Dos días después de reclamar al Concello que le abonara los 5,4 millones de euros destinados por el Estado a compensarla por la caída de ingresos durante la pandemia, la Compañía de Tranvías le exigió el pago de otros 5,5 millones para recuperar el equilibrio de la concesión y por la disminución de ingresos sufrida por la bajada de las tarifas aplicada a comienzos de 2019, así como por la negativa a subirlas hasta los 1,39 euros por viaje ese mismo año. Sumando las dos cantidades, habría obtenido una subvención de 10.963.186,77 euros que supondría el 40% de los ingresos que calcula que habría conseguido en 2019 si la tarifa general hubiera sido de 1,39 euros.
El Gobierno local desestimó ambas peticiones al considerar que el equilibrio de la concesión debe analizarse teniendo en cuenta toda su duración, que es de 38 años, y que el conflicto sobre las tarifas está pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el mismo, tras la anulación de la rebaja realizada por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Tranvías, cuyas cuentas reflejan que en 2020 sufrió unas pérdidas de 2,7 millones, argumentó que la reclamación al Concello de los 5,5 millones era “complementaria” a la de la ayuda estatal y añadió que estaba motivada por “la situación excepcional ocasionada por la pandemia del COVID-19 en el año 2020”. La suma de ambas subvenciones sería 10.963.186,77 euros y equivaldría al 40% de los ingresos que la empresa habría obtenido ese año si el precio del billete fuera de 1,39 euros, al que calificó de “tarifa legítima” frente a los 1,20 euros que se cobran en la actualidad.
Según la concesionaria del transporte urbano coruñés, a la ayuda proporcionada por el Estado, que fue aprobada este miércoles por el Concello a pesar del reparo presentado por el interventor municipal al considerarla excesiva, “le faltarían los ingresos por tarifa asumidos por el Consistorio”, en referencia a la bonificación que aplica el Concello al bonobús y por la que Tranvías recibe además una subvención. Según el escrito que presentó el pasado 29 de diciembre, consideraba que tenía “derecho a un reequilibrio de los contratos de concesión por esta cuantía” y que el Concello “debe asumir la parte que le corresponde para el reequilibrio del contrato, con un 40% de los ingresos por tarifa a su cargo, es decir, un 40% de lo ingresado en 2019”, lo que cuantificó en 3.803.140,68€ euros.
La compañía explicó que su petición se efectuaba “en coherencia” con el decreto estatal que reguló las ayudas al transporte público a causa de la pandemia y con el objetivo “de equiparar las ayudas entre las distintos operadores del resto del país”.
Pero la exigencia de Tranvías no se quedó aquí, ya que también se extendió a los perjuicios que a su entender le produjo la decisión del Gobierno local de Marea Atlántica en diciembre de 2018, mediante la que aprobó una bajada de las tarifas, que entonces eran de 1,30 euros, hasta los 1,20. Ese precio empezó a aplicarse de forma “unilateral”, como remarcó la empresa, el 1 de febrero de 2019 y supuso el incumplimiento establecido para el cambio de las tarifas en el convenio suscrito en 1986 con el Concello.
La compañía no olvidó mencionar que el Superior de Galicia le dio la razón el pasado octubre al estimar el recurso que presentó contra la bajada de tarifas y de ello dedujo que “los ingresos de la compañía en 2019 hubieran sido mucho mayores de lo que finalmente se certificó para la obtención de las ayudas”, ya que consideró que si no se hubiera reducido en 10 céntimos el billete ordinario, habría obtenido 10.253.340 euros y no los 9.250.691 sobre los que se calculó la subvención estatal. De acuerdo con este argumento, indicó en su reclamación que tiene derecho a recibir 1.002.649 euros más que se sumarían a los 5,4 millones aportados por el Estado.
La reclamación de Tranvías continuó con los efectos negativos que a su juicio le produjo la negativa del Concello a subir las tarifas de 2019 hasta los 1,39 euros, precio que se deriva de la aplicación de la fórmula polinómica que figura en el contrato de la concesión y que tiene en cuenta el aumento de los costes y gastos de la empresa, por lo que entiende que es el que debería haberse cobrado ese año. Por esta razón, estimó que los ingresos durante ese ejercicio habrían sido de 10.963.180 euros y no los 9.250.691 que correspondieron a la tarifa de 1,20 euros, por lo que interpretó que tenía derecho a recibir 709.846,63 euros más.
Periodo corto
Al analizar la reclamación sobre la necesidad de recuperar el equilibrio de la concesión, el Concello respondió que el periodo en el que la actividad de Tranvías estuvo afectada por la pandemia fue corto en comparación con la duración de la concesión, que comenzó en 1986 y terminará en 2024. Por eso aseguró que la reducción del servicio por esta causa “no ha alterado sustancialmente la economía del contrato ocasionando su ruptura económica” y por lo tanto la empresa no tiene derecho a una compensación para restablecer el equilibrio económico de la concesión.
Para el Ayuntamiento, la pandemia y sus consecuencias “forman parte del riesgo y ventura de la concesión por sus especiales circunstancias en relación a su corta duración en relación al plazo total de la concesión y a los beneficios medios anuales que se obtienen con la explotación”.
En la reclamación formulada en diciembre al Concello de la ayuda estatal, solo dos días antes de la que planteó a la propia administración municipal, le exigía que se la abonase cuanto antes porque ya habían transcurrido cinco meses desde que el Gobierno central le transfirió los 5,4 millones, aunque finalmente se aprobó su concesión al cabo de once meses. La alcaldesa, Inés Rey, justificó ayer esa demora por la necesidad de recibir los informes necesarios para autorizar la entrega, que le fueron solicitados a Tranvías, aunque lo cierto es que la compañía los había proporcionado ya en diciembre.
