La designación de un técnico municipal de Patrimonio del Concello mediante una comisión de servicio en 2020 fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que considera que esa plaza debe ser incluida en un concurso ordinario de méritos. La alcaldesa, Inés Rey, eludió pronunciarse ayer sobre esta resolución judicial. El sindicato CIG destaca que ese puesto de trabajo está sin cubrir desde su creación en 2017 y reclama al Gobierno local que cumpla legalidad en materia de personal, ya que las comisiones de servicio son “un medio de cobertura de puestos extraordinario cuyo uso debe estar limitado y su urgencia debidamente justificada”.
Este revés judicial para el Concello se suma al sufrido en abril, cuando un juzgado anuló tres comisiones de servicio en el departamento de Benestar Social por falta de transparencia en los criterios de evaluación. La CIG estima que la sentencia del Superior revela que el Gobierno local utiliza las comisiones de servicios “como un sistema para premiar a personas afines o castigar a determinado personal que no es de su gusto”.
La central nacionalista señala que este fallo judicial critica los tiempos utilizados por el Gobierno local para cubrir la plaza, ya que rechaza el habitual argumento de la “urgente e inaplazable necesidad”. La representación de la CIG en el Concello destaca que la designación de la plaza fue publicada solo un mes de anunciarse la convocatoria en la web municipal.
Para este sindicato, el Concello abusa de las comisiones de servicios para cubrir vacantes en la plantilla municipal, lo que a su juicio genera inseguridad jurídica y bloquea la carrera profesional de los empleados públicos.
