Kiosco La Opinión de A Coruña

La Opinión de A Coruña

El acuerdo municipal para adquirir la cárcel por 2,3 millones omite quién la reparará

La alcaldesa señala que cuando se reciba la propiedad del Estado “ya hablaremos” de “si se rehabilitará” el edificio y de quién pagará las obras, cuyo coste se estima en unos 30 millones

Lateral de la cárcel de la Torre, con desperfectos y pintadas, algunas recientes. Víctor Echave

El acuerdo extrajudicial para que el Ayuntamiento recupere la antigua cárcel provincial a cambio de pagarle unos 2,3 millones de euros al Estado no explicita qué administración la rehabilitará, según la alcaldesa, Inés Rey. El pago de la obra, que el Gobierno local estimó en torno a los 30 millones de euros, “no está en el acuerdo” entre el Gobierno local y central, en palabras de la regidora, que señala que cuando este se firme y se traspase la propiedad “ya hablaremos” de “cómo se va a rehabilitar, si es que se va a rehabilitar, y con qué presupuesto, y cuánto cuesta”.

El edificio dejó de usarse como prisión hace dos décadas, aunque siguió acogiendo actividades de inserción social hasta 2009. Desde entonces solo ha tenido usos puntuales y el inmueble se ha ido deteriorando, por lo que las cifras de la reparación, señala Rey, serán “disparatadas”.

Sin embargo, no hay una cifra cerrada, y pueden ser tanto “28,5” millones o subir a los 36 “si hay otra crisis de suministros”. “El importe elevado sí va a ser por el estado en el que está, y rehabilitar todo ese edificio es muy costoso”, indicó la alcaldesa.

Marea y BNG han pedido que el Estado se haga cargo de las reparaciones, pues el edificio es actualmente propiedad de la empresa estatal Siepse, pero el Gobierno nunca ha declarado que fuese a asumir, o al menos a contribuir, a las obras de reforma.

Fuentes del Gobierno local indicaron a este diario en 2020 que los elevados costes hacían inasumible que el Ayuntamiento se hiciese cargo de la obra con cargo a sus propios fondos. Asumiendo que cueste 30 millones, supondría prácticamente un 10% del presupuesto de este año. Sin embargo, este no es el único escenario posible, ya que aunque el Estado no asuma parte de la carga como dentro del acuerdo, que todavía no ha sido firmado, el Concello todavía podría acudir a alguna convocatoria de proyectos estatales o europeos para financiar la obra.

Otro problema es la propia financiación del pago para adquirir la propiedad, pues los grupos de la oposición están en contra de abonar 2,3 millones. La cifra proviene de un convenio entre el Ayuntamiento y el Estado para recuperar la cárcel, situada en una finca originalmente municipal cedida en 1925, que se firmó en 2005 y contemplaba el pago de 1,2 millones. El Gobierno local del alcalde popular Carlos Negreira llevó el asunto a los tribunales, al interpretar que la devolución debería ser gratuita, línea que siguió Marea. Pero, en 2020, el Superior falló en contra del criterio municipal, y al pago original se fueron sumando intereses.

De acuerdo con fuentes municipales, cuando se negoció el acuerdo en mayo del año pasado —según reveló este diario—, la cifra se aproximaba a los 2,9 millones, por lo que se ha conseguido una rebaja de 600.000 euros. Anteriormente, las mismas fuentes habían señalado que la cifra era de 2,8 millones.

Financiación del acuerdo

Según una respuesta escrita al Partido Popular, este año se prevé abonar al Estado algo más de 800.000 euros. El portavoz municipal, José Manuel Lage, pidió en el pleno ordinario de este mes el “apoyo” del resto de grupos para movilizar los fondos, pues la modificación de los presupuestos de este año tendría que pasar por un pleno. Rey no aclaró ayer si se contemplaba un método para emplear fondos sin acudir a la Corporación Municipal; según afirmó, “cuando se firme el acuerdo ya se concretarán esos pagos”.

Pero las condiciones que han trascendido del documento no convencen a la oposición. Para el Partido Popular, supone “pagar por la cárcel dos veces”, y opinan que “lo mínimo” es que el Estado perdone todos los intereses. Marea considera que “es difícil considerar una buena noticia” el pago y atribuye al Gobierno central la “responsabilidad” de haber realizado reparaciones durante estos años, y el BNG pide tanto la devolución gratuita como la “rehabilitación a cuenta del Estado.

Rey criticó ayer estos posicionamientos, que relacionó con que “estamos en precampaña”. Según afirmó, desde el Gobierno local “hemos resuelto un problema heredado” de la manera “menos perjudicial posible” para el Ayuntamiento, consiguiendo una quita y que “no sigan incrementándose los intereses”. “Si nos fuésemos a una ejecución de sentencia estaríamos ceca de los tres millones” a pagar, defendió.

Usos sociales y económicos

El Gobierno local afirmó, respondiendo a una pregunta del PP, que busca dedicar las instalaciones de la cárcel a actividades destinadas a la ciudadanía, tanto culturales y educativas como deportivas, sociales o de ocio, pero que también contempla usos “turísticos” y “económicos”.

Una propuesta de aprovechamiento del espacio, encargada a cambio de 18.000 euros por el Concello a una consultoría, proponía como “uso principal” un polo de creación y gestión audiovisual para fomentar el “emprendimiento” en este sector, si bien también habría espacios reservados a la Memoria Histórica, actividades vecinales o la interpretación de la Torre, situada en las cercanías.

El inmueble permanece actualmente con las entradas tapiadas para poner freno a los actos de vandalismo y decenas de entradas ilegales que se produjeron en los últimos años. A consecuencia de ellas estallaron varios incendios.

Compartir el artículo

stats