El Gobierno local se comprometió a finales del año pasado a estudiar la regulación de las viviendas de uso turístico (VUT) a través de normas que complementasen el decreto regulador de 2017, de ámbito y competencia autonómicas. Lo avanzó en el marco de un pacto en materia de vivienda con el grupo municipal de Marea Atlántica, que alertaba entonces de que el aumento del precio de los alquileres de los pisos ofrecidos durante unos días a turistas y visitantes y la dispersión de la población de estas a otras zonas de la ciudad dificultaba el acceso a la vivienda. El Ejecutivo descarta ahora regular las VUT. La razón, que estos alojamientos “no suponen una amenaza para el sector turístico del municipio ya que no superan un tercio de las camas turísticas totales”.
El Concello deja en manos de la Xunta la regulación de las viviendas de uso turístico, que en la ciudad han aumentado un 22% en solo un año, de 534 a 653 desde agosto de 2021, según los datos actualizados del Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT). Ayuntamientos como Oleiros y Santiago, este el segundo con más VUT en Galicia por detrás de Sanxenxo, sí regulan en cambio estos pisos y, apoyados en normas urbanísticas, han prohibido su uso como actividad económica o impuesto sanciones a algunos propietarios.
El Gobierno gallego establece una regulación genérica de las VUT a través del decreto que tiene por objeto la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas (apartahoteles) y viviendas de uso turístico, que indica las distintas características que deben tener estos alojamientos, su tributación y el régimen sancionador. La norma señala que “los ayuntamientos podrán establecer limitaciones en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio o por sector”. A este aspecto aluden las fuentes municipales consultadas por este diario para conocer, tras los últimos datos recogidos en el REAT, los planes del Concello respecto a la regulación de las más de 650 VUT de la ciudad.
Estos datos “por ahora no suponen una amenaza para el sector turístico” , responde el Ayuntamiento. “A Coruña tiene más de 20.000 viviendas en régimen de alquiler y poco más de 600 en alquiler turístico. Seguimos la evolución de este tipo de pisos y estudiamos posibles medidas, pero de momento no consideramos que sea necesario regularlos más allá de lo que ya establece la normativa autonómica”, añaden las fuentes.
El gran acogida que en los últimos años han tenido en la ciudad las viviendas de uso turístico, generalmente utilizadas por visitantes para estancias vacacionales cortas en lugar de alojamientos más convencionales como hoteles, provocó hace cuatro meses que su oferta superase a la de los pisos de alquiler tradicional, del que se calcula que hay aproximadamente medio millar de viviendas disponibles en A Coruña. La asociación gallega Aviturga destaca que este verano las estancias en la ciudad son más largas que en años anteriores y defiende que su sector, con más de 650 VUT a día de hoy, no está saturado como para entrañar perjuicios para los ciudadanos.
Marea Atlántica recogió el año pasado las quejas de algunos vecinos para manifestarse en contra de los pisos de uso turístico. El grupo promovía intervenir en el mercado de alquiler poniendo a disposición de la ciudadanía una mayor oferta de carácter social. En diciembre, el Gobierno local y Marea acordaron destinar más de nueve millones de euros a políticas de vivienda pública y rehabilitación. Pactaron incrementar el capital social de la empresa municipal Emvsa para ampliar el parque de pisos.
También apuntaron a 2022 como año en el que analizar la posibilidad de regular estos alojamientos. La portavoz de Marea, María García, criticaba las VUT porque su implantación provocaba un aumento del precio del alquiler convencional en las zonas donde más proliferan, en las que, añadía, se expulsa a los vecinos. El Concello no precisó en qué aspectos sería posible una regulación del sector y ocho meses después concluye que, por el momento, no es necesario ordenar estos alojamientos más allá de lo que dispone la normativa autonómica.
