Las expropiaciones del castro de Elviña, realizadas por el Concello hace dos décadas, se pagaron a 11,73 euros por metro cuadrado, pero, después de las denuncias de los propietarios, un comité de expertos subió la valoración a 50 euros. El actual Gobierno local asumió que tendría que pagar unos doce millones por la diferencia de valoración y el pago de intereses, pero unos 40 propietarios, disconformes con el método de cálculo, lo llevaron al juzgado. De acuerdo con el abogado que los representa, Juan Manuel Santos Porto, “siete siguen sin resolver, pero el resto se han ganado todas” en los juzgados de lo Contencioso-administrativo.
La justificación de las demandas, señala Santos Porto, es una cuestión “compleja” que deriva de los intereses legales, pues los propietarios tienen derecho a que se les abonen réditos por el tiempo pasado desde que recibieron la primera, y artificialmente baja, compensación por la expropiación. Según explica el abogado, cuando se reconoció la deuda los intereses y la suma por la expropiación componen en conjunto una “deuda líquida” que puede generar intereses a su vez, una interpretación que no aplicó este Gobierno local cuando realizó cálculos acerca de cuánto debía pagar, pero que han desmontado los tribunales.
En dos sentencias a las que ha tenido acceso a este diario, que fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la suma adicional que tendría que pagar el Ayuntamiento equivalía a algo más del 14% del valor de las parcelas expropiadas, y a esto habría que añadir nuevos intereses que los jueces no calculan. Entre ambas casos, el Ayuntamiento tendrá que abonar unos 84.400 euros a mayores.
Según indica Porto, el Concello recurrió un total de cuatro sentencias ante el TSXG hasta el momento, si bien el Gobierno local no discute en ninguna de ellas que los propietarios no deban cobrar, sino quién debe pagarles.
De acuerdo con la postura municipal, parte de los intereses por la demora son responsabilidad del primer jurado de expropiación. El TSXG no ha aceptado esta interpretación, ya que considera que el Concello “no se ajustó al procedimiento establecido” en la ley, con lo que la demora es “imputable” al Ayuntamiento. El tribunal sí que ha reconocido que el pago de los intereses entre mayo de 2014 y julio de 2016 son achacables a los retrasos de la comisión de expertos que elevó el justiprecio a los 50 euros por metro cuadrado, por lo que deberá abonarlos el Instituto de España, que designó al presidente de este.
