La promotora inmobiliaria que pretende levantar 156 pisos en dos parcelas que le compró al Ministerio de Defensa en A Maestranza ha decidido de momento agilizar el proyecto en una de ellas, la más pequeña, situada entre la avenida del Metrosidero y la residencia militar, para la que ha presentado un estudio de detalle que este miércoles será aprobado en la Junta de Gobierno Local. En el otro terreno, el más próximo al Rectorado, no renuncia a edificar, pero emprenderá trámites, como el correspondiente estudio de detalle, cuando conozca el resultado de las exploraciones arqueológicas que ha realizado en el solar, que deberían determinar cuánto podrá construir. En la primera parcela, en forma de Z, estima que levantará 56 viviendas; en la segunda, con trazado en L, un centenar.
La empresa, Lipromo, había iniciado los trámites urbanísticos para ambas parcelas de manera conjunta, y el año pasado el Concello le dio la aprobación inicial al estudio de detalle, el documento que incluye las características básicas de la edificación. Pero el proyecto debía pasar por las manos de Patrimonio Cultural para que elaborase un informe sobre cómo podía afectar el proyecto a los bienes arqueológicos de la zona, que no llegó a emitir por falta de sondeos suficientes.
Según la propia promotora, el departamento autonómico pidió que se “finalizasen” las catas realizadas en 2016 que encontraron restos de las antiguas murallas en la finca en forma de L, pero sin que hubiese “ninguna observación” con respecto a la más cercana a la residencia militar. La versión encaja con la del Ayuntamiento, que afirma que esta parcela no tiene “afección” arqueológica. Las prospecciones empezaron en noviembre del año pasado y Patrimonio aún no ha comunicado su dictamen.
Debido a que las dos parcelas son “solares edificables independientes”, la promotora remitió al Concello en enero la solicitud de desistir del estudio de detalle conjunto y presentar uno “individualizado para cada una de las parcelas”. El de la parcela más pequeña empezó a tramitarse ya ese mes, y la Junta de Gobierno Local le dará ahora la aprobación inicial.
La propuesta de construcción en la finca mantiene la “ordenación de volúmenes”, que se había propuesto inicialmente: un edificio en forma de Z con cinco alturas además de la planta baja. Habrá un “reajuste” de la altura de la edificación para que se ajuste a la medianera con un edificio colindante, un bloque de pisos ya construido en forma de U, aunque no se especifica cuánto bajará. Fuentes municipales indican que el proyecto lleva a cabo un retranqueo de unos cuatro metros en relación a la finca de la residencia militar, para respetar la “servidumbre de usos y vistas”.
Permutas y menos volumen
En cuanto a la otra finca, Patrimonio había solicitado minimizar el impacto de las construcciones en el entorno, y eliminar uno de los edificios que se preveía en ella, en forma de cilindro. De acuerdo con el estudio de detalle original, los inmuebles se verían desde Oleiros, y para el departamento de la Xunta sería necesario apostar por una construcción “sencilla y discreta”.
El Gobierno gallego también decía que el proyecto inmobiliario no contaba con “la afectación sobre la percepción de la muralla y sobre el conjunto histórico que genera la edificación proyectada” y hablaba de liberar terreno en la finca.
La parcela afectada por la muralla permite una edificabilidad de 12.155 metros, casi el doble que la del proyecto que se está tramitando, y que se correspondería con un centenar de viviendas. Pero el Ayuntamiento planteó en 2021 retirar la mitad de la edificabilidad de la finca. Esta pasaría a ser municipal y los derechos de la empresa en la parcela se permutarían por otros terrenos situados en otra parte de la ciudad.
El Concello no quiere manifestarse en contra de “los derechos reconocidos de la constructora”, por lo que aceptó tramitar la licencia urbanística solicitada por Lipromo. Ello choca con la postura defendida por Marea, BNG y la edil no adscrita Isabel Faraldo, que defienden que las parcelas, junto con la tercera que tiene Defensa en la zona, deben volver gratuitamente al Concello, como ha aprobado el pleno varias veces.
El juzgado tendrá la última palabra sobre San Roque
La iniciativa de una parte de los propietarios del edificio número 13 de la avenida de San Roque de Fóra de elaborar un proyecto de demolición parcial del mismo que evite su desaparición fue calificada ayer de “positiva” por el Gobierno local, que considera que los afectados intentan “encontrar una salida al problema”. “Creemos que siempre es mejor la opción menos lesiva para los intereses de las personas”, afirmaron los responsables municipales sobre esta propuesta de los dueños de las viviendas y locales comerciales que fue adelantada por LA OPINIÓN y que plantea demoler solo 30 metros cuadrados del inmueble, en especial los vuelos de la fachada. “En cualquier caso serán los jueces los que determinen si esa propuesta es válida o no”, advierte sin embargo el Ejecutivo municipal, ya que, tras ser examinada por el Concello para comprobar si cumple la normativa urbanística, deberá ser remitida al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 el que decida si la admite como solución a la sentencia que ordena el derribo total del edificio. El proyecto encargado por los residentes prevé un coste de 80.000 euros para las demoliciones necesarias, que afectarán solo a ocho de las dieciséis viviendas existentes y a ninguno de los locales. El documento incluye además una justificación de que el inmueble solo ocupa el 70% de la parcela, según los afectados, y no la totalidad como afirma el Concello, lo que sirve de base para la orden de demolición.
