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El sector pesquero reclama apoyo ciudadano contra la prohibición de faenar en 87 zonas

Advierte del riesgo de pérdida de la soberanía alimentaria en la pesca por la dependencia de las importaciones | Destaca que las trabas que se imponen a esta actividad dificultan el relevo generacional de sus plantillas

Pescado listo para la subasta en las instalaciones de la Lonja coruñesa. La Opinión

Las graves consecuencias que vaticinan para la actividad pesquera las empresas de este sector con la entrada en vigor del cierre por la Unión Europea de 87 zonas marítimas del Atlántico noroccidental hace que reclamen a la ciudadanía “apoyo para que no desaparezca de Galicia algo tan arraigado entre nosotros como es la pesca y la cultura marinera”.

También advierten los empresarios, que estiman que la medida perjudicará a entre 60 y 70 embarcaciones en A Coruña, del riesgo que supone esta decisión de Bruselas en relación con la soberanía alimentaria europea, ya que los países de la UE se verán obligados a recurrir a importaciones de productos procedentes de otras naciones, así como para el relevo generacional de los profesionales del sector, ante las continuas dificultades que surgen para el desarrollo de esta actividad.

Lonja de La Coruña —empresa que agrupa a armadores, exportadores y subastadores de pescado— alerta de que el 9 de octubre una parte de la flota afectada deberá “paralizar su actividad pesquera por falta de viabilidad” y que la falta de caladeros “originará graves conflictos en la mar” por la disputa de los restantes. También considera que habrá “menos pescado para los consumidores finales” y que se producirá “una pérdida de parte de la soberanía alimentaria que tanta importancia ha tenido durante estos convulsos años de pandemia y con la reciente guerra en Ucrania”.

Una de las entidades que integran la Lonja, la asociación de armadores Pescagalicia-Arpega-O Barco, señala sobre ese conflicto bélico que “ha demostrado lo importante que es tener materias primas y productos de sectores primarios que permitan nutrir adecuadamente a las población” y añade que el cierre de caladeros hará que el abastecimiento de pescado dependa “de los barcos rusos y otros países de fuera de la UE”.

La Lonja menciona además que en sus instalaciones se comercializaron el año pasado casi 30.000 toneladas de productos pesqueros por más de 64 millones de euros y que su actividad afecta a más de 10.000 trabajadores en la ciudad de A Coruña, así como a empresas vinculadas a la pesca como talleres, varaderos, distribuidoras de suministros o transportistas, por lo que el impacto del cierre de caladeros será notable. Para la Lonja, la medida pone en peligro “multitud de puestos de trabajo de los pescadores y de sus empresas, de sus familias, en definitiva, de toda la comunidad pesquera española y europea”.

Normativas disparatadas

Pescagalicia-Arpega-O Barco estima por su parte que quienes se verán más perjudicados serán los pescadores y sus familias, de quienes dice que “sufrirán directamente las consecuencias de normativas tan disparatadas como esta”. “Y luego se preguntan desde la UE y desde su Política Pesquera Común porque no hay relevo generacional... ¿quién se atreve?”, afirma este colectivo de armadores.

La Lonja califica de “difícil de comprender” que el reglamento elaborado por la Unión Europea para regular la pesca en aguas profundas “afecte finalmente a los buques pesqueros y a las especies de las pesquerías demersales”, las situadas cerca del fondo del mar, que no deberían estar incluidas en esta regulación.

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El Ministerio de Pesca prevé solicitar a la Unión Europea la anulación de la norma pero no una moratoria

La secretaria general de Pesca, Alicia Villauriz, manifestó ayer que existe una “alta probabilidad” de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación solicite la suspensión de la normativa que impone el cierre de 87 zonas de pesca, aunque siempre y cuando antes se haya formulado un recurso en contra, como principio de salvaguarda. De momento, y pese a la presión creciente del sector pesquero, desde Madrid no se ha formulado todavía esa iniciativa.

“Es imprescindible que lo presente un Estado miembro, independientemente del que vayamos a remitir nosotros u otras administraciones”, valoraron fuentes próximas a la patronal Cepesca. También arrecia la presión política, y por muchos flancos. “Espero que se presente el recurso, que se anuncie cuanto antes y el Gobierno de España disponga de todos nosotros para hacer más fuerza ante las instituciones europeas”, incidió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. “Estamos escandalizados ante esta decisión”, compartió la eurodiputada nacionalista Ana Miranda en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo.

Pero Villauriz descartó ya sin embargo reclamar una moratoria para la entrada en vigor de la normativa porque considera que “no es factible, no está contemplada, cabe plantearla pero la Comisión la va a desoír”. “No todos los barcos de pesca que se pueden ver afectados están pescando dentro de los polígonos, ni siquiera próximos a él”, afirmó la secretaria general, quien estima que “inmediatamente va a haber impacto pero va a ser reducido” y que hay “tiempo para poder esperar” al nuevo dictamen sobre el estado de los caladeros

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