El acuerdo extrajudicial al que llegaron en mayo del año pasado el Ayuntamiento y el Estado para que la antigua cárcel provincial vuelva a ser de propiedad municipal incluía una “quita” del pago que ha de realizar el Concello para recuperarla, de 1,2 millones, y un “fraccionamiento” de este, de acuerdo con una respuesta del Gobierno local al PP sobre las condiciones del convenio. Este diario se ha puesto en contacto con el Concello para preguntar cuál sería la rebaja y el plan de pagos pactados hace un año, pero no ha recibido respuesta; tampoco explica por qué no se ha firmado el acuerdo hasta ahora.
La existencia de un convenio para traspasar la cárcel, sin uso desde hace años y en un creciente estado de ruina, fue desvelada por este diario según la documentación que la Siepse, la empresa pública que gestiona el edificio, emitió para contratar un servicio de vigilancia ante las frecuentes entradas de personas e incendios que sufría. El documento indica que en febrero de 2021 el Concello pidió a Siepse entablar negociaciones y que en mayo se llegó a un “pleno acuerdo”, sin que desde entonces la administración local “haya procedido a su firma”.
Sin embargo, más de un año después, siguen las negociaciones, algo confirmado por ambas partes, y, según la alcaldesa, Inés Rey, busca precisamente llegar a una “quita” y un “fraccionamiento”, presumiblemente en condiciones más favorables que las originales, sobre las que se mantiene el misterio. Hace semanas el BNG solicitó acceder al borrador del convenio acordado en mayo de 2021, y desde el Ayuntamiento, señala la edil Avia Veira, se le respondió que “no existe tal borrador”. Además, en otra respuesta al grupo del PP, el Ayuntamiento afirma que “no es cierto” que no haya querido firmar el acuerdo.
La larga negociación resulta difícil de explicar por la cantidad en sí misma: el presupuesto municipal aprobado este año es de 310 millones de euros, por lo que el pago de 1,2 millones es asumible. Pero su realización conllevaría cargas extra, tanto económicas como políticas, para el Gobierno local.
En primer lugar, debido al avanzado estado de deterioro del inmueble y sus grandes dimensiones, lo que haría necesarias reformas de calado, mientras que el derribo sería inasumible por su valor patrimonial. El Gobierno municipal estimó el coste de las obras en 30 millones, que tendría que abonar como propietario. Parte de la oposición ha reclamado que el Estado asuma el coste, pero esta condición nunca ha sido mencionada por los participantes en las negociaciones y Siepse pretende incluso cargarle al Ayuntamiento el coste de la vigilancia instalada en el inmueble.
Si el Concello asumiese la rehabilitación del penal, el Gobierno local se vería expuesto a las críticas del resto de grupos de la Corporación, que están en contra de cualquier tipo de pago al Estado, aunque su obligatoriedad queda establecida por una sentencia del Superior de 2020 que el Ejecutivo local no recurrió. Para el PP, abonar por la cárcel supondría “pagar dos veces por lo mismo”; Marea está “en contra” del desembolso y el BNG lo considera una “tomadura de pelo”. Los grupos se basan, para ello, en que la finca pertenecía originalmente al Ayuntamiento, que la traspasó al Estado en 1925.
Una cesión y un juicio
En el traspaso original, el Estado dedicaría la propiedad para fines penitenciarios, y esta volvería a ser del Ayuntamiento cuanto terminasen esos usos. El edificio dejó de servir como cárcel hace dos décadas, si bien mantuvo actividades de reinserción social hasta 2009, cuando comenzó su proceso de abandono. En 2005, siendo alcalde el socialista Francisco Vázquez, el Concello y el Estado acordaron que la reversión se haría a cambio de un pago y la cesión de una finca para la construcción de un centro de inserción social, que se levantó en las proximidades del viejo penal.
Pero tras las elecciones de 2011, el alcalde del PP Carlos Negreira defendió por la reversión gratuita y obtuvo un informe favorable del Consello Consultivo. El Gobierno local de Marea, constituido en 2015, mantuvo la misma línea. El asunto se judicializó, hasta que finalmente, en noviembre de 2020, una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) dio la razón a Siepse y estableció que el Concello debía pagar los 1,2 millones. La sentencia no se ha ejecutado, y el acuerdo entre Estado y Concello, de firmarse, vendría a dar carpetazo a las obligaciones municipales y al traspaso de la propiedad.
Sin uso y con deterioro
A falta de una solución definitiva, el edificio sigue deteriorándose. Desde 2009, solo ha sido utilizado puntualmente por Proxecto Cárcere en 2018, en un periodo de dos años en el que la propiedad se cedió temporalmente al Concello. En esa época se realizaron algunas reformas parciales, pero en febrero de 2019 el uso volvió a Siepse y el edificio estuvo más de dos años sin mantenimiento y sin vigilancia.
Según Siepse, solo en febrero pasado hubo dos fuegos y las fuerzas de seguridad expulsaron a veinte personas que habían accedido ilegalmente al interior. Por ello, y ante una petición del Concello, la empresa procedió a tapiar los accesos y a instalar seguridad. No lo había hecho antes porque, asegura, la firma del convenio se preveía inmediata y para “no asumir nuevos gastos” que serían reclamados al Ayuntamiento.
