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La Policía filipina dio un permiso a los agentes que mataron al coruñés Diego Bello y evade arrestarlos

La familia y los abogados del joven coruñés creen que el departamento al que pertenecen está “dilatando la detención”, pese a que el juez decretó que entrasen en prisión sin fianza

Una de las manifestaciones pidiendo justica para Diego Bello. | // L. O.

La Policía Nacional Filipina concedió un permiso a los tres agentes del cuerpo acusados del asesinato del joven coruñés Diego Bello “cuatro días después” de que se le notificase una orden de arresto contra ellos, según han conocido esta semana sus representantes legales a través de fuentes del propio cuerpo. Pese a que el juez que lleva el caso decretó el pasado 25 de marzo que los policías debían entrar en prisión sin fianza, el órgano policial no los ha capturado, y los tres hombres, un capitán y dos sargentos, están en “paradero desconocido”, en palabras de su familia y abogados.

Los familiares y los representantes legales del joven sospechan que el departamento al que pertenecen los agentes, en la isla de Siagao, están “intentando dilatar lo más posible su detención”, después de que los tres policías agotasen sin éxito las posibilidades de alegación para evitarla. Para evitar intromisiones y presiones de las autoridades locales, los abogados de la familia de Bello han solicitado que el juicio del caso se traslade a la capital del país, Manila, pero según señalaron hoy a este diario, están aún “pendientes de que nos digan algo”.

Los acusados nunca han negado que matasen a tiros al joven coruñés en su casa de Filipinas, pero han alegado recurrentemente que actuaron en defensa propia y dentro de una actuación policial. Para varios organismos de investigación y la Fiscalía filipina, en cambio, se trató de un montaje para justificar la muerte del joven, por lo que los tres acusados afrontan cargos tanto de asesinato como de manipulación de pruebas.

Los agentes defendieron, tanto en su primera versión tras la muerte de Bello, el 8 de enero de 2020, como en declaraciones posteriores, que el joven coruñés, de 32 años y que regentaba varios negocios en el país asiático, era un narcotraficante. Según su versión, había suministrado droga a un confidente, y la noche de su muerte se montó una operación en la que un agente de paisano compró cocaína al joven. Cuando intentaron detenerlo, afirman los policías, Bello sacó una pistola y se vieron obligados a abatirlo.

Pero esta versión ha sido puesta en entredicho por las investigaciones sobre el caso independientes de la Policía, en especial un informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del país y del NBI, un órgano de investigación creado a semejanza del FBI estadounidense, que emplearon desde pruebas forenses a declaraciones de testigos para poner en cuestión la versión policial.

Los investigadores sospechan que el arma y las drogas encontradas junto al cuerpo de Bello fueron colocadas por los agentes, y que, en vez de un tiroteo bidireccional, los policías acribillaron a Bello y lo remataron a sangre fría cuando ya estaba en el suelo.

Penas máximas

De ser considerados culpables, los policías afrontan las penas más altas que permite la actual legislación filipina. El asesinato, de acuerdo con el Código Penal vigente en el país asiático, podría llegar a castigarse con la muerte, pero, como la pena máxima está suspendida desde 2006, se sustituirá en la práctica por 40 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 30, una fórmula que la legislación filipina denomina “reclusión perpetua”.

En cuanto a la manipulación de pruebas, la colocación de la pistola conlleva también reclusión perpetua cuando la realizan funcionarios, como es el caso. La colocación de drogas en el escenario del crimen acarrea cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional.

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