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La Xunta descarta sancionar a la Fundación Piñeiro Pose y trabaja en su regularización

La entidad, gerente de la Casa Escariz, lleva al menos cuatro años sin presentar cuentas, y el BNG pregunta si se intervendrá judicialmente, pero está “poniendo al día” su documentación

Casa Escariz, que gestiona la Fundación Manuel Piñeiro Pose. | // VÍCTOR ECHAVE

La Fundación Manuel Piñeiro Pose, gestora de la Casa Escariz, lleva al menos cuatro años sin presentar sus cuentas a la Xunta, como está obligada a hacer cada ejercicio. La diputada del BNG Mercedes Queixas ha preguntado al Gobierno gallego si contempla la posibilidad de sancionarla o si ha pedido la intervención judicial de la entidad, pero fuentes de la Xunta confirman a este diario que están trabajando con la entidad para regularizar su situación, y que descartan posibles sanciones dado que “la normativa no contempla esta posibilidad”.

De acuerdo con fuentes de la Consellería de Política Social, el Gobierno gallego “está en contacto con la Fundación para poner al día sus estatutos, patronato, apoderamiento y cuentas de los ejercicios anteriores”. Según indican, se está siguiendo el “procedimiento habitual” en estos casos, que pasa primero por “revisar los borradores y, posteriormente, formalizar los documentos”.

La versión de la Xunta concuerda con la de la propia Fundación Manuel Piñeiro Pose, que gestiona el legado del filántropo del mismo nombre y afirma que dedica las rentas de la Casa Escariz, dos edificios de fachada conjunta ubicados entre Payo Gómez, Teresa Herrera y la plaza de Pontevedra, a ayudar a entidades sociales de la ciudad como la Cocina Económica, Padre Rubinos o Cáritas. Su abogado, Alfredo Losada, indica que están en contacto con la Xunta para la “modernización y regularización de actuaciones” de la entidad.

La ley 12/2006 establece que el Gobierno gallego es el responsable de controlar las fundaciones de interés de la comunidad, como la de la Fundación que gestiona el legado de Piñeiro Pose, y que estas deben enviarle sus cuentas todos los años o quedar excluidas de toda ayuda o subvención de la Xunta. Si no las presentan durante dos años consecutivos, como es el caso, la ley indica que el Gobierno gallego “tiene que solicitar de la autoridad judicial que ordene la intervención temporal”.

Sin embargo, Losada señala que la ley también establece que el primer paso antes de la intervención judicial es solicitar a los gestores de la entidad que corrijan las irregularidades, algo que, confirman ambas partes, ya está en marcha.

Si los patrones de la fundación (actualmente el abad de la Colegiata y los párrocos de Santa Lucía y San Nicolás, que también son los albaceas del testamento de Piñeiro Pose) no atendieran esta reclamación y las irregularidades persistieran, la Xunta puede pedir al juez que le permita asumir las funciones legales que desempeñan estos y gestionar la fundación. Eso sí, siempre de manera temporal.

Reclamación del Concello

Piñeiro Pose, fallecido en 1940, dejó las rentas de la Casa Escariz para ayudar a los enfermos del Hospital Municipal, una institución sanitaria que desapareció en 1986. Su testamento recomienda que si los edificios se venden sea al Concello, siempre en beneficio del hospital. Esta cláusula es fuente de una divergencia entre el Ayuntamiento y los albaceas que actualmente está en los tribunales. El actual Gobierno local entiende que lo habilita a hacerse con la propiedad del inmueble, abonando una suma de unos 172.000 euros que ya ha depositado en el juzgado hace casi un año.

Pero los albaceas consideran que la voluntad del filántropo no fue legarle el edificio al Concello, sino ayudar a los enfermos del hospital, que el Ayuntamiento no es heredero de este y que la mejor forma de cumplir el testamento es dar las rentas, que rondan los 40.000 euros mensuales, a otras entidades benéficas de la ciudad. También interpretan que, por otra cláusula del testamento, el Ayuntamiento perdería todo derecho al legado por haber iniciado una intervención judicial.

La Fundación está preparando una “rehabilitación integral” del edificio, que, por sus características arquitectónicas, históricas y urbanísticas, tiene el segundo nivel de protección más alto que contempla la legislación gallega. También estudia ampliar el número de patronos (que ha caído con el tiempo debido a renuncias) para incorporar a tres miembros laicos.

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