como la generación de “nuevas oportunidades” en los terrenos portuarios que queden liberados.
