La sociedad público-privada Cofides, que gestiona fondos del Estado, ha aprobado conceder un crédito de 15 millones de euros al grupo coruñés Sidecu, que gestiona una treintena de centros deportivos, entre ellos el de San Diego (a través de la marca Supera). El dinero procede de un fondo de recapitalización de empresas afectadas por el coronavirus, dotado con unos 1.000 millones de dinero público, que busca asegurar la “supervivencia económica” de las compañías respaldadas. De acuerdo con fuentes de Sidecu, no es seguro que se concrete la operación, ya que tendrá que pronunciarse sobre ello la junta de accionistas, que se convocará próximamente.
Según la propia Cofides, estos préstamos buscan ayudar a empresas de tamaño mediano (con ventas de entre diez y 400 millones de euros), que sean “viables a largo plazo” pero en las que “su sobrevivencia está afectada por los efectos de la pandemia”. En el caso de Sidecu, cerró 2021 con unas pérdidas de 8,7 millones de euros, un 14,5% más que en 2020. La financiación se extenderá por un máximo de ocho años, aunque se busca que la amortización se resuelva en cinco.
Si Sidecu acepta el préstamo participativo, Cofides, además de obtener cobrar intereses, ingresará una remuneración variable dependiente de los beneficios que obtenga el grupo empresarial coruñés. Las operaciones de la sociedad público-privada se analizan y estructuran de manera individual para cada empresa, y, en el caso de Sidecu, se ha contado con la asesoría financiera de Deloitte y la legal de Brosega Abogados.
Cofides también ha anunciado su disposición a conceder 2,5 millones de euros al grupo oleirense Inverdama de instalaciones eléctricas y servicios asociados.
Juicios contra el Concello
Sidecu mantiene tres frentes abiertos contra el Ayuntamiento relacionados con la gestión de San Diego, dos de ellos relacionados con el COVID. La empresa reclamó una compensación monetaria por las pérdidas derivadas de la pandemia que sufrió por la pandemia, que rechazó el Concello. La concesión acabó formalmente en mayo de 2020, aunque se ha prolongado mientras el Ayuntamiento prepara un nuevo contrato, por lo que Sidecu interpuso una demanda.
Según la empresa, el asunto sigue judicializado pero es independiente de este préstamo de 15 millones, y, aunque lo recibiera, mantendría la reclamación. Además, el grupo ha llevado al Concello a los tribunales para reclamarle unos 432.000 euros que, según la empresa, dejó de ganar por la decisión municipal de congelar los precios de las instalaciones de San Diego entre 2014 y 2020, cuando en los años anteriores se habían actualizado con el IPC.
