La irregularidad en la que se encuentra el aparcamiento municipal de Vioño, situado en la avenida de Arteixo y cuyo concesionario adeuda al Concello el canon desde la apertura de la instalación en el año 2008, es solo una más de las que se producen en este tipo de equipamientos. En la actualidad son siete los estacionamientos públicos de propiedad municipal los que desarrollan su actividad en desacuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de las concesiones, dando lugar en algunos casos a situaciones complejas desde el punto de vista jurídico. Al de Vioño se suman en esta situación los de Salgado Torres, Monte Alto y las plazas de Galicia, María Pita, San Cristóbal y Maestro Mateo.
Este problema afecta no solo a este tipo de concesiones, sino a otras otorgadas por el Concello en diferentes actividades, lo que impulsó al Gobierno local en junio del año pasado a anunciar la creación de un servicio municipal dedicado a analizar el estado en el que se encuentran estos contratos. Una vez efectuado ese estudio, se pretendía unificar los criterios mediante los que se licitan las concesiones con el fin de evitar las importantes diferencias que existen hoy en día entre las de una misma actividad. Este diario solicitó ayer información sobre la labor desarrollada por el Concello en este campo durante el último año, pero hasta el momento no obtuvo respuesta.
El aparcamiento de la plaza de Luís Seoane, en el polígono de Elviña, es el último que se encontraba en una situación anómala y que ha sido regularizado. La concesionaria que lo explotaba quebró en 2015 y dejó de efectuar su mantenimiento, lo que derivó en la aparición de importantes deficiencias. El año pasado se procedió a anular el contrato y se realizaron obras para garantizar la seguridad de los usuarios. Posteriormente, el Concello adjudicó su gestión a la Empresa Municipal de Vivenda, Servizos e Actividades (Emvsa), que también se encarga de la explotación de los de Matogrande, Sagrada Familia, As Conchiñas y Oncológico-Materno.
El aparcamiento de Salgado Torres fue inaugurado en 1999 y dispone de 355 plazas de cesión permanente y 63 en rotación. El Banco Sabadell solicitó el año pasado al Concello asumir su gestión debido a que la concesionaria, Cupabi, no pagó la hipoteca que había contratado, pero el Gobierno local le reclamó que antes de hacerlo le abonase la deuda que la empresa tenía por el impago del canon, que en 2016 llegaba a los 235.000 euros.
El Sabadell había adquirido la titularidad del 89,05% de las plazas, mientras que el resto siguen en manos de Cupabi. El objetivo de la entidad financiera era traspasar la gestión del estacionamiento a la empresa Ipark, pero un año más tarde, no aparece en la relación de instalaciones explotadas por esa compañía.
El aparcamiento de Monte Alto, situado en el sótano del mercado municipal, también dejó de pagar el canon al Concello, en este caso entre 1993 y 2002, lo que generó una deuda de 205.000 euros. Las obras realizadas en el mercado en 2006 obligaron a suprimir siete plazas del parking, por lo que el concesionario reclamó una indemnización de 300.000 euros que el Concello rechazó conceder. La concesión concluyó en 2019 y, aunque el contrato hacía posible la prórroga, el Gobierno local de Marea Atlántica se opuso y defendió que fuese gestionado por Emvsa. El concesionario solicitó en los tribunales seguir al frente de la instalación, pero su petición fue desestimada.
El aparcamiento será remodelado durante las obras de reforma del mercado y la plaza existente en la parte superior del recinto con el fin de mejorar su accesibilidad. Cuando concluyan los trabajos se tomará una decisión sobre su futuro, que podría pasar finalmente por su integración en el grupo de los que son explotados por Emvsa.
El caso más enrevesado entre los que afectan a los aparcamientos municipales es de los de las plazas de Galicia, Maestro Mateo, San Cristóbal y María Pita. Los cuatro fueron adjudicados en 1985 a la empresa Aparcamientos Reo hasta 2034, aunque en 1990 transfirió la gestión de cada uno de ellos a una compañía diferente, aunque manteniendo la titularidad de la concesión.
Pero posteriormente esta sociedad desapareció sin dejar rastro, hasta el punto de que los técnicos municipales tuvieron que consultar los registros oficiales y hacer averiguaciones para comprobar si seguía manteniendo actividad. Una vez constatado ese hecho, el Gobierno local de Marea Atlántica decidió en enero de 2019 anular los contratos de las cuatro concesiones, que suman 1.127 plazas de aparcamiento.
A partir de ahí se planteó la posibilidad de que el Concello se hiciese con la gestión de las instalaciones a través de Emvsa, pero esa iniciativa supondría tener que indemnizar a las empresas que desarrollan esa labor, por lo que el Ejecutivo de Marea desistió en aquel momento de esa opción. El actual equipo de gobierno no ha tomado hasta ahora ninguna decisión en torno a estos cuatro parkings, cuya antigüedad hace que sufran importantes problemas de accesibilidad, como carencia de ascensores para permitir el acceso de personas con problemas de movilidad.
