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La Opinión de A Coruña

La rotación del personal, la principal queja de los usuarios del Servizo de Axuda a Domicilio

Las trabajadoras del recurso se alinean con los beneficiarios y apelan al “descontrol” en la gestión de los equipos y horarios || El Concello asegura estar en contacto con los implicados para incluir mejoras en la prestación

Una trabajadora del Servicio ayuda a una usuaria a salir de casa. | // CASTELEIRO/ROLLER AGENCIA

El Servizo de Axuda a Domicilio (SAD) de A Coruña continúa registrando quejas en su funcionamiento. A las protestas de sus trabajadoras por precariedad laboral y las denuncias de una de las empresas concesionarias, que ha recurrido la prórroga forzosa de su contrato, en precario desde hace un año, se suman las protestas que los usuarios del servicio han elevado por ciertas deficiencias en el desarrollo de la prestación.

Tras una pregunta escrita formulada en el pleno por el grupo municipal de Marea Atlántica, el Gobierno local ha reconocido que se han registrado quejas por parte de usuarios que apelan a la mala comunicación entre la empresa y los beneficiarios del servicio, y la rotación de su personal. En la pregunta, Marea Atlántica apelaba a las protestas de una serie de vecinas de la ciudad, que denunciaban no haber recibido el servicio durante un fin de semana entero.

Las trabajadoras de la empresa confirman estas deficiencias, y remiten al “caos” en la organización de los turnos y los horarios por parte de la empresa como los motivos detrás de las fallas. “Uno de los mayores problemas que tenemos con la empresa es que cambian de auxiliares y de horarios con mucha frecuencia. Dicen que mandan a una auxiliar y a veces no aparece, o aparecen dos en el mismo domicilio. Hay un descontrol en la gestión de los equipos”, relata la representante de las trabajadoras, Trinidad Palacios, que asegura que la situación no es nueva, pues se remonta, al menos, a cuatro años atrás, momento en el que comenzó a trabajar en la concesionaria.

En cuanto a las deficiencias en la comunicación con la empresa cuando se dan estas situaciones, las trabajadoras, de nuevo, se alinean con los beneficiarios de la prestación. “Tenemos quejas de usuarios que llaman al teléfono de la empresa y no les contestan. Cuando lo hacen, les atienden amablemente, pero no les resuelven los problemas”, asegura la representante de la plataforma SAF Galicia.

Una situación que redunda, aseguran las sociosanitarias, en la calidad de la prestación del servicio y en el bienestar de los usuarios, a menudo personas mayores o con patologías que necesitan una atención eficiente, continuada y estable. “Son personas que necesitan una rutina, y ver siempre las mismas caras. Hay quien se desorienta si le estás cambiando a la sociosanitaria constantemente. Al fin y al cabo, entramos en sus casas particulares. Yo tengo mis usuarios fijos, pero hubo una ocasión en la que yo estaba de vacaciones y a una de mis usuarias le mandaron, en una semana, a siete trabajadores diferentes”, relata Palacios.

Las anomalías en la gestión de los horarios no solo causan perjuicios a los usuarios, sino también a las trabajadoras, que defienden su derecho a la conciliación y a estar informadas, previamente, de las coyunturas que les aguardan en los domicilios que visitan. Aseguran que, cuando se incorporan nuevos beneficiarios a sus jornadas, no se les brinda a las sociosanitarias toda la información necesaria para organizar los servicios, lo que las deja desprotegidas ante posibles contratiempos. “Lo lógico sería que tuviésemos siempre los mismos usuarios. A veces, llegas a un domicilio y no sabes lo que te vas a encontrar y cómo, o si el paciente tiene alguna patología mental o es agresivo. No es lo mismo una demencia que una esquizofrenia. Tengo que saber cuáles son esas enfermedades para prepararme y tratarlos correctamente”, reivindica.

Una de las empresas que presta el servicio, Clece, ha recurrido la prórroga forzosa de su contrato y solicitó que se resuelva el mismo y que se inicie una nueva licitación. La empresa presentó un recurso contencioso administrativo en los juzgados contra la desestimación presunta por silencio administrativo de la solicitud formulada para que se proceda a someter la libre concurrencia el contrato para la gestión del servicio.

La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 16 de febrero comparecer en este recurso. Fuentes municipales informaron entonces de que el nuevo contrato se licitaría en breve con cargo al nuevo presupuesto de 2022. Los grupos de Marea Atlántica y el BNG preguntaron al Gobierno municipal por esta cuestión. Desde el Ejecutivo respondieron que la demora en los trámites del concurso se debe a que la nueva licitación del SAD no se corresponderá con los contratos actuales. El Concello asegura haber mantenido contactos y reuniones con trabajadoras, empresas y usuarios desde el inicio de la redacción de los pliegos, con el fin de subsanar las deficiencias e incluir las mejoras propuestas por los actores implicados. Desde el Ejecutivo respondieron a las cuestiones de los grupos alegando que se desarrolla una “fiscalización constante” del trabajo de las empresas concesionarias y una “interlocución muy fluida” con las personas usuarias.

Las sociosanitarias alegan “salarios de miseria”, un convenio obsoleto y precarización del servicio

Las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar llevan meses movilizándose para exigir mejoras en su salario y sus condiciones laborales. Las sociosanitarias denuncian “salarios de miseria” y demandan la actualización del convenio colectivo, que tachan de obsoleto, pues lleva sin negociarse desde 2011, y que, aseguran, es objeto de constantes incumplimientos por parte de las empresas. Aseguran que sufren estrés, perjuicios para su salud física y mental, abusos laborales, imposibilidad de conciliación y una remuneración que no se ajusta al esfuerzo que realizan. Piden que se “dé una vuelta completa” a la concepción del sector, y reivindican que su trabajo va más allá de prestar un servicio de limpieza, y que se centra en el cuidado y la atención a las personas en situación de dependencia, lo que requiere un gran trabajo físico. “Una de cada cuatro vamos a trabajar medicadas para aguantar los dolores. Pedimos la jubilación anticipada, no podemos estar así hasta los 67. No tenemos ninguna ayuda técnica”, lamentan. Las trabajadoras no disponen, tampoco, de un sistema adecuado de prevención de riesgos laborales, porque la Ley de Prevención de Riesgos no contempla los domicilios particulares. Las trabajadoras perciben salarios que rondan los seis euros por hora, normalmente en jornadas partidas, lo que hace imposible la conciliación o buscar otro empleo de refuerzo. Desde el servicio piden, en aras de la mejora de las condiciones laborales y de la calidad del servicio, la municipalización de la prestación. Las administraciones implicadas difieren en quién debe sentarse con las trabajadoras para negociar sus condiciones, ya que, aunque, como todas las prestaciones recogidas en la Ley de Dependencia, es la Xunta quien costea el servicio, pero este se gestiona a través de los ayuntamientos.

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