La crisis de la concesionaria de las bibliotecas municipales externalizadas, LTM Servicios Bibliotecarios, que se retrasó al abonar la nómina extra de junio a sus trabajadores y, de acuerdo con el comité de empresa, tendrá dificultades para pagar los salarios de octubre, ha obligado a replantearse un modelo de gestión mixta que lleva en funcionamiento tres décadas. Según fuentes de los empleados el Ayuntamiento y la empresa negocian un nuevo contrato de urgencia para sustituir al actual (el Concello ha rechazado responder a este diario sobre el asunto). El Gobierno local también estudia una posible remunicipalización, un objetivo intentado sin éxito por Marea.
Los orígenes del modelo mixto
La red de Bibliotecas Municipales de A Coruña, uno de los proyectos culturales estrella del alcalde Francisco Vázquez, empezó a gestarse a principios de los años 90, con la apertura de los centros de Sagrada Familia y Durán Loriga en 1991. Se optó por contratar a empresas para llevar parte de los centros.
En la actualidad, seis centros tienen gestión externa, agrupada en única concesionaria: son los del Ágora, Fórum, Sagrada Familia, Rosales, Infantil y Juvenil y el punto de servicio bibliotecario del centro cívico de Mesoiro, a los que hay que sumar los servicios centrales. LTM Servicios Bibliotecarios tienen aproximadamente unos 75 empleados entre todos los servicios.
Proyecto de remunicipalización
La concesión ha pasado por empresas especializadas en servicios para la administración, como Eulen, que la ocupaba al inicio del Gobierno local de Marea con un contrato que expiraba en noviembre de 2016. El Ayuntamiento anunció ese año su proyecto para remunicipalizarlas; de acuerdo con el entonces alcalde, Xulio Ferreiro, constituían un “servicio esencial” y la gestión directa permitiría ahorrar más de medio millón al año.
Sin contratación directa
El primer plan era que los algo más de 60 empleados entonces en activo pasasen a ser trabajadores directos del Ayuntamiento, pero el Gobierno local se encontró conque no era posible legalmente. Una disposición de los Presupuestos del Estado de 2017 impedía convertir en empleados públicos a los de una empresa concesionaria de la Administración una vez que se acabase el contrato, incluso si se debe a un rescate del mismo.
Así, Marea exploró una fórmula alternativa: que los trabajadores ingresasen en la plantilla de la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa), utilizada por el Ayuntamiento para realizarle encargos que se encontrarían con más trabas legales si la administración los realizase directamente. Los trabajadores de Eulen se irían integrando paulatinamente en Emvsa; según el entonces concejal de Cultura, José Manuel Sande, así no habría “sobresaltos”.
Reparos y bloqueo de la oposición
Pero en 2019 el PP y el PSOE votaron en contra de la modificación de los estatutos de Emvsa, condición necesaria para cumplir el plan municipal, mientras que el BNG se abstuvo. Los grupos justificaron su voto en la oposición a la fórmula del secretario municipal y en los reparos del interventor y del asesor jurídico de la empresa pública, mientras que Sande les acusó de “intereses partidistas”.
Ese mismo mes se firmó lo que pretendía ser un “contrato puente” con LTM Servicios Bibliotecarios que supuestamente daría tiempo a “resolver las controversias jurídicas”. Pero el mecanismo explorado por Marea fue rechazado por el actual Gobierno local: tras ganar las elecciones, el PSOE dio carpetazo.
Bajada del contrato y conato de huelga
El nuevo contrato con LTM Servicios Bibliotecarios se firmó por 1,3 millones de euros anuales, cuando el de Eulen, que lo predecía en varios años, establecía que el monto serían 2,3 millones de euros al año. Muy pronto empezaron los problemas con el pago de las nóminas, y el comité de empresa anunció una huelga el 20 de mayo.
El contrato se licitó de nuevo en 2019, con una pequeña mejora económica. Pero fuentes del comité de empresa denuncian que era un acuerdo “muy precario”, que iba “a la baja” e incluía condiciones “de difícil cumplimiento”.
Impago en junio y huelga
Este año, la empresa comunicó a los trabajadores que pasaba por dificultades económicas, y dejó de pagar la nómina extra del mes de junio. El comité de empresa convocó una huelga, que se siguió de manera discontinua y a la que el Concello impuso servicios mínimos.
Los trabajadores protestaron en la plaza de María Pita, acudieron al pleno y recibieron el apoyo de la oposición, al tiempo que el Concello amenazaba a la concesionaria con sanciones y tanteaba fórmulas como pagar directamente las nóminas. LTM Servicios Bibliotecarios acabó pagando, pero, como desveló este diario, exploró con el Ayuntamiento rescindir el contrato ya antes de agosto.
Futura crisis en octubre
La semana pasada, según los trabajadores, la empresa pidió acelerar un nuevo contrato de urgencia, ya que espera dificultades para pagar las nóminas en octubre. El Concello rehusa desvelar si está preparando un nuevo contrato. El portavoz municipal, José Manuel Lage, anunció en julio que se encargaría un informe para explorar el futuro de la red y una posible remunicipalización, pero según la alcaidesa, Inés Rey, todavía se está trabajando en este.
