La Xunta cierra el próximo 15 de julio el plazo del plan Rexurbe, por el que propietarios de inmuebles deshabitados o en mal estado de las zonas de Pescadería, San Andrés, Panaderas, Orzán y Ciudad Vieja ofrecen estos edificios para su rehabilitación y posterior puesta a disposición de los ciudadanos como viviendas de alquiler social. Los interesados en presentar sus ofertas pueden hacerlo en los próximos 15 días. Tienen, además, el número de teléfono 981 957 965 a su disposición para resolver dudas.

El Ejecutivo autonómico dispone de un millón de euros, la mitad de lo que se reserva para toda Galicia, para adquirir inmuebles en A Coruña. De momento, ha comprado dos con el presupuesto de 2021. Uno por casi 400.000 euros en la calle Santa María, en la Ciudad Vieja, y otro en el número 88 de la calle San Andrés, por el que ha pagado 525.000 euros. Este edificio, que pertenecía a 22 propietarios, lleva abandonado más de quince años.

La reforma de este inmueble todavía no tiene plazos concretos. Desde la Xunta aseguran que quieren agilizarlo, pero dependen del tiempo que tarde la tramitación de las licencias de obra. Su intención es que la rehabilitación salga a concurso antes del final de este verano.

El Instituto Galego da Vivenda e Solo recibió cinco ofertas de propietarios de la zona, pero solo se han concretado dos. Ahora quedan otros 15 días para que los propietarios de estos mismos edificios o de otros presenten sus propuestas.

El delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, anima a los dueños de estos edificios en mal estado a participar en la convocatoria. Recuerda que el Gobierno gallego incluyó este año A Coruña en el plan Rexurbe —nació en 2017— con el fin de adquirir más inmuebles para rehabilitar y ofrecer a los coruñeses viviendas protegidas destinadas al alquiler social.

Trenor informó de que estos edificios, inscritos en el Registro de la propiedad, deben cumplir con requisitos como que permitan que futuras viviendas reúnan condiciones óptimas de habitabilidad, no se encuentren afectados por servidumbres y que el coste de rehabilitación no sea desproporcionado.