Nueve días antes del comienzo del confinamiento domiciliario de la población motivado por la pandemia del coronavirus, el pleno del Concello de A Coruña rechazó la modificación del plan general impulsada por el Gobierno local socialista que permitiría la construcción del parque del Agra do Orzán. Dos años y medio después, el cambio urbanístico imprescindible para la realización de ese proyecto, en el barrio más densamente poblado de la ciudad, continúa paralizado. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, admitió este jueves que su departamento todavía no mantuvo contactos con el resto de grupos políticos de la Corporación con el fin de conseguir su respaldo a esta iniciativa.
Marea Atlántica y BNG, las formaciones que permitieron la elección de Inés Rey como alcaldesa y que mantienen un pacto de gobernabilidad con los socialistas, optaron en 2020 por oponerse al cambio urbanístico propuesto al asumir las demandas de la asociación de vecinos Agra do Orzán, que reclama que todos los terrenos incluidos en este polígono se conviertan en una zona verde.
La asociación de vecinos destacó que aunque todo el parque del Agra fuese zona verde, su extensión sería reducida en comparación con otras de la ciudad y que de los 13.508 metros cuadrados destinados ahora a este fin, una gran parte no es aprovechable por sus fuertes pendientes.
La iniciativa municipal preveía que en este lugar se levantasen 14 edificios con diferentes alturas, de los que los que tendrían ocho plantas y se ubicarían con fachada a la calle Gregorio Hernández serían los más elevados. Marea Atlántica había elaborado en 2019, poco antes de concluir su mandato en el Gobierno local, un proyecto en el que figuraban 13 edificaciones, de las que dos alcanzarían las 8 plantas de altura, pero abandonó este planteamiento para defender la construcción de una gran zona verde. El Ejecutivo socialista desestimó la propuesta vecinal de expropiar todos los terrenos en manos de propietarios privados para crear el parque del Agra porque implicaría la inversión de 15 millones de euros, según manifestó en aquel pleno.
Díaz Gallego recordó este jueves que el Concello está obligado a cambiar la ordenación urbanística de este polígono a causa de una sentencia judicial, ya que el Tribunal Supremo dió en 2016 la razón al empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián y ordenó la modificación del plan general en relación con esta actuación, que entonces tenía una superficie de 31.715 metros cuadrados y debe quedar ahora en 28.552, lo que implica una reducción de 3.163 metros cuadrados.
El objetivo del cambio es recalificar esa última superficie, incluida en la parcela que ocupó la desaparecida residencia de las Adoratrices, como suelo urbano consolidado, lo que hará posible la construcción de viviendas. Una vez obtenido el fallo judicial favorable, Rodríguez Cebrián presentó luego una solicitud de licencia para construir, pero el Concello la rechazó porque antes de poder tramitarla debe modificarse el plan general.
La sentencia implica también que el espacio libre del polígono se reducirá en 2.846 metros cuadrados y quedará en 13.508, así como que la superficie para los viales disminuirá pasará de 4.706 a 2.875 metros cuadrados y la de los equipamientos de 2.605 a 2.085 metros cuadrados. La nueva ordenación dará además protección patrimonial al Observatorio Meteorológico y las escalinatas para el acceso al mismo desde Gregorio Hernández.
El cambio urbanístico de la ría, “inviable” en este mandato
La principal iniciativa urbanística del Gobierno local socialista quedará sin concluir en este mandato, según reconoció este jueves el concejal Francisco Díaz Gallego, para quien la tramitación del cambio del plan general referente al litoral de la ría entre la playa de Oza y el puente de A Pasaxe hace “inviable” su aprobación definitiva antes de las próximas elecciones municipales.
El responsable de Urbanismo recordó que la nueva ordenación propuesta ya fue sometida al trámite ambiental por parte de la Xunta y que el Gobierno local trabaja en la actualidad en la documentación necesaria para conseguir la aprobación inicial de la modificación. También en este caso los socialistas precisan de la colaboración de otros grupos para aprobar el cambio, aunque Marea Atlántica ya expresó su rechazo a la edificabilidad prevista en el proyecto municipal, que reduce de 633 a 241 el número de viviendas que hasta ahora autoriza el plan genera.
Pero Marea ve insuficiente esta rebaja, especialmente en la parcela que ocupaban los Astilleros Valiña, ya que aún podrán construirse 56 viviendas en un espacio en el que este grupo estima que causarán “un enorme impacto visual y paisajístico”, por lo que se opone a que se autorice esa ordenación.
