Un informe realizado por la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), cifra el número de viviendas vacías en el municipio de A Coruña en 19.283, lo que supone el 14,24% de las 135.431 contabilizadas en la ciudad. Aunque estos datos la sitúan como la localidad gallega con un mayor número de viviendas vacías, un alto número de municipios rurales la superan ampliamente, mientras que en el conjunto de las siete ciudades de la comunidad solo Vigo tiene un porcentaje inferior, el 12,94%, al sumar 18.588 residencias desocupadas.
Ourense es entre las urbes gallegas la que padece con mayor dureza este fenómeno, ya que sus 14.561 viviendas vacías representan el 21,70% del total, de forma que una de cada cinco carecen de ocupantes. La situación en A Coruña no mejora si se analizan los datos de la comarca, a la que se ha desplazado buena parte de la población de la ciudad en los últimos años, ya que de las 220.765 viviendas existentes se encuentran vacías 35.231, cantidad que alcanza el 15,97% del total.
La estadística recabada por Fegein sitúa a Sada como el municipio del área metropolitana que sufre este problema de un modo más agudo, ya que se produce en el 27,18% de su parque inmobiliario. A continuación se hallan Arteixo con el 22,19% y Culleredo con el 19,96%, mientras que en Carral el porcentaje se queda en el 18,45%. Cambre con el 15,87%, Oleiros con el 14,44%, y Abegondo con el 14,42% también se encuentran por encima de las cifras de A Coruña, que solo tiene por debajo de ella a Bergondo, con el 10,41%.
La federación de empresas se declara además totalmente en contra de la aplicación de un recargo en el IBI a los propietarios de viviendas vacías, solución que se ha propuesto en varias ocasiones para incentivar que sus propietarios las saquen al mercado y contribuir a la bajada de los precios. La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha reclamado con insistencia a la Xunta que regule este recargo para que los concellos puedan aplicarlo. A Coruña, por ejemplo, lo tiene recogido en sus ordenanzas fiscales, a la espera del desarrollo normativo autonómico, pero la Xunta deja la decisión sobre la definición de viviendas vacías en manos del Estado.
El proyecto de la nueva ley estatal de vivienda define qué se considera “vivienda vacía” para que los ayuntamientos puedan aplicar un recargo del IBI a las que lleven desocupadas al menos dos años siempre que sean propiedad de un dueño que tenga un mínimo de cuatro. La penalización puede llegar al 150% de la cuota líquida del IBI.
El sector inmobiliario siempre ha atribuido el elevado número de viviendas vacías en los municipios a que la mayor parte de ellas no son habitables debido a que por su antigüedad no cumplen los requisitos exigidos en la actualidad para ser habitables. Su número es especialmente elevado en los barrios históricos y en aquellos que fueron construidos con una menor calidad, por lo que su deterioro ha sido más rápido con el paso del tiempo.
Fegein comparte esta opinión y destaca que las administraciones “no están siendo capaces de movilizar la vivienda vacía en un contexto de ayudas económicas a la rehabilitación como nunca ha habido”. Por esta razón, reclama que se agilicen los trámites de planificación urbanística y de las licencias de obra nueva, rehabilitación o reformas, ya que considera “inadmisibles” los plazos actuales.
También hace hincapié este colectivo del sector inmobiliario en la necesidad de incrementar las bonificaciones en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), así como de acelerar la tramitación de las ayudas para la rehabilitación y en vincularlas al cumplimiento de los objetivos de la Agenda Española 2030 en materia de eficiencia energética, conservación medioambiental y en materia de accesibilidad.
“Los ayuntamientos van tener que afrontar un gran volumen de licencias para reformas y de rehabilitación en los próximos meses y no nos podemos permitir que la gestión de los proyectos quede colapsada y no se puedan cerrar los expedientes”, advierte Benito Iglesias, presidente de Fegein, quien alerta de que si los proyectos de rehabilitación no se cierran en los plazos establecidos “se tendrán que devolver las ayudas europeas”.
Iglesias pone de relieve que el crecimiento del sector inmobiliario que experimenta Portugal “no es por la construcción de viviendas nuevas, sino por la rehabilitación” y destaca que solo el 19% de las viviendas que fueron vendidas en 2020 eran nuevas, ya que el resto fueron rehabilitaciones y reformas “con tiempos de espera medio de una licencia urbanística que oscilan entre un mes y dos meses a lo sumo. Frente a esto destaca que el tiempo de espera de una licencia municipal de obras en Galicia supera los 14 meses, lo que califica de “inasumible para muchas empresas” .
Para conseguir que la nueva ley de rehabilitación sea eficaz y que se obtenga un retorno de los fondos europeos destinados a esta actividad, Iglesias reclama a existencia en Galicia de “normativas claras, concretas, agrupadas y legibles y muchas menos trabas burocráticas” por parte de las administraciones, ya que en caso contrario advierte que la llegada de las ayudas de la UE puede quedarse “en una simple declaración de intenciones”.
Fegein se lamenta de que las administraciones todavía no contestaron a su proyecto Urbanismo Productivo, presentado a las ayudas del plan Next Generation y que propone la creación de una oficina técnica difunda las ayudas para la rehabilitación de las viviendas y la puesta en marcha de un inventario de bienes inmobiliarios privados de potencial uso.
