La antigua cárcel provincial de A Coruña ha sido desde 2005 el argumento con el que el Concello y el Estado han dirimido una de sus más largas disputas. Hasta ahora, momento en el que el Ejecutivo local pretende pagar al Gobierno central casi 2,3 millones de euros para tener la titularidad del deteriorado edificio del paseo marítimo, ubicado frente a la Torre de Hércules, el enfrentamiento ha tenido a la administración estatal como actor dominante, dado que el Ayuntamiento se ha tropezado con resoluciones judiciales que le han impedido obtener la reversión gratuita de la vieja prisión, asunto que llevó a la Justicia en 2014 durante el mandato del Partido Popular. El conflicto presenta varios episodios que se repasan a continuación.

  • Cárcel sin uso. El penal de la Torre, abierto en 1927, dejó de tener uso penitenciario en 1998, cuando pasó a convertirse en centro de inserción social para presos que solo acudían a pasar la noche. Mantuvo esta función hasta 2009, una vez construido un recinto con este mismo uso en las inmediaciones. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), propietaria del inmueble, lo cerró en 2012 ante el grave deterioro del edificio. Solo ha tenido puntuales usos cívicos durante el mandato del Gobierno del PSOE y el BNG (2007-2011) y posteriormente en el de Marea (2015-2019).
  • Convenio de 2005. El Gobierno socialista de Francisco Vázquez firmó hace 17 años un acuerdo para que la cárcel provincial pasase a manos municipales, para lo cual el Concello debía pagar 1,2 millones de euros, cifra fijada como diferencia de valor entre la parcela que ocupa la prisión (12.792 metros cuadrados) y en la que se asienta muy cerca el Centro de Inserción Social (9.000), cedida por el Concello.
  • Objetivo: reversión gratuita. El Gobierno del PP inició en su mandato (2015-2019) el recorrido judicial para recuperar a coste cero el viejo penal de la Torre. Para ello, propuso modificar el convenio de 2005 mediante una revisión de oficio por entender que el acuerdo era lesivo para los intereses municipales. Las alegaciones de la Siepse fueron desestimadas por el Gobierno local, que acordó a final de 2014 declarar la nulidad de pleno derecho del convenio suscrito por el Concello con el Ministerio.
  • En los tribunales. El órgano estatal interpuso una demanda civil en un juzgado coruñés, proceso que fue suspendido pero que motivó la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la declaración de nulidad del convenio ante la Audiencia Nacional, que resolvió en 2016 anulando la resolución municipal y obligando al Concello a pagar 1,2 millones para recuperar la cárcel. La Siepse también recurrió en el juzgado el acuerdo del Gobierno local para la reversión gratuito de la parcela cedida por el Ayuntamiento al Estado en 1925 para la construcción de la prisión; la estimación del recurso fue apelada por el Concello, pero el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tumbó la apelación municipal.
  • Los intentos de Marea. Con el cambio de Gobierno en 2015, el Concello planteó al Estado una cesión temporal de la cárcel para que la instalación acogiese actividades vecinales y culturales mientras la titularidad seguía debatiéndose en los tribunales. La Siepse aceptó, aunque acordó repartirse al 50% con el Gobierno local el gasto de 300.000 euros en la rehabilitación de parte del inmueble, que entonces presentaba un deterioro mayor. Proxecto Cárcere, un colectivo surgido en 2010 que defendía la recuperación de la prisión para uso ciudadano, ganó en 2017 un concurso promovido por el Ejecutivo local para encargarse de su gestión temporal, un proceso polémico porque el grupo municipal del PP acabó llevándolo a los tribunales por supuesta adjudicación irregular. Proxecto Cárcere inició su gestión en el verano de 2018, que finalizó a los cuatro meses al advertir la Xunta al Concello que se habían realizado obras no autorizadas en el edificio.
  • El fallo del Supremo. Con la cárcel cerrada desde enero de 2019, el Tribunal Supremo puso fin a la pretensión municipal de recuperar su titularidad sin coste. Una sentencia firme de mayo de 2020 ratificó el fallo de la Audiencia Nacional de cuatro años antes y tumbó el recurso de casación al considerar que el Concello incurría en contradicciones por adoptar decisiones que hacían efectivo del convenio de 2005 al mismo tiempo que solicitaba su anulación para evitar el pago de los 1,2 millones.
  • Negociación y acuerdo. Ayuntamiento y Estado acordaron en 2021 iniciar una negociación para determinar el cumplimiento de la sentencia. El proceso fue archivado provisionalmente y en las conversaciones se planteó la aplicación de una quita de medio millón de euros que no liberaba al Concello de tener que pagar 2,3 millones por obtener la titularidad del edificio, cantidad que incluye 1,1 millones en intereses. El acuerdo debe pasar ahora por el pleno, sin el apoyo garantizado de la oposición para recibir luz verde. El Concello aún no ha dicho qué quiere hacer después con la cárcel.