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La Opinión de A Coruña

El plan de protección de la Torre se demora al quedar excluida la única aspirante a redactarlo

La empresa presentó una propuesta de ordenación urbanística que no se le exigía, porque esta se debe elaborar tras la evaluación ambiental | La tramitación de la normativa para preservar el entorno del faro arrancó en 2013

Pie de foto para la fotografía de Faro. | // FDV

El Plan Especial de la Torre de Hércules acumula un nuevo retraso. Esta vez, por problemas en la licitación. La única empresa aspirante a redactar la norma, cuya tramitación arrancó en 2013 pero cuyo concurso no se ha convocado hasta el mandato actual, ha sido eliminada del proceso por fallos e imprecisiones en la documentación aportada en la fase de licitación del contrato de asistencia técnica. La candidata no consiguió la puntuación mínima para continuar con la adjudicación, entre otras cosas, porque aportó una propuesta de ordenación urbanística que no se le exigía, ya que debe realizarse tras la evaluación ambiental, según consta en la evaluación técnica de su propuesta, que ayer analizó la mesa de contratación del Concello.

Este proyecto tiene como objetivo garantizar la preservación del entorno del faro tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad, que se hizo oficial en 2009, para que no se construya en la zona más próxima, en especial en el Agra de San Amaro, unos terrenos por los que los propietarios acudieron a los juzgados ya que el Concello les impidió edificar ahí tras las firmas de los acuerdos de 1993 y 2006. La justicia les dio la razón y las sentencias reconocieron su derecho a ser indemnizados por el Ayuntamiento.

Este plan especial, según el PGOM, establecerá “las condiciones de los usos y edificaciones previstos en el ámbito”. Pero, por ahora, la única aspirante a redactarlo ha quedado fuera del proceso. Es la UTE Freire, Vázquez Arquitectos y ITH Ingeniería. En la memoria técnica debía incluir una aproximación analítica de las necesidades de reordenación urbanística y de los usos del suelo del ámbito del Plan Especial. Además, el licitador tiene que tener en cuenta la moción del BNG aprobada por el pleno en febrero de 2016 sobre la necesaria modificación del PGOM para evitar la especulación urbanística en el entorno de la Torre.

En su lugar, la empresa presentó una propuesta de ordenación que no debería elaborarse hasta más adelante, con la evaluación ambiental. Para ello será necesario “la recogida de información, el análisis y el diagnóstico de la problemática existente, el establecimiento de los objetivos a alcanzar, la presentación de varias alternativas de ordenación para su evaluación y la selección de la mejor alternativa”. Algo que, de momento, no se ha hecho. El servicio de Planeamiento del Concello, en su informe de valoración, defiende que esta situación desvirtúa el proceso porque “el hecho de tener una propuesta de ordenación puede dar lugar a un dudoso procedimiento de evaluación ambiental que puede adaptar los resultados del análisis y el diagnóstico al propuesto previamente sin considerar otras alternativas”. El servicio de Planeamiento concluye, además, que la propuesta de ordenación “no es resultado de un estudio y análisis pormenorizado del entorno”. Incluso señala que “el contenido documental presentado no justifica tal propuesta”.

Pero este no fue el único fallo que encontró el Concello. En el estudio económico-financiero y jurídico, la empresa “hace un análisis sobre los efectos que se producirían de eliminar o reducir el aprovechamiento urbanístico”. El licitador concluye que “los costes adicionales generados deberán repercutir en el Concello o a través de una transferencia de aprovechamientos lucrativos a otras áreas de reparto”. Para compensarlos, propone fuentes de financiamiento a través de fondos públicos y privados.

El servicio de Planeamiento indica que esto no es lo que pedía, sino que se trataba de “hacer una aproximación a las consecuencias jurídicas y económico-financieras derivadas de las posibles propuesta de ordenación”. La empresa tampoco hace referencia “a las reclamaciones patrimoniales por alternación del planeamiento y ocupación anticipada del suelo”.

Por último, la UTE tenía que presentar un análisis de la integración paisajística y protección del patrimonio cultural. Los encargados de puntuar la propuesta señalan que esta es “muy breve” y utiliza criterios de integración paisajística “sin explicar la estrategia empleada para llegar a su formulación”. “No se puede asegurar con la documentación aportada y en este momento del procedimiento que la ordenación propuesta no tiene efectos significativos sobre le borde litoral, los espacios libres y el patrimonio cultural”, argumenta el Ayuntamiento.

Por ello, la empresa recibió una puntuación menor de la exigida para continuar con el proceso de licitación. Sumó 20 puntos y necesitaba 24,5 para optar a la redacción de un plan especial que tendrá que esperar. En octubre de 2020 anunció que trabajaba en los pliegos y el pasado abril sacó a licitación el contrato, aunque ahora el proceso ha encallado.

La Unesco exige medidas para conservar la antigua prisión y evitar “su afección” al faro

El Icomos, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es el organismo consultivo de la Unesco en España para asuntos relacionados con el patrimonio, exige a través de un informe que el Concello, la Consellería de Cultura y la propietaria de la antigua cárcel provincial, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), establezcan “cuantas medidas ayuden a restablecer la conservación y ornato” de la prisión, evitando, de este modo, “su afección” a la Torre de Hércules. El penal, situado frente a la Torre, y dentro del ámbito de protección del monumento, se encuentra deteriorado por un abandono que el Icomos define como “lamentable”. Un miembro del organismo de la Unesco visitó las instalaciones en junio tras recibir “diversas alertas” por el mal estado de la antigua cárcel provincial, como las de Proxecto Cárcere, que lleva meses demandando actuaciones para evitar el deterioro del edificio. La asociación nació en 2010 para cuidar el espacio y darle un nuevo uso —durante meses fue un espacio cultural—, pidió amparo al organismo tras “el silencio de la Siepse, propietaria del edificio, Concello y Patrimonio”. Desde Proxecto Cárcere constatan el mal estado de las dependencias. “El interior del edificio está completamente destrozado y absolutamente lleno de grafitis en las galerías”, lamentan. Durante muchos años, no se han realizado inversiones para mejorar el estado de la prisión y hubo meses en los que se prescindió de la vigilancia, por lo que se produjeron allanamientos.

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