La Justicia filipina ordenó en marzo la detención de tres policías implicados en la muerte del joven coruñés Diego Bello, sobre los que pesan cargos de asesinato y manipulación de pruebas. Siguen libres y, el senador del PP Miguel Lorenzo reclamará hoy en la Cámara que el Gobierno reclame a Filipinas “la promoción de una investigación imparcial” sobre la muerte y que se “detenga inmediatamente” a los acusados. El político, también concejal en A Coruña y candidato a la alcaldía, afirmó que “siguen en la calle y se sabe dónde están”, además de defender que “asesinaron a Diego”.

La moción pide al Gobierno que, en interés de la “relación de amistad y cooperación diplomática” entre España y el país asiático, se establezcan medidas cautelares para evitar que los policías se fuguen antes del juicio, y que, en aplicación del Tratado sobre asistencia judicial, las autoridades filipinas remitan a las españolas toda la documentación de la que disponen acerca del caso.

Esto incluye, indica el PP, tanto la anterior a la intervención policial en la que murió (según los agentes, una redada antidrogas en la que Bello disparó, si bien investigaciones de varias instituciones filipinas lo contradicen), como la posterior. Lorenzo se refirió a los progenitores de Bello, cuya representación legal en España y Filipinas presiona para esclarecer el caso, como “unos padres coraje”, gracias a cuya lucha se han llegado a saber las dudas sobre la muerte. “No vamos a callarnos. Ni la clase política, ni la ciudadanía, ni la sociedad coruñesa, ni por supuesto los padres hasta que se haga justicia “, afirmó.