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Los que mataron a Diego Bello: 6 meses en fuga, 20 impunes

La orden de detención contra los policías filipinos que abatieron al joven coruñés en enero de 2020 cumple medio año sin ejecutarse

Concentración de familiares y allegados de Diego Bello en Madrid el pasado martes, día en que la familia se reunió con el cónsul de Filipinas. | // LA OPINIÓN

El 8 de enero de 2020 el empresario coruñés asentado en Filipinas Diego Bello Lafuente, que entonces tenía 32 años, volvía a su domicilio cuando fue abatido a tiros por un grupo de agentes de la Policía Nacional filipina en una operación por su supuesta participación en el tráfico de drogas, una circunstancia que su familia siempre ha negado. Las sombras de la actuación policial han sido resaltadas por órganos estatales filipinos independientes de la Policía, y el juez ordenó el pasado 25 de marzo arrestar a tres de los agentes como sospechosos de asesinato y manipulación de pruebas. Seis meses más tarde, 20 tras la muerte, la orden sigue sin ejecutarse.

La versión policial

La Policía defendió en su atestado que Diego Bello era un traficante de drogas, y que durante la operación que le costó la vida intentó vender cocaína a un agente de paisano. Cuando intentaron detenerlo, según afirmaron los policías, el joven sacó una pistola y abrió fuego, por lo que tuvieron que dispararle. Declararon que le encontraron encima estupefacientes y el arma que habría utilizado.

La primera negación

La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, un órgano público pero independiente, emitió un informe el 11 de agosto de 2021 en el que cuestionaba la versión policial. Según señalaba, no habría pruebas de que portase el arma, y los testigos que escucharon la confrontación describieron una secuencia diferente a la de los agentes. El número de heridas de bala, seis, les hacía sospechar que no había habido “proporcionalidad” en la actuación, y el informe calificaba la muerte de “ejecución sumaria”.

La acusación

La Fiscalía filipina consideró el pasado mes de febrero que los tres policías debían afrontar cargos por asesinato y falsificación de pruebas (acusaciones que en la ley del país asiático pueden conllevar la pena de muerte, aunque no podría aplicarse, al estar suspendida desde hace años). Rechazó acusarlos también de perjurio. El juez emitió una orden de detención el 25 de marzo.

Sin detención

De acuerdo con la representación legal de la familia de Bello, los agentes recibieron un permiso para dejar sus puestos, si bien este quedó extinguido y actualmente son prófugos. Nunca han sido capturados, pese a que fuentes filipinas conocidas por la familia indican que siguen residiendo en la zona. Los abogados de la familia, que consideran que tienen protección de cargos policiales o políticos, han reclamado una orden de detención internacional y que el caso se traslade a la Corte General del país para evitar presiones sobre los jueces.

Cambio de Gobierno

La muerte de Bello se produjo durante la presidencia de Rodrigo Duterte, conocido por iniciar una guerra contra la droga que, según denuncian organizaciones en favor de los derechos humanos, ha amparado miles de ejecuciones extrajuiciales. Este junio fue sustituido por Ferdinand Marcos Jr., hijo del exdictador del mismo nombre. Los abogados de la familia esperan que sea más favorable a la investigación, pero admiten que “estamos estancados”.

Reunión con el cónsul

La familia de Bello se reunió esta semana en Madrid con el cónsul de Filipinas, Eric P. Valenzuela, que prometió intensificar la presión gubernamental en el caso. Esto se une a las presiones de la diplomacia española que, indica la familia, llevan realizándose desde hace años.

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