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Crisis y pensiones de alimentos: bajan los impagos en A Coruña, pero suben las peticiones para reducir su importe

Las demandas a los progenitores deudores se demoran “meses” por la “saturación” de los juzgados

Documentos sobre la mesa de un juzgado coruñés. | // Carlos Pardellas

En la provincia de A Coruña se iniciaron 286 procesos por impago de pensiones de alimentos por parte de los progenitores en 2021, de acuerdo con la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia. Si bien es un incremento del 43% en relación al año 2020, en el que la actividad judicial estuvo parcialmente paralizada, la cifra sigue siendo inferior a las de la prepandemia: en 2018 y 2019 hubo 309 y 324 casos, respectivamente. Pero según señala la abogada Pilar Cortizo, especialista en derecho de familia y socia fundadora del despacho coruñés Torres Díaz, en los despachos de la ciudad se están empezando a registrar “consultas recurrentes” de padres “pidiendo consejo porque se veían con dificultades” para pagar.

Bajan los impagos de pensiones a hijos, pero suben las peticiones para reducir su importe

Cortizo, con cerca de cuatro décadas de experiencia profesional y que este año coordinó las Jornadas de Derecho de Familia del Colegio de Abogados, explica que el aumento se “empezó a notar antes de las vacaciones”, en los meses de junio y julio, y que también acuden progenitoras que veían que el padre de sus hijos se estaba retrasando.

La abogada vincula este fenómeno, que se ve “en mayor medida que antes”, con la crisis económica, que empieza a notarse tras dos años de pandemia. “Es algo que vienen arrastrando, muchos han tirado de ahorros o ayudas de familiares, pero llega un momento en que no pueden más”, explica. También hay “empresarios en situación comprometida” o parados que agotan la prestación. Y la inflación es otro problema. A algunos padres, explica Cortizo, tienen dificultades para cumplir su obligación de mantener a los hijos “simplemente, como consecuencia del mayor coste de la vida”, que les dificulta cubrir pensiones “cuya cuantía se fijó en otro escenario económico y laboral”.

Según recuerda la abogada, el pago de las pensiones de alimentos es una obligación legal, que puede llevar a consecuencias penales. Si alguien no puede pagarla porque sus circunstancias han variado debe reclamar la rebaja ante el juzgado correspondiente, que, atendiendo a las circunstancias, puede disminuirla o incluso suspenderla temporalmente.

El progenitor que corre con la crianza de los niños día a día y necesita los aportes de su excónyuge tiene dos opciones. Una es reclamar el pago por la vía civil, y el juzgado procederá a embargar las cuentas y propiedades del deudor. Pero aunque este procedimiento “debería ser rápido, ejecutivo, debido a la saturación de los juzgados en la práctica puede demorarse meses”, indica Cortizo.

La otra opción es acudir a la vía penal, iniciando un procedimiento de abandono de familia, para lo que el progenitor deudor debe de haber dejado de abonar cuatro mensualidades (o dos si son no consecutivas). Es un medio más duro para la persona obligada a pagar, ya que, si es declarada culpable, puede acabar en prisión y, con la nueva Ley de Infancia, una pena accesoria que le impida tener comunicación con sus hijos. Según explica Cortizo, muchas de las reclamaciones no llegan a este punto, sino que se solucionan con el “acuerdo” y la negociación. En 2021 se iniciaron 65 procedimientos de este tipo en toda la provincia, la cifra más baja de los últimos años. En 2020 hubo 94, mientras que en 2019 se llegó a 151.

Mejor con custodia compartida

El siguiente delito más frecuente en los juzgados coruñeses, de entre los relacionados con la familia, es el del quebrantamiento de deberes de custodia. Según indica Cortizo, se trata de casos de menores o personas discapacitadas que están “bajo el cuidado de terceras personas de manera temporal, por ejemplo, los abuelos o los tíos “. Si se niegan a hacerlo, incurren en este delito. Hubo 51 casos en 2021, y también es la cifra más baja de los últimos años: en 2018 fueron 116 casos, en 2019 se bajó a 96 y en 2020 se contabilizaron 110.

Cortizo explica que en este supuesto no están incluidos los casos de progenitores divorciados o separados en los que el que no tiene la custodia “decide no reintegrar al menor tras la finalización de las visitas o estancias con él”.

En este supuesto el juez cifra multas coercitivas o puede modificar el régimen de visitas, y, en último término, se le puede aplicar al padre reincidente el delito de resistencia a la autoridad si el incumplimiento es “reiterado y obstinado”. Sin embargo, la abogada señala que “este tipo de situaciones es menos frecuente en supuestos de custodia compartida”. Esta, según recuerda Cortizo, es preferible para los hijos. “El Tribunal Supremo ha dicho que la custodia compartida es el mejor régimen”, el que más se asemeja a la situación anterior. “Cada vez hay más custodias compartidas y cultura de la coparentalidad”, valora.

Un delito algo más infrecuente es el de la sustracción de menores, que se da cuando un progenitor, “generalmente el que tiene concedida la guarda o custodia, los cambia de domicilio” e intenta “entorpecer” su relación con el otro. Según señala, ha tenido casos en los que un padre se fue “moviendo de ciudad en ciudad” para esquivar las citaciones del juzgado, y a veces un progenitor se lleva a los niños fuera del país. En 2021 se registraron una docena de delitos en la provincia, una cifra similar a la de años anteriores. Ese año se contaron también siete casos de abandono de niños, dos en los que se indujo a menores de edad a dejar su domicilio, uno de matrimonio ilegal y otro de alteración de paternidad.

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