El pago de 2,3 millones del Ayuntamiento por la cárcel incluye los gastos del Estado desde 2011

El Gobierno local llevará hoy a la comisión municipal de Facenda el acuerdo alcanzado por el Estado para poner fin al pleito por la titularidad de la antigua prisión de la Torre. Es el paso previo a que el pleno vote la aprobación del pacto, por el que el Concello, para hacerse con la propiedad del histórico inmueble, se compromete a abonar a 2,29 millones de euros entre este mismo año y los dos siguientes a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse). Esta cantidad incluye la renuncia estatal a 516.056 euros de la deuda total que el Ayuntamiento mantiene con la Siepse, de 2,81 millones. Incluye tanto los gastos realizados por el departamento estatal desde 2011 como titular del edificio como los intereses acumulados desde que el Concello abrió el litigio judicial, durante el mandato del alcalde Carlos Negreira, del PP.

Concello y Siepse negocian desde comienzos de 2021 un acuerdo para reducir el pago que la administración municipal, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de 2020, debe efectuar para recuperar para el patrimonio público la antigua prisión, que presenta un estado de grave deterioro. Esta operación descarta por orden judicial la devolución gratuita al Ayuntamiento que PP y después Marea Atlántica defendieron cuando gobernaban. La Justicia obliga a cumplir el acuerdo firmado en 2005 por Francisco Vázquez, que incluía el pago de 1,12 millones de euros para compensar la diferencia entre el valor de la cárcel y los terrenos que el Concello cedía para el centro de reinserción de presos de la Torre.

El Concello de A Coruña negocia con el Estado una quita en el pago de 1,2 millones para recuperar la vieja cárcel

El pacto alcanzado recoge un fraccionamiento de la cantidad total que abonará el Concello, de modo que en 2022 el pago será de 813.976 euros y en los dos años siguientes de 741.339 euros cada uno. El acuerdo pasará por la comisión de Facenda, previo traslado a pleno, donde el Gobierno local no disponía ayer del apoyo garantizado de otros grupos de la oposición. Según fuentes de PP, Marea y BNG, el Ejecutivo no negoció con ellos este punto.

El grupo socialista, con nueve concejales, necesitará mayoría simple de votos para sacarlo adelante, por lo que le podría bastar con la abstención del PP,. De superar el trámite plenario, el acuerdo deberá llevarse ante la Justicia para su visto bueno y homologación.

Los populares, que iniciaron en su mandato el proceso para obtener la reversión gratuita de la cárcel, defendían en julio pasado, consultados por este periódico, que el Estado perdonase al menos los intereses y se pagasen solo 1,2 millones de euros. Marea demandaba hace medio año más información sobre el acuerdo entre el Concello y la Siepse, aunque evitó calificar de buena noticia el pago de casi 2,3 millones para recuperar el inmueble. El BNG fue el más claro en manifestarse en contra del gasto municipal por la vieja prisión e insistía en la devolución gratuita.

La oposición rechaza la propuesta municipal de recuperar la cárcel pagando 2,3 millones

El interventor municipal avala el acuerdo, aunque reprocha que desde 2005 no hubiera asignación presupuestaria en los gobiernos locales para asumir el pago de 1,12 millones. La asesoría jurídica municipal también aprueba el pacto porque “pone fin a una controversia jurídica pendiente de resolverse desde hace doce años” y porque “evita una condena judicial en la que ya no existiría posibilidad de plantear un plan de pagos”. Califica los 516.000 euros de quita de “importante reducción de la cuantía reclamada”.

Si el acuerdo es aprobado finalmente en el pleno, la Siepse renunciaría a reclamar cualquier otra cantidad por gastos producidos durante el período de incumplimiento del convenio que el Estado y el Concello firmaron en 2005 por la construcción de un centro de inserción social en la ciudad y el destino de la antigua prisión, que establece que si el Concello quiere recuperar el edificio debe pagar 1,12 millones de euros. El Ayuntamiento, por su parte, aceptaría la entrega de la prisión en el estado en que se encuentra y renunciaría a iniciar acciones judiciales o extrajudiciales contra la Siepse.

El Gobierno local no tiene previstos usos próximos para la cárcel de la Torre, que desde que perdió su función penitenciaria solo fue reabierta en dos ocasiones con usos cívicos, y estima que su rehabilitación supondría un elevado desembolso, estimado en torno a los 30 millones.

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