Jacqueline de Guía es la directora ejecutiva y portavoz de la Comisión de Derechos Humanos de Filipinas, una agencia creada por la constitución del país asiático que investiga las violaciones de derechos civiles y políticos. La institución lleva años trabajando por la resolución del crimen de Diego Bello, el joven coruñés abatido ante su casa por la policía filipina en enero de 2020. La entrevista se realizó por cuestionario.
¿Qué dudas existen acerca e la versión policial de la muerte, que dice que le dieron el alto durante una operación de tráfico de drogas y Bello empezó a disparar?
Las declaraciones de los tres agentes implicados afirman que Diego sacó una pistola de su riñonera y disparó contra ellos al darse cuenta de que eran policías. Nos parece dudoso por tres motivos. El vídeo de La Santa [un bar que pertenecía a Bello, del que salió poco antes de ser abatido] lo muestra saliendo sin portar nada, y sin riñonera. Cómo llegó esta a su cintura [los policías declararon que la intervinieron tras el tiroteo] tendría que investigarse. Un par de testigos que vivían cerca escucharon los disparos, pero no advertencias de la policía hacia Diego. Y su novia le escuchó abrir la puerta de bambú de la casa que compartían, disparos y chispas fuera, y la voz de Diego diciendo “Ahhh”. Pero no gritos de advertencia hacia él.
La policía afirma que actuó en legítima defensa.
Esto conlleva la admisión de la autoría del crimen, y la carga de probar que fue en defensa propia recae en los policías. Según el protocolo de la Policía Nacional Filipina, los agentes solo pueden emplear la fuerza necesaria para sobrepasar la resistencia del criminal. Pero el numero de heridas de bala, ocho, y su localización (cabeza, pecho, abdomen, glúteos, mano, pie, costado) y el número de policías que utilizaron sus armas contra él da a entender que se las infligieron deliberadamente, y que hubo un uso excesivo de la fuerza, como determinó la Corte Suprema de Filipinas en el caso Rivera contra el Pueblo. En resumen, las sentencias de la Corte Suprema y los procedimientos de operación de la Policía Nacional apuntan a que hubo arbitrariedad en la manera en la que se mató a Diego.
¿Qué se ha hecho para intentar conseguir justicia en su caso?
La Comisión ya declaró el 31 de julio de 2020 que había habido una violación de derechos humanos sobe la vida de Diego Bello. Le enviamos la documentación del caso al NBI [un departamento semejante al FBI norteamericano] para que recogiesen pruebas y realizasen la acusación criminal, y a la oficina del diputado Ombudsman para las acciones administrativas procedentes contra el equipo policial, capitaneado por el capitán Wise Vicente Panuelos.
Se emitió una orden de detención sobre los tres policías acusados hace seis meses, y siguen libres.
En julio escribimos a la Policía Nacional de Butuan, al director regional y provincial y al jefe del cuerpo. Nos respondieron que han emitido la orden de arresto pero que no habían encontrado a los acusados en su domicilio. Nuestra oficina regional realizó un seguimiento en agosto, y la Policía dice que siguen sin ser arrestados y no han podido ser encontrados. Nos aseguraron que han abierto un proceso administrativo contra los agentes por ausentarse sin permiso de su puesto, tras nuestra petición para implementar el arresto.
¿Qué está haciendo el NBI?
El 31 de agosto le escribimos para pedir que ayudasen en la localización de los policías acusados. Aún no hemos recibido respuesta, pero ya hemos enviado otra carta para insistir. Queremos asegurarnos de que este caso se resuelva, y seguimos insistiendo en que la actividad sea constante y continua. Continuamos el seguimiento con los departamentos gubernamentales implicados para asegurarnos de que se establezca la responsabilidad en el caso.
Los abogados de la familia de Diego Bello quieren trasladar el juicio a Manila, la capital, para evitar que haya presiones. ¿Qué opinan?
Por el bien de la verdad y la justicia, el caso tiene que seguirse en un juzgado independiente y competente que esté libre de cualquier intervención. Respaldamos la petición de los representantes de la familia.
El Gobierno de Filipinas ha sido acusado de permitir ejecuciones extrajudiciales dentro de la guerra contra las drogas. ¿Es este un caso?
Durante el pico de la campaña de tokhang [ejecuciones extrajudiciales] del Gobierno anterior [presidido por Rodrigo Duterte], entre el auge de ejecuciones extrajudiciales, la guerra contra las drogas se ha convertido en una excusa conveniente para algunos miembros poco escrupulosos de policía para cometer crímenes. Ha envalentonado a algunos agentes a cometer abusos y a tomarse la ley por su mano, y la defensa propia se convirtió en la excusa estándar. Hemos defendido muchas veces que, en los casos en los que se invoque defensa propia, esta debe probarse ante un tribunal, en especial cuando implica a agentes gubernamentales o a policías. El Gobierno tiene que asegurase de que se establecen responsabilidades por el caso de Diego y el reto de casos de la campaña contra las drogas. El de Diego es uno de muchos relacionados con una campaña en la que se ha seguido adelante pero que no se ha resuelto. Esto es una oportunidad para que el nuevo Gobierno pruebe que puede hacer funcionar el procedimiento tradicional en el país.
