Tres hombres se enfrentan a una pena de siete años y medio de prisión y un cuarto a otra de seis años y medio al estar acusados de los delitos de tráfico de drogas y de asociación ilícita por crear un colectivo mediante el cual cultivaban plantas de marihuana y vendían diferentes derivados del cannabis.
Las cuatro personas, que serán juzgadas el martes en la Audiencia Provincial, utilizaban tres bajos de la localidad de Fonteculler, en el municipio de Culleredo, para cultivar las plantas y procesar las sustancias, de forma que cuando el Cuerpo Nacional de Policía lo descubrió en marzo de 2018, se encontró 1.300 plantas de marihuana, 900 gramos de cogollos de marihuana y 300 gramos de hachís, además de un arcón frigorífico con 6 kilos de marihuana con la que pretendían elaborar hachís. En el registro se encontraron también 700 euros, presuntamente procedentes de la venta de las sustancias.
Los acusados fundaron en 2016 la Asociación Cultural María Nostra y solicitaron su inscripción en el Registro de Asociaciones con una documentación en la que manifestaron que el objetivo de la entidad no era “el fomento ni apología de consumo de sustancia alguna”, sino “la promoción, favorecimiento y la facilitación de consumo ilegal de cannabis o cualquier otra droga tóxica, estupefaciente o sustancia psicotrópica”.
La Fiscalía provincial inició una investigación sobre el colectivo que quedó archivada en 2017, aunque le advirtió que “cualquier acto posterior de cultivo o distribución de cannabis podrá dar lugar a nuevas actuaciones penales, sin que pueda estar amparado por el registro de la asociación”.
Tras la operación desarrollada por la policía, la Fiscalía considera que tres de los detenidos eran la junta directiva de la asociación, mientras que el cuarto colaboraba con ellos en el cultivo y venta del cannabis y sus derivados. Cuando se produjo la detención, la policía informó que la asociación llegó a tener 35 miembros y que en los bajos se instalaron sistemas de ventilación, iluminación, riego y temporización para el cultivo de marihuana en cantidades importantes, para lo que además realizaron un enganche ilegal a la red eléctrica que puso en el peligro a los vecinos de los edificios. Los acusados llegaron a pintar los cristales de las ventanas para evitar la entrada de luz del exterior.
El Ministerio Fiscal atribuye a los cuatro acusados un delito contra la salud pública por traficar con drogas que no causan grave daño, pero en una cantidad de notoria importancia por el que pide cuatro años y seis meses de prisión para cada uno de ellos. También les acusa de un delito de asociación ilícita por el que solicita tres años de cárcel para cada uno de los tres directivos y dos años para el otro detenido.
Por el fraude al enganchar la corriente eléctrica, que se considera un delito leve, se propone una multa de diez euros diarios durante tres meses. La Fiscalía exige además la disolución de la asociación y la inhabilitación de los acusados para fundar otra durante nueve años.
