El coruñés Diego Bello murió abatido por la policía filipina el 8 de enero de 2020. Los agentes lo acusaron de ser un traficante de droga, pero, tras varios informes que apuntaban a un montaje, el juez ordenó el 25 de marzo detener a tres de ellos para ser juzgados por asesinato y manipulación de pruebas. Siguen libres.
¿Dónde están?
Localizados, pero la policía, entendemos que por cuestiones políticas, no quiere detenerlos. Primero les concedieron un permiso retribuido, si bien ahora se les ha retirado y no acuden a su puesto.
Siguen haciendo vida normal, la gente los ve... La Policía Nacional filipina y no quiere acatar la orden.
Ese es el cuerpo al que pertenecen, pero existe hay otro, el NBI, que emitió un informe en el que se basan en parte las actuaciones contra ellos. ¿Puede actuar?
Eso es lo que hemos solicitado al juzgado, que se proceda por parte del NBI. Pero en Filipinas ha habido un cambio de presidente [el 30 de junio, cuando entró Ferdinand Marcos por Rodrigo Duterte], y el director del NBI es un cargo político que también se ha cambiado.
El anterior presidente, Rodrigo Duterte, promovió una guerra contra las drogas plagada de ejecuciones extrajudiciales que no se persiguieron. ¿Se puede esperar que el nuevo Gobierno sea más favorable?
Entendemos que sí. El embajador español le puso otra vez sobre la mesa este asunto. Se transmitió buena voluntad, pero estamos estancados.
¿Qué pasa si hay voluntad de detener a los acusados pero alguien le da el aviso para que huyan?
También hemos solicitado al juzgado que se emita una orden de detención internacional, para evitar que puedan salir del país, y si están fuera sean detenidos.
¿Estas dilaciones podrían hacer que el caso caduque, prescriba?
No, no lo va a hacer. Hemos pedido también que el procedimiento se traslade a Manila [la capital del país] y con ello evitar las posibles presiones que pueda tener el juez de la circunscripción. Los policías son muy conocidos allí. En ese país la policía manda más que los jueces, y son los agentes los que dan la órdenes a estos. Lo que pretendemos es que desde el Ministerio del Interior obliguen a ejecutar la orden de detención. Si los acusados no tienen nada que ocultar, no hay mejor defensa que ponerse ante los tribunales y esclarecer lo que pasó.
¿Este tribunal de Manila sería especial u ordinario?
Hemos pedido que sea la Corte General, equivalente al Supremo, por la trascendencia del caso, la repercusión internacional y, sobre todo, porque los tres acusados son policías .
¿Son los únicos responsables?
Se han recabado pruebas sobre estas personas. No se puede saber más hasta que no se les interrogue. Si ponen sobre la mesa a alguien más, se les investigará.
¿Y se puede presionar a los cargos políticos o policiales?
Estamos intentando investigar quién es el que no está ejecutando las órdenes. Es un país con corrupción muy elevada, pero ahora hay mecanismos para utilizar estas peonas, como localizar sus móviles. Continúan utilizando sus redes sociales. No hay voluntad de detenerlos.
¿Cómo ayuda la embajada?
Desde el cambio de cónsul en septiembre pasado ha habido un giro radical: la familia y abogados le estamos muy agradecidos al nuevo, Javier, que nos está ayudando en todo y es nuestro interlocutor allí.
Los informes apuntan a que a Diego lo ejecutaron. ¿Hay pruebas para condenar a los policías?
Ellos no han aportado nada nuevo, solo se reafirman en el primer escrito de medio folio que escribieron tras la muerte de Diego. Si hubiese ocurrido como dijeron, aportarían todo tipo de documentación... Entendemos que no tienen nada que ofrecer, y posiblemente callen sobre algún superior policial o político.
Hay testigos desfavorables a los acusados que viven en Filipinas. ¿Puede haber presiones sobre ellos?
No hemos tenido constancia. Sabemos que el NBI los tiene, entre comillas, vigilados para que no les ocurra nada. Y su testimonio ya figura en los informes. Además hay pruebas como grabaciones que, entendemos, son más que evidentes.
¿Por qué está siendo el NBI más favorable a resolver este caso?
Hay presiones de la diplomacia española, y es un organismo independiente de la Policía Nacional, semejante al FBI, y quiere mostrarle al mundo que Filipinas quiere cambiar la situación de corrupción.
Si el asunto se alarga en Filipinas, ¿puede juzgarse fuera?
Valoramos traerlo a la Audiencia Nacional si esto se sigue dilatando. Habría que pedir extradición.
