El Pleno de A Coruña ha tumbado esta mañana el acuerdo alcanzado por el Gobierno local y el Estado por el que el Ayuntamiento pagaría casi 2,3 millones de euros para recuperar la antigua cárcel provincial de la Torre. Los grupos del PP, Marea Atlántica y BNG votaron en contra del pacto que hubiera supuesto el fin a la disputa por la titularidad del penal; la edil no adscrita Isabel Faraldo se abstuvo y la también no adscrita Susana Soneira votó a favor. El Ejecutivo local, al que le bastaría mayoría simple, también apoyó la aprobación.

El pacto del Concello con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) rebajaba en 516.000 euros la cantidad de 2,81 millones de euros que el Estado reclamaba al Ayuntamiento, por lo que la deuda quedaba reducida a 2,29 millones. Al acuerdo se llegó después de que la Justicia desestimara la demanda de nulidad del convenio firmado en 2005 por Francisco Vázquez, que incluía el pago de 1,12 millones de euros para compensar la diferencia entre el valor de la cárcel y los terrenos que el Concello cedió para la construcción del centro de reinserción de presos de la Torre. En los 2,8 millones que reclamaba el Estado, que aceptó reducir en medio millón, están también incluidos los gastos realizados por el departamento estatal desde 2011 como titular del edificio y los intereses acumulados desde que el Concello abrió el litigio judicial, durante el mandato del PP.

El debate del asunto fue un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad de tener que pagar por la vieja cárcel, un edificio gravemente deteriorado cuya rehabilitación costaría unos 30 millones de euros, según las estimaciones del Concello, y que volvería al patrimonio municipal en el mal estado en que se encuentra. El PSOE defendió que la propuesta era la más adecuada y comparó el pago de los casi 2,3 millones frente a los 2,81 iniciales.

El PP, que había iniciado el camino judicial del caso al promover la nulidad del convenio de 2005, se quitó responsabilidades de encima y pidió al Gobierno local que siguiera negociando con el Estado. Marea reprochó el origen del cambio presupuestario impulsado para que el Concello contase con fondos para pagar por la prisión y culpó del conflicto al acuerdo realizado en el Gobierno socialista de Francisco Vázquez. El BNG denunció el mismo convenio y pidió a la alcaldesa, Inés Rey, que negociase un acuerdo “más justo” para obtener la reversión de la cárcel. Los tres grupos consideran excesiva la cantidad que el Ayuntamiento reconoce abonar al Estado, teniendo en cuenta, además, el mal estado del edificio.

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Pleno municipal en A Coruña Víctor Echave

El portavoz municipal, José Manuel Lage, solicitó una votación nominal del asunto por parte de todos los miembros presentes de la Corporación, que fue votada y rechazada (solo la apoyó el PSOE y Soneira se abstuvo). Lage justificó su petición ante la posibilidad de que la decisión derive en "responsabilidades personales y patrimoniales". El viceportavoz de Marea, Iago Martínez, el único de la oposición que justificó el sentido de su voto, acusó a Lage de querer "amedrentar" a los concejales con su petición.