La Opinión de A Coruña

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La oposición rechaza la propuesta municipal de recuperar la cárcel pagando 2,3 millones

El Concello pide su apoyo para cerrar un acuerdo que ahorraría medio millón en intereses, pero los grupos apuestan por rebajas mayores y por que el Estado abone reparaciones

Interior de la antigua cárcel provincial, deteriorada e invadida por la maleza. | // CARLOS PARDELLAS

El Ayuntamiento y el Estado han negociado un acuerdo para que la antigua cárcel provincial de las cercanías de la Torre vuelva a la propiedad municipal a cambio de que el Concello pague 2,3 millones de euros, de los que cerca de la mitad se corresponden a los intereses. El portavoz municipal, José Manuel Lage, reclamó en el pleno de este mes “apoyo” del resto de grupos para “poder plasmar” el pacto, por el que, según el Gobierno local, el Estado renunciaría a cobrar medio millón de intereses acumulados. Pero PP, Marea y BNG rechazan la solución por considerarla injustamente gravosa para las arcas municipales.

Para el Partido Popular, el acuerdo supone “pagar por la cárcel dos veces” por un “convenio firmado por un gobierno socialista”. La parcela en la que se encuentra la cárcel fue originalmente municipal, y hace casi un siglo se cedió al Estado para usos penitenciarios. Cuando ocupaba el Gobierno local, el PP inició un procedimiento judicial para conseguir la reversión gratuita, pero el Supremo, basándose en un convenio firmado por el alcalde Francisco Vázquez en 2005, determinó que había que pagar.

Los populares consideran que “lo mínimo” es que al Ayuntamiento se le perdonen los intereses, con lo que habría que abonar solo el montante que figura en el convenio, esto es, 1,2 millones. También denuncian que, por el mismo acuerdo, se “regaló” la finca que ocupa el centro de inserción de Monte Alto.

Marea culpa también al convenio, una “mala decisión” , según su portavoz, María García, que señala que “es difícil considerar una buena noticia el pago de 2,3 millones de euros por un edificio que fue construido en terrenos municipales y que debió regresar al Concello cuando dejó de tener uso como prisión”.

El grupo, con un voto favorable a un modificativo de crédito, podría asegurar los fondos para cubrir los pagos que el Ayuntamiento quiere realizar al Estado este año—unos 814.000 euros—, pero afirma que solicitará más información sobre el acuerdo “antes de decidir nuestro posicionamiento definitivo al respecto”, si bien señala que la información publicada sobre las cláusulas monetarias del acuerdo “no invita al optimismo”.

García también considera que el Estado “lleva omitiendo más de una década” su responsabilidad de mantener el edificio, cerrado en 2009 y que acumula un importante grado de deterioro. Antes de abrir necesitaría una importante inversión, que nunca se ha determinado exactamente pero que el Gobierno local ha estimado en unos 30 millones de euros, por lo que la portavoz de Marea considera “preocupante” que no se haya hecho público qué administración asumirá este coste.

En cuanto al BNG, su portavoz municipal, Francisco Jorquera, es el único en señalar explícitamente que no apoyará en el pleno “ningún acuerdo que suponga un desembolso económico” para el Ayuntamiento. La quita le parece “insuficiente” y reclama una devolución gratuita, que considera posible si hay “voluntad política” por parte del Estado.

Jorquera recuerda que en diciembre de 2020 el pleno aprobó una moción para la “restitución gratuita” de la cárcel y para su “rehabilitación a cuenta del Estado”, al que considera “responsable” de la situación de deterioro que presenta. “El Gobierno local debería atenerse al contenido de esta moción”, afirma Jorquera.

Sentencia en contra

Pero desde el punto de vista del Gobierno municipal, la mejor vía para los intereses municipales es la firma del acuerdo, pues, en palabras del portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, tras la sentencia del Supremo en contra de la reversión gratuita “poco más hay que hacer”. El proceso judicial iniciado por el Partido Popular, señaló en el pleno ordinario de este mes, fue “respetable, entendible” y “había una base para hacerlo”, pero ha acabado poniendo al Concello ante un “pago mucho más oneroso”. De acuerdo con fuentes municipales, “si en lugar de llegar a un acuerdo fuésemos a una ejecución de sentencia estaríamos en este momento ya en unos tres millones de euros” que abonar al Estado.

Las negociaciones entre el Gobierno local y el central se llevaron en secreto, algo que han denunciado los grupos de la oposición. De acuerdo con documentación de la empresa pública gestora del inmueble, Siepse, que reveló este diario, en febrero del año pasado el Ayuntamiento pidió iniciar negociaciones extrajudiciales, y tres meses después se llegó a un “pleno acuerdo” que nunca se llegó a firmar. La alcaldesa, Inés Rey, señaló después de que trascendiese esta información que se seguían negociando los términos de la quita y los plazos, y el pasado viernes defendió que no había “ninguna novedad” de acuerdo definitivo.

Si se pretende cerrarlo este año, el Gobierno local precisa “poner recursos sobre la mesa”, en palabras de Lage, lo que probablemente implica cambiar el presupuesto municipal. Esta maniobra la podría paralizar la oposición si votase masivamente en contra, si bien ningún grupo se ha comprometido a un voto negativo. Mientras, la cárcel, que desde 2009 tan solo ha acogido usos puntuales y que no ha recibido reformas de calado, permanece con las entradas tapiadas desde hace meses, después de sufrir decenas de entradas ilegales y de que se produjesen fuegos en su interior.

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