La basura, más cara: el Ayuntamiento prevé pagar el doble por tonelada a la gestora de Nostián en el futuro contrato

El Concello prevé abonar un canon de 104,2 euros anuales por tonelada de basura a la empresa que gestione la planta de tratamiento municipal de Nostián durante los dos primeros años de la futura concesión, y de 119,6 euros durante los quince restantes que está previsto que dure el contrato; cifras que suben, respectivamente, a 119,8 y 128,4 euros contando tasas. Estos números suponen importantes incrementos con respecto a la cifra actual: a finales de 2020 se estableció pagar la tonelada a 51,9 euros a la actual concesionaria, Albada.

El dato proviene de un estudio realizado por el Ayuntamiento para determinar si es viable su proyecto para sacar de nuevo a concurso la gestión de la planta, que Albada lleva irregularmente desde hace casi tres años tras la extinción del contrato. El texto calcula que los “costes totales para el Ayuntamiento” oscilarán a lo largo de los 17 años de concesión entre los 16,2 y los 19,5 millones de euros.

En años pasados el precio que se abonaba a Nostián por la gestión de basura era aún menor. En 2011 la cifra se fijaba en 44,7 euros por tonelada, si bien el Concello acordó abonar 3,3 millones anuales a la empresa para que se hiciese cargo de rechazos, esto es, basura no procesada y enviada al vertedero. Con este pago fijo, que más tarde un juzgado decidió que debía asumir Albada, en 2013 la cifra pasó a algo menos de 40,5 euros por tonelada.

Los nuevos precios, según considera el estudio de viabilidad, son necesarios para que concurran empresas al concurso y para que prestar el servicio sea remunerador para ellas; se calcula que el contrato tendrá un valor total de 334,2 millones de euros, con una rentabilidad del 4,56%. Pero la empresa deberá asumir también los gastos de reforma y ampliación de la planta.

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El plan de viabilidad no desgrana en detalle estas modificaciones, pero cuantifica la “inversión” en casi 51,5 millones, aunque se indica que el coste final “debe ser determinado con detalle” porque todavía no hay un proyecto de obra. Los costes de amortización y financiación se estiman en más de 3,4 millones al año, mientras que los de personal son de 4,5 y el resto de gastos, desde la luz a los servicios externos, suman en torno a 5,1. Por comparación, un estudio de viabilidad de 2019, realizado durante el mandato de Marea, estimaba la inversión en menos de 42,1 millones.

La empresa que se lleve el nuevo contrato, según señala el texto, deberá construir una nueva planta de tratamiento, con dos líneas que tratarán de “maximizar la recuperación de materiales reciclables”. En ella se abrirán las bolsas de basura y se separarán los materiales. También se incorporarán dos reactores biológicos para hacer compost con residuos orgánicos, y será necesario hacer mejoras en la planta, incorporando un nuevo depósito de gasóil, acondicionando los viales y aumentando el número de aparcamientos y vestuarios, además de la construcción de nuevos almacenes. También habrá que reparar o mejorar instalaciones como el vertedero, la planta de gas o la de generación.

Marea ve “errores graves”

El informe de viabilidad se aprobó en la Junta de Gobierno Local de este lunes, a la que se llamó a los grupos de la oposición de manera extraordinaria y avisándolos con una hora de antelación, y Marea denuncia que incluye “errores y omisiones graves” y no aborda “cuestiones básicas” como el sistema de recogida de residuos. Su portavoz, María García, considera que es “un trabajo claramente incompleto” y que no aclara, por ejemplo, “como se mantendrá la separación de la basura en orgánica e inorgánica”, o por qué sube el canon. García acusa al Gobierno local de “haber rechazado” los trámites que su grupo había iniciado para redactar las condicione del concurso y no haberlo publicado “36 meses después”.

El actual Gobierno local decidió volver a iniciar el proceso para adaptar las condiciones del contrato a los cambios en la normativa europea sobre residuos. Sin embargo, el plan de viabilidad no parece ajustarse a las obligaciones legales establecidas por el Gobierno en 2020 para limitar el número de residuos enviados a vertedero al 10%. El contrato a 17 años que prevé el Concello calcula que al final de este periodo el porcentaje será del 30%. Incluso en la situación más favorable, también se prevén incumplir los objetivos de 2025 y 2030.

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