El voto a favor del Partido Popular hizo posible ayer la aprobación en la comisión de Urbanismo de la propuesta del Gobierno local para la modificación de la norma sobre equipamientos del plan general. Marea Atlántica y BNG decidieron abstenerse sobre esta iniciativa, con la que los socialistas pretenden reducir los trámites necesarios para poner en marcha proyectos públicos y privados.
Este cambio de la normativa urbanística fue intentado ya por el Ejecutivo municipal a finales de 2020, pero la falta de los apoyos necesarios para su aprobación le hizo desistir de presentarlo. Posteriormente, el PP expresó su voluntad de respaldar esa modificación ante las peticiones que le efectuaron en ese sentido propietarios de centros educativos y sanitarios de la ciudad, lo que animó al PSOE a ponerla en marcha.
A pesar del visto bueno de la comisión informativa, se desconoce si finalmente será incluida en el pleno municipal que se celebrará el jueves de la próxima semana para su aprobación inicial, que si finalmente se produce, daría paso a un periodo de exposición pública durante el que se podrían presentar alegaciones.
Los colegios de las Esclavas y Eirís, el hospital San Rafael, el centro Padre Rubinos y la Universidade da Coruña figuran entre los que se consideran perjudicados por la actual norma sobre equipamientos del plan general y que defienden su modificación. El concejal de Urbanismo, Francisco Díaz Gallego, explicó a este periódico que el cambio que propone su departamento reduciría “en ocho o nueve meses” el plazo que ahora tardan en tramitarse los proyectos de obras en instalaciones de ese tipo.
Cambio de volumen
Díaz indicó que la exigencia actual de la realización de un estudio de detalle cuando el proyecto implique un cambio de volumen de la edificación supone un “escollo” para muchos propietarios de equipamientos, por lo que reclaman que no sea imprescindible ese trámite, que incluye la exposición pública de la iniciativa para la presentación de alegaciones. El concejal aclaró además que algunas actuaciones seguirán requiriendo de ese estudio cuando impliquen cambios estéticos o sean de mayor complejidad, aunque aseguró que estos casos serán “minoritarios”.
Esta iniciativa afectará además a equipamientos concretos de la ciudad para los habrá un plazo de dos años en el que no se concederán licencias urbanísticas mientras se tramita el cambio. Entre ellos se encuentra la parcela de A Maestranza propiedad del Ministerio en la que la casi segura presencia de restos arqueológicos paralizó su venta, a la que el Concello pretende con este cambio del plan general convertir en espacio libre y tasa en 3,1 millones de euros, aunque además de la expropiación o permuta, se prevé que pueda ser cedida de forma gratuita.
También figura la antigua sede de Telefónica en San Andrés, que pasará a ser un equipamiento público y se valora en 1,46 millones ante la posibilidad de que sea adquirido por el Concello. Aunque para el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) no habrá suspensión de licencias, se mantiene la previsión de cambiar su calificación a equipamiento cultural privado que se había incluido en 2020 con el fin de evitar que su propietario, Naturgy, lo dedique a otros fines o lo venda.
Marea exige saber si el Gobierno local reclamó a Albada la devolución de 9 millones
La advertencia realizada por el interventor municipal sobre un posible perjuicio a las arcas del Concello lleva a Marea Atlántica a exigir al Gobierno local que informe si reclamó a Albada, concesionaria de la planta de residuos de Nostián, el pago de más de 9 millones de euros que cobró de forma irregular, según determinó una sentencia judicial. Marea recuerda que la empresa percibió durante siete años cantidades por tratar los residuos no reciclables, a pesar de que su contrato ya incluía esta actividad, ya que el Gobierno local socialista lo aprobó en 2011.
El interventor señala en su informe que espera desde hace ocho meses que le informen sobre si se inició el trámite para reclamar el pago de esa cantidad, lo que para la portavoz de Marea, María García, supone una “inédita dejadez” y revela “los preocupantes problemas de gestión que afectan al área de Medio Ambiente”. Destaca que está a punto de terminar “un mandato perdido para Nostián” porque la planta lleva más de tres años funcionando con la concesión caducada porque el Gobierno local descartó el pliego de condiciones para licitar el nuevo contrato.
