Los pensionistas coruñeses cobraron, de media, 1.202 euros en diciembre de 2020, y en el mismo mes del año siguiente la cifra subió a 1.230, un incremento del 2,3%. Pero, en el mismo periodo, la inflación fue del 6,5%. Pese a que el Estado destinó unos 1.900 millones de euros para compensar la pérdida de poder adquisitivo con la famosa paguilla, que se abonó en enero de este año, las agrupaciones de jubilados consideran que este tipo de compensaciones son demasiado poco frecuentes: la cesta de la compra les va subiendo mes a mes.
Para el administrador del Grupo de Pensionistas de Cigarreiras e Tabaqueiros, Juan José Lojo, sería deseable una revisión de la actual “solución a 365 días”. “Derivar en el tiempo perjudica”, considera Lojo, jubilado él mismo, que recuerda que hay pensionistas que están, con el dinero que perciben, “atendiendo situaciones familiares o a trabajadores en paro. Las revisiones deberían ser por lo menos trimestrales”.
Es el sentir generalizado entre las secciones de mayores ligadas a los sindicatos coruñeses. El secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas del sindicato UGT en la comarca de A Coruña, Manuel Santiso, señala que con la actual inflación “pierdes poder adquisitivo día a día; se ha calculado que el que pierden los pensionistas equivale a 1.300 euros al año”.
Para Santiso, “ojalá fuera posible actualizar mes a mes, sería maravilloso”, pero en la actual situación considera que es “inviable”, por lo que se conformaría con la opción más “factible” de hacer revisiones trimestrales. Reclama, por lo menos, que se hagan actualizaciones más frecuentes para las cuantías mínimas. “Necesitarían un adelantamiento o paga extraordinaria; hay muchas familias que no llegan a fin de mes”.
La paguilla, recuerda Santiso, se ha modificado con la nueva reforma de las pensiones, y se hará un cálculo de noviembre a noviembre: “va a ser una prioridad total y absoluta no perder el poder adquisitivo, tanto en el presente como en el futuro. Si las pensiones no van a subir lo que sube el IPC, es insoportable: si no se va al IPC real, nos tendrán enfrente”.
El portavoz del colectivo de jubilados y pensionistas de la CIG en la comarca de A Coruña, Victorino Ares, considera que el sistema de compensación es una “trampa, total y absoluta”, puesto que no cuenta el incremento del IPC a lo largo del periodo, sino que se realiza a través de una media de la inflación mensual. “Con esta media anual sales perdiendo”, defiende Ares, “y el mecanismo no compensa el incremento de la inflación”.
Considera que este año se van a quedar tres, cuatro puntos por el camino”, es decir, que la inflación será un 3 o 4% superior a la paga que se abone a los jubilados. Además, cree que “no costaría tanto hacer revalorizaciones mensuales: este es un país de pensiones muy bajas y la gente lo pasa mal”.
La secretaria general de la agrupación de pensionistas y jubilados de Comisiones Obreras en la comarca, Julia Lago, confía en que este diciembre “se abonará la diferencia” entre el incremento del IPC y las subidas establecidas por el Gobierno (del 2,5% para las pensiones contributivas y del 3% para las no contributivas). Si esto no se lleva a cabo, indica, “habrá que reclamarlo”. Pero también considera que “lo mejor” sería una actualización mensual.
Lago también considera que la inflación, aunque influida por la revalorización de las materias primas y los problemas derivados de la guerra, se produce “básicamente por los beneficios empresariales excesivos” de las grandes compañías, que se obtienen “a costa de las partes más débiles: los pensionistas, mayores, vulnerables”. Al tiempo, considera que a las pymes se las está cargando a contribuciones más que a las grandes empresas.
Una reforma criticada
Desde este año se tomarán como base para regular la pensión de cotización los últimos 25 años trabajados por los nuevos jubilados, cogiendo los últimos 300 meses trabajados y dividiéndolos entre 350. La cifra se ha ido incrementando de manera muy importante en las últimas décadas: hasta 1985 el cálculo se hacía solo en base a los dos últimos años.
Como los años con más remuneración tienden a situarse al final de la vida laboral, las sucesivas ampliaciones del sistema de cálculo han ido recortando las sumas que se perciban, según denuncia Victorino Ares.
“Todas las medidas son tendentes a reducir la cuantía de la pensión”, denuncia el portavoz del colectivo de jubilados ligado a la CIG “y ahora se habla de subirlo a 30 o 35 años”. Ares señala que en su colectivo “llevamos desde antes de la pandemia pidiendo la derogación de las reformas de las pensiones, no una reforma nueva como se está intentando ahora”. Entre sus exigencias está que la pensión mínima se equipare al 60% de la media.
El portavoz promete movilizaciones y una “batalla campal” para que no se rebaje el poder adquisitivo de las pensiones, cuyos fondos, señala, deben salir de los Presupuestos Generales del Estado. “España debe ser el único país del mundo en el que está en un bolsillo aparte”.
Santiso, por su parte, señala que “no sabemos cómo se va a plantar la modificación” del sistema de pensiones, pero creemos que no va a mejorar, por el contrario, van a aumentar los años de cotización”. Además, denuncia que el acuerdo para asegurar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo “no está garantizado para el futuro” y reclama blindarlo con una ley orgánica. “Si no, estaremos con la espada de Damocles encima”.
Necesidad de servicios
También consideran positivo desvincular los fondos de la Seguridad Social desde el Grupo de Pensionistas de Cigarreiras e Tabaqueiros, según indica Lojo, que añade que se está “queriendo enfrentar a trabajadores con pensionistas” con frases como “yo cobro menos que un jubilado”. Pese a que se pueden dar casos en los que sea así, la media de salarios es superior a la de pensiones. Y entre los mayores, señala Lojo, son más frecuentes gastos ineludibles como gafas y audífonos, “que no están subvencionados”.
Ares señala que la campaña de movilizaciones en la que participará el colectivo de jubilados ligado a la CIG de A Coruña tendrá objetivos “más amplios que las pensiones”, e incluirá pedir la mejora de servicios como centros de día, residencias o programas de ayuda en el hogar.
Lago coincide en que “es importante el tema de servicios sociales, como la sanidad pública, la atención a la dependencia, la vivienda… son cuestiones que ayudan a que nuestra vida sea mejor”. Desde el colectivo vinculado a Comisiones Obreras apuestan por exigir que se mejoren los servicios públicos y se muestran en contra de privatizar: “es gravísimo que las residencias están privatizadas al 70%”. Para Lago, las corporaciones municipales tienen una capacidad “amplia” para aminorar los efectos de la inflación sobre los mayores a través de los servicios sociales.
