Continúan los vaivenes en torno a la casa Cornide. El Concello se comprometió a iniciar acciones legales para recuperar su titularidad de manos de los Franco en 2019 tras el acuerdo unánime de la corporación, pero la demanda se está demorando más de lo previsto. Si en un principio fue la pandemia lo que retrasó el inicio de las acciones, el Concello supedita ahora los trámites a que la documentación necesaria para ello esté completa, lo que incluye, aseguran, “la catalogación de los bienes inmuebles que los propietarios guardan en su interior, y que sean susceptibles de protección patrimonial e inseparables del edificio”.
Así explicó el Gobierno local la demora en el proceso de reclamación, en respuesta a una pregunta escrita formulada por el grupo municipal Popular. En mayo de 2021, la Xunta inició los trámites para declarar el edificio como Bien de Interés Cultural. El expediente, que tendrá que estar resuelto en un plazo máximo de dos años, incluye la protección provisional del inmueble desde su inclusión en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia, con lo que el edificio puede considerarse BIC de forma provisional. El nuevo estatus del edificio implica una serie de deberes para sus actuales propietarios, como la obligación de abrirlo a visitas, algo que no se ha producido todavía, o la de permitir la entrada a técnicos de Patrimonio para que evalúen la estructura desde el interior.
La catalogación de estos bienes inmuebles del interior corresponde a técnicos de Patrimonio, pero la Consellería no ha aclarado si este proceso ha comenzado, y, a la consulta de este periódico, la Consellería de Cultura, Educación y Patrimonio ha matizado que el proceso de incoación “está en marcha” y que los técnicos están “en plazo” para completar su tramitación. De esta forma, el expediente debería resolverse, como fecha límite, en mayo de 2023, dos años después de la inscripción del edificio en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia. A fecha de hoy, se desconocen los avances que la Xunta ha llevado a cabo al respecto. Lo mismo sucede con el resto de compromisos que deben asumir los Franco tras la declaración BIC, de los que poco se sabe, más allá de que la casa no ha sido abierta a visitas ni si la familia está cumpliendo con sus obligaciones de conservación y mantenimiento.
El interior de la casa Cornide ha sido una incógnita desde que la esposa del dictador, Carmen Polo, lo adquiriese como segunda residencia en Galicia para estancias de menos duración que las que la familia pasaba en el pazo de Meirás. La familia Franco negó al Concello y al equipo de expertos coordinado por el catedrático coruñés Alfredo Vigo Trasancos la entrada en la propiedad para evaluar el estado del interior, con lo que los historiadores y arquitectos tuvieron que elaborar sus informes históricos y artísticos en base a sus elementos exteriores y a bibliografía y hemeroteca previas y documentos procedentes del archivo. El informe artístico del equipo de Vigo Trasancos, unido a a las fotogrametrías del edificio, un informe histórico elaborado por el Instituto Cornide de Estudios coruñeses, y uno jurídico de las posibles vías de actuación para una reclamación en los tribunales fueron algunos de los documentos encargados por el Concello y enviados a la Xunta para estribar la petición de Bien de Interés Cultural.
La larga espera de la casa Cornide
Los movimientos políticos y administrativos en torno a la casa Cornide se remontan a 2018, cuando el pleno, con Marea Atlántica en la Alcaldía y a petición del BNG, aprueba estudiar las vías legales para su reclamación. Ya en 2019, el Gobierno local, con Inés Rey al frente, encarga una serie de informes artísticos, históricos y jurídicos para justificar la declaración de la Casa Cornide como Bien de Interés Cultural. Mientras tanto, el Concello anuncia su intención de iniciar sus propias acciones legales para recuperar la propiedad, tras un nuevo acuerdo plenario adoptado por unanimidad de todos los grupos, incluido el PP, que había optado por la abstención en la votación de 2018. Los Franco, por su parte, movían ficha en verano de 2020 poniendo el inmueble a la venta a través de una inmobiliaria de lujo, por un precio de venta de 3,5 millones de euros. La Xunta inicia los trámites para esta declaración en mayo de 2021, justo un año después de la aparición del palacete en el portal inmobiliario. La Declaración BIC no priva a los franco de su titularidad, y, en diciembre de 2020, una furgoneta fue avistada por vecinos del barrio llevándose muebles y objetos del interior de la casa. A día de hoy, se desconocen los objetos que siguen dentro de la casa, los que la familia ha trasladado y si forman o no parte del patrimonio público.
