La empresa Mersant prestaba hasta el pasado marzo el servicio de vigilancia en el Kiosko Alfonso, el edificio de la Casa da Cultura y la estación de autobuses. En marzo el Gobierno local le retiró el contrato por impagos a los trabajadores y abrió un procedimiento negociado para adjudicar el servicio a una nueva compañía. Pero ninguna aceptó el encargo y abrió una segunda licitación que va camino de cerrarse con el mismo resultado ante las repercusiones que el contrato tiene para el adjudicatario.
Y es que Mersant adeuda cinco meses de salario a los 15 trabajadores que prestaban el servicio, además de pagos a Hacienda y Seguridad Social que deben ser asumidos por la empresa que la releve, de acuerdo con la legislación vigente.
Iván Blanco, secretario de organización de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada de USO, advierte de que existe el riesgo de que ninguna empresa quiera prestar el servicio y de que si transcurre un año desde el fin del anterior contrato, la nueva adjudicataria no estaría obligada a subrogar a los actuales trabajadores, que se quedarían en la calle. “El pliego de condiciones de la licitación no especifica que el propio Concello afronte la deuda de la empresa con la facturación que le retuvo cuando sea condenada, y por eso nadie se presenta”, explica, y añade que esta vía es la solución, ya que la Xunta y el Sergas la siguieron cuando le retiraron a Mersant los contratos que mantenían con estas instituciones.
Blanco resalta que los vigilantes organizan ellos mismos los turnos porque carecen de jefes y que varios están de baja “porque no soportan más esta situación”. Noviembre fue el último mes en el que cobraron sus nóminas, aunque los de la terminal de buses recibieron luego sus sueldos hasta febrero por orden del administrador nombrado para el procedimiento concursal en el que está inmersa Mersant.
Algunas empresas con las que el Concello contactó para ofertarles el servicio “insinuaron a los trabajadores que firmen un documento en el que renuncien a reclamar deudas”, afirma Blanco, a quien compañías del sector le aseguraron que sin una garantía municipal no asumirán el contrato “porque perderían muchísimo dinero”.
Apoyo del PP
El grupo municipal del PP reclamó ayer una solución “de urgencia” para estos vigilantes y recordó que Mersant recibía 345.886 al año del Concello. “Ya son cinco meses los que no cobran su sueldo sin que Inés Rey haya hecho nada más que anular el contrato”, destacó la concejala Rosa Gallego. El PP presentó preguntas escritas al Gobierno local sobre este asunto, y exigió que el problema se resuelva antes del próximo pleno municipal.
