Propietarios de Penamoa, que recibieron estos terrenos como intercambio por las expropiaciones efectuadas para la ampliación del paseo marítimo, reclaman al Concello el pago de esos terrenos que nunca llegaron a urbanizarse, a pesar de ser la mayor reserva de viviendas de la ciudad: el plan general permite levantar ahí más de 5.000 pisos. El convenio entre Ayuntamiento y propietarios se firmó en 2002, por lo que llevan más 20 años a la espera de recibir la compensación por las expropiaciones.
Afectados por esta situación presentaron demandas contra el Concello que el Tribunal Superior de Justicia estimó. Sin embargo, todavía hay acuerdos sin solucionar. Hay casos en los que los dueños de parcelas pidieron que se les pagase por la totalidad de su terreno y no solo por la parte expropiada. El Ayuntamiento aceptó pero, al ser acuerdos privados, no fijaban plazos para su resolución.
La situación ha cambiado por la modificación en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que entró en vigor en octubre de 2016, y que recoge que “todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administración Pública o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes” que no tuvieran determinado un plazo de vigencia deberán modificarse y adoptar un nuevo “plazo de cuatro años”.
Teniendo en cuenta la suspensión de plazos por el COVID, los dueños de los terrenos de Penamoa entienden que el convenio debe entenderse incumplido y, por tanto, impagada la ocupación de los terrenos a partir de diciembre de 2020.
Los propietarios afectados presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación por silencio administrativo —es decir, sin respuesta— de la reclamación ya presentada en noviembre de 2021 frente al Concello por incumplimiento de aquel convenio firmado en 2002. La Junta de Gobierno Local aprobó ayer el personamiento del Ayuntamiento en este asunto.
Expropiaciones
Hace 20 años, el Gobierno local, con el socialista Francisco Vázquez como alcalde, concluyó el proyecto de expropiaciones para ampliar el paseo marítimo, que entonces terminaba en el Millennium. Desde ahí hasta Bens se tuvieron que liberar aproximadamente 400.000 metros cuadrados a lo largo de la costa. Un total de 40 parcelas se vieron afectadas por esta obra.
Se tramitaron expedientes de ocupación directa, una técnica urbanística que permite la obtención por la Administración de terrenos privados que el planeamiento urbanístico califica como suelo dotacional público. Así, la Administración adjudica al propietario, en un futuro proyecto de reparcelación, unos terrenos de valor equivalente al que es ocupado y, además, le paga una indemnización por el tiempo que media entre la efectiva ocupación del bien y la adjudicación de los nuevos terrenos en el proyecto de reparcelación. Esa es la teoría.
En el caso del paseo marítimo, algunos dueños de terrenos expropiados recibieron a cambio la posibilidad de edificar en el polígono SUD de Penamoa, la mayor bolsa de vivienda contemplada en el PGOM, pero que está limitada por la zona de afección de la refinería impuesta por la Xunta. Suma más de un millón de metros cuadrados de suelo urbanizable, adyacente a la avenida de Finisterre, y el PGOM contempla la construcción de unas 5.256 viviendas, con bloques de pisos de hasta ocho plantas; aunque las características de las edificaciones estarán condicionadas por la inclusión de estos terrenos en el área de afección de la refinería. Este proyecto urbanístico lleva años paralizado y, de momento, nada se ha construido en esa zona.
