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“Los letrados de Justicia hemos asumido 600 tareas de los jueces; pedimos llegar al 75% de su sueldo”

“Un juzgado en el que estemos en huelga se paraliza al 100%: juicios, vistas, resoluciones...”

El letrado de la Administración de Justicia Fernando Santiso. | // Víctor Echave

Fernando Santiso es letrado de la Administración de Justicia (el puesto anteriormente denominado secretario judicial) en el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de A Coruña. Este martes y miércoles irá a la huelga junto a sus compañeros coruñeses como parte de un paro nacional para reivindicar mejoras salariales en compensación por las nuevas competencias que han asumido. Realizarán un nuevo paro el 14 y 15 de diciembre, y, si no se cumplen sus reivindicaciones, amenazan con una huelga indefinida tras las Navidades.

¿Qué representatividad dentro del cuerpo tendrá este paro?

Muy pocos letrados están afiliados a sindicatos, y nuestra representatividad va a través de las asociaciones profesionales; los anteriores no defienden nuestros intereses. Las asociaciones principales convocan la huelga conjuntamente: la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

Afirman que llevan más de una década asumiendo nuevas tareas.

Se calcula en unas 600, que anteriormente recaían en jueces y magistrados. Se les quiso descargar de trabajo apoyándose en nosotros. Ahora tenemos la competencia de ejecución de sentencias casi en totalidad, la jurisdicción voluntaria en gran parte, la dirección de la oficina judicial... Hay procedimientos que resolvemos casi en exclusiva.

¿Y no hay mayor dotación de personal para estas tareas?

Claro. Hay un letrado por juzgado, y una de las reformas que se establecieron hizo que tengamos que sustituir en muchas ocasiones a otro compañero de otro juzgado por designación obligatoria.

¿No se les dio más salario?

En 2010 se nos dio el paquete principal de competencias. Estábamos en plena crisis y se nos dijo que había que arrimar el hombro, que habría una reestructuración de competencias para mejorar la gestión en los juzgados, y que tuviésemos paciencia; tras la crisis se nos retribuiría en condiciones. Se fue dando largas. No tuvimos ninguna mejora salarial fuera de los aumentos por el IPC, como cualquier otro funcionario.

Ya anunciaron una huelga en este año, después abortada.

En 2021, los presupuestos generales del Estado indican que se nos debe reconocer una mejora, pero esta no se pactó con nosotros, sino con los sindicatos generalistas. Se pactó una mejora general para todos los cuerpos de funcionarios. Nuestra carga de responsabilidad añadida por estas competencias no se reconoce. En febrero y marzo de este año, dos de las asociaciones profesionales convocaron jornadas de huelga pero se suspendieron porque el Ministerio de Justicia se comprometió a implementar una serie de mejoras profesionales y económicas. Estas requieren de una modificación legistativa, que tiene un trámite más o menos largo, de varios meses. Atendimos a esa buena voluntad que parecía que quería mostrar Justicia y desconvocamos las huelgas.

Pero ahora entienden que se han incumplido estos compromisos.

Totalmente. El Ministerio de Justicia nos engañó. Antes del verano hubo varias reuniones, pero llegado septiembre ni se nos coge el teléfono. Se nos dice que Hacienda no va a autorizar estas modificaciones.

¿Su actividad la puede asumir otro cuerpo?

El juzgado en el que el compañero haga huelga se paraliza al 100%. No hay ni un solo acto de un juzgado que pueda salir sin la firma de un letrado; ejercemos la fe pública judicial, y la publicación y notificación de una sentencia o auto que dicte un juez tiene realizarla un letrado. La excepción es la actividad judicial urgente, dentro de los servicios mínimos. El resto de actuaciones, juicios, vistas, notificaciones, resoluciones, incoación de demandas… Cualquier actuación de trámite, no podrá salir del juzgado sin nuestra autorización.

¿Qué asuntos son urgentes?

En lo penal, si hay detenidos, alguna medida cautelar, o prisión preventiva, esas cuestiones hay que atenderlas. En la jurisdicción civil suelen ser medias cautelares: algunas cuestiones de familia, internamientos de personas… En el ámbito mercantil, una podría ser que se solicite un embargo de buque.

¿Qué condiciones ponen para desconvocar la huelga?

Queremos que el Ministerio cumpla con la palabra que dio, lo tiene muy fácil. Estaba pendiente de desarrollar nuestro reglamento de funcionamiento, se hizo un borrador que el Ministerio dijo que iba a perfilar y que se llevaría al Consejo de Ministros. Entre lo más importante estaba una cláusula de enganche a los salarios de jueces y fiscales.

¿En qué consistiría?

El Ministerio ofrecía asegurar que los letrados siempre cobrarían al menos un 75% del salario de jueces y fiscales. Ahora estamos en un 65%.

¿Apoyan la huelga otros colectivos de la Justicia?

El apoyo se suele publicar el día de la huelga, pero en otras jornadas lo hemos tenido de distintas asociaciones de jueces y fiscales, y los colegios de procuradores y abogados de A Coruña se pronunciaron expresamente. Nuestra situación es bastante conocida y reconocida: son más de diez años intentando que se nos reconozca el trabajo que hacemos.

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