El contrato de vigilancia de la cárcel finaliza sin planes del Concello ni el Estado para el inmueble

Todo indica que la antigua cárcel provincial de A Coruña volverá a quedar sin guardias, pues el contrato para vigilarla encargado por la empresa estatal que la gestiona se extinguirá este mes sin que ni el Gobierno ni el Concello aclaren si hay planes para adjudicar otro. La vigilancia se contrató en junio por tres meses prorrogables a medio año después de que el inmueble, abandonado desde hace años y en un avanzado estado de deterioro, registrase numerosas entradas ilegales y varios incendios. Debía ser una fórmula de transición hasta que el Estado traspasase la titularidad del edificio. Pero la entrega, pendiente de la firma de un acuerdo extrajudicial por el que el Concello pagaría 2,3 millones, continúa sin efectuarse.

Según figura en el contrato original, el inmueble pertenece desde 2010 a la empresa pública estatal Siepse, que desde que lo recibió intentó ejecutar un convenio firmado con el Ayuntamiento en la época del alcalde Francisco Vázquez por el que la vieja cárcel pasaría propiedad municipal a cambio de cederle al Estado la parcela para construir el centro de inserción social de Monte Alto, que ya se entregó, y pagarle 1,2 millones de euros.

Sin embargo, tanto el Gobierno local del PP, con el alcalde Carlos Negreira, como el de Marea, con Xulio Ferreiro como regidor, se opusieron a este acuerdo y reclamaron la entrega gratuita, una postura que también comparte el BNG. Durante ambos mandatos el asunto se llevó a los tribunales, pero en 2020 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia falló en contra del criterio municipal, afirmando que debía cumplir el convenio y pagar lo acordado al Estado.

Aunque esta resolución, de acuerdo con el propio Siepse, no fue “definitiva”, en febrero del año pasado el Ayuntamiento pidió llegar a un convenio extrajudicial, que fue “pleno” ya en mayo de 2021; un acuerdo que no se conocía hasta que lo reveló este diario, y que sigue sin firmar 18 meses después. Siepse, según afirma, no contrató vigilancia para la cárcel “en previsión de que el acuerdo por el que el Ayuntamiento recibiría el inmueble iba a ser inmediato”, y para evitar “gastos que finalmente serán reclamados” al Concello, pues pretende pasarle la factura. Cambió de criterio después de que en febrero de este año las entradas irregulares en el edificio provocasen dos incendios y el desalojo de una veintena de personas, y contrató un servicio de vigilancia las 24 horas. El inmueble, en avanzado estado de deterioro, acumulaba también nuevos grafitis, y Siepse selló las entradas.

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El contrato de guardia se adjudicó hace seis meses, y se formalizó el 10 de junio, prorrogándose por un segundo y último trimestre en plazo. Pero en el portal público del Estado no figura un nuevo contrato, y ni la Siepse ni la delegación del Gobierno, consultados por este diario, aclaran si hay planes para sacar otro contrato. Tampoco señalan qué día finaliza la vigilancia de la cárcel, ante la que desde hace semanas siguen aparcando coches. Si el nuevo contrato de vigilancia tiene un importe similar al anterior, que se ofreció por hasta 85.200 euros para los seis meses, se hace necesario sacar un concurso, lo que prolongaría los plazos.

Un pago de 2,3 millones

Ahora bien, según señaló el Gobierno local el pasado mes de julio, el pacto extrajudicial casi duplica la cantidad original que se calcula pagar por el inmueble, ya que contempla abonarle al Estado 2,3 millones. Los 1,1 millones adicionales se corresponden al pago de intereses judiciales, y, según la versión municipal, supone un ahorro para el Ayuntamiento, ya que sin este pacto los intereses ascenderían a uno 2,9 millones. Además, según admitió la alcaldesa Inés Rey, el acuerdo no establece quién reparará la cárcel, una obra cuyo importe señaló que no se conoce pero calcula en cifras próximas a los 30 millones.

Dado que el pago al Estado no está previsto en los presupuestos, habría que modificar los de este año o incluirlo en los del próximo, que todavía no se han empezado a negociar. El concejal de Facenda y portavoz municipal, José Manuel Lage, pidió en el pleno de julio el “apoyo” del resto de grupos para negociar los fondos, pero en la modificación del crédito aprobado esta semana y pactado con Marea estaba ausente. Presumiblemente, debido a que este grupo es contrario a pagar 2,3 millones de euros.

En cuanto a la posibilidad de incluirlo en las cuentas del próximo año, la regidora indicó recientemente que había una “sentencia firme y definitiva” que obligaba a pagar (contradiciendo la documentación del Siepse de este año) y que cuando el Gobierno local “tenga alguna previsión o cuestión que comentar así lo hará”. El Concello no respondió a este diario si tiene información sobre el servicio de vigilancia o si el acuerdo se formalizará este año.

Casi catorce años sin uso

El inmueble dejó de acoger actividades de inserción social en 2009, y desde entonces solo tuvo una pequeñas reparaciones y un uso puntual por parte de la asociación Proxecto Cárcere, dedicada a intentar revitalizar la antigua prisión. La entidad celebró el mes pasado sus doce años de vida con un acto en las cercanías del edificio en el que denunció que la falta de mantenimiento “incumple las normativas más básicas”.

El antiguo preso Anxo Ferreiro Currás, que estuvo en la cárcel hace medio siglo por la represión política franquista, apuesta por que el edificio se conserve como “centro de cultura y memoria” que visiten los escolares, y convertirse en un lugar para “condenar el fascismo” y recordar a las víctimas de 1936.

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