El Icomos, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es el organismo consultivo de la Unesco en España para asuntos relacionados con el patrimonio, tilda de “lamentable” el estado de abandono de la antigua prisión provincial en el informe que ha elaborado sobre la visita de uno de sus miembros a las instalaciones el pasado 23 de junio.
El Concello ya ha recibido este documento, en el que el Icomos demanda no solo a la administración local sino también a la Consellería de Cultura y a la propietaria del inmueble, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), que establezca “cuantas medidas ayuden a restablecer la conservación y ornato” de la antigua prisión, evitando, de este modo, “su afección” a la Torre de Hércules.
En esta comunicación con las administraciones, el Icomos reconoce que ha recibido “diversas alertas” por la situación en la que se encuentra la antigua prisión y que afecta al ámbito de la Torre de Hércules, que fue declarada patrimonio mundial el 27 de junio de 2009. Una de ellas, aunque no lo especifique en el texto, es la que formuló la asociación Proxecto Cárcere en agosto del año pasado y que ahora recibe respuesta.
“A pesar de ser un edificio catalogado con un elevado grado de protección, de disponer de interés histórico y de formar parte del ámbito de protección o zona de amortiguamiento de un bien Patrimonio Mundial [en referencia a la Torre], su actual situación de abandono resulta lamentable, con un fuerte impacto visual en el núcleo de la nominación”, explica en su informe el Icomos. El comité solicita “como parte interesada en el actual estado del edificio y por ende del ámbito en el que se sitúa, y en aras del interés común”, que se aplique la normativa que tutela el bien, y que se establezcan “cuantas medidas ayuden a restablecer la conservación y ornato” de la antigua prisión provincial. El informe apunta al artículo 46 de la Constitución española, que obliga a todos los poderes públicos a garantizar la conservación y a promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, sea cual sea su régimen jurídico y su titularidad.
La antigua prisión provincial está, según recuerda el Icomos en su informe, y a pesar de su actual estado, sujeto “al deber de conservación y mantenimiento en correcto estado de seguridad, solidez y ornamento, sin riesgo para sus usuarios, para la ciudadanía que sobre su entorno circula, así como para el propio edificio”.
La realidad es que el edificio está sumido en un estado de abandono total, ya que, durante años, no se han realizado inversiones para evitar su deterioro, incluso, durante meses, el inmueble careció de vigilancia, por lo que se produjeron innumerables allanamientos y actos vandálicos. Tanto es así que Proxecto Cárcere llegó a decir que el estado del edificio era “apocalíptico”.
Y es que, además de los desperfectos que se pueden reconocer a simple vista, como la vegetación incontrolada, los cristales rotos o los incendios que afectaron a las instalaciones, hay otros daños internos, como los grafitis que ensombrecen el mural que realizaron los internos en los años ochenta y que borra la memoria de los presos que estuvieron en la cárcel de la Torre.
El edificio estuvo inmerso en una batalla judicial en la que el Concello se negaba a pagar por recuperar la titularidad del inmueble, ya que había perdido sus usos penitenciarios, y el Estado defendía que el Ayuntamiento tenía que abonarle 1,2 millones de euros si quería hacerse con el edificio. Finalmente, los tribunales dieron la razón al Estado, así que, ambas instituciones iniciaron una negociación para que la antigua prisión provincial pasase a manos municipales. En mayo de 2021 las dos partes llegaron a un acuerdo —sin firmar todavía— por el que la Siepse recibiría 2,3 millones de euros, de los cuales 1,1 millones son por intereses y el Concello recibiría el edificio. El Estado aceptó una rebaja de medio millón de euros para desprenderse de la cárcel, que necesita una inversión millonaria para su rehabilitación. Por ahora, no se ha realizado ningún pago ni se ha firmado el convenio que regula este acuerdo.
Un informe realizado por el Gobierno local estimaba en 30 millones de euros el coste aproximado de reformar el edificio para ponerlo al servicio de la ciudadanía con usos sociales y culturales.
