Cárcel de A Coruña: las condiciones del pacto frustrado

El acuerdo por la titularidad de la antigua cárcel al que habían llegado el Concello y el Estado a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) se convierte en papel mojado con el rechazo plenario expresado ayer por el PP, Marea Atlántica y el BNG. El pacto conllevaba un compromiso de renuncia a más reclamaciones económicas para el órgano estatal una vez percibidos los 2,29 millones de euros propuestos tras la rebaja de 516.000 euros de la reclamación total de 2,81 millones; y recogía también una serie de obligaciones para el Ayuntamiento, que asumiría el edificio con todo su evidente deterioro a consecuencia del abandono de los últimos años.

La administración local estaría obligada expresamente a hacer efectivo el pago de la cuantía de la reclamación, reducida a casi 2,3 millones de euros, en los tres plazos acordado, 2022, 2023 y 2024, con la tramitación oportuna de las tres partidas anuales aprobadas por el Pleno. En un periodo máximo de tres meses desde la homologación judicial del acuerdo, paso comprendido también en el acuerdo con el Estado, el Ayuntamiento formalizaría la escritura pública de permuta para poder obtener la titularidad de la prisión provincial.

Pero el Concello se encontraría con la entrega de un edificio en pobre estado de conservación tras la escasa acción de las administraciones en la reparación de la cárcel desde que perdió su uso penitenciario, sin la posibilidad de reclamar intervenciones. Esto se debe a que otra de las obligaciones del pacto establece que la aceptación del penal supone una renuncia “a iniciar acciones judiciales o extrajudiciales” contra la Siepse para reclamar daños y perjuicios “por el posible deterioro” de la construcción en el exterior e interior.

La vieja prisión de A Coruña, historia de una condena

El Ayuntamiento también renunciaría a reclamaciones por otros conceptos derivados de la titularidad de la vieja cárcel por parte del Estado entre 2011, cuando el inmueble pasó a ser parte del capital social de la Siepse, hasta la fecha en la que la prisión estuviese inscrita como propiedad municipal.

Por su parte, el departamento estatal no podría demandar más cantidades por gastos producidos en el periodo de incumplimiento del convenio firmado en 2005 por el cual la cárcel volvería al patrimonio público tras el pago de 1,12 millones de euros, que derivó en una demanda civil que fue suspendida. Tampoco podría exigir la cantidad que se deduce del importe total reclamado en concepto de daños y perjuicios ni reclamar intereses devengados por cantidades aplazadas señaladas en el programa de plazos establecido en el pacto: 813.976 euros en el primer año, este 2022, y 741.339 en los dos ejercicios siguientes, todas a satisfacer antes del 30 de diciembre del año en curso.

Estas cantidades aparecen incluidas en una tabla del acuerdo entre el Concello y el Estado vinculadas a una aplicación presupuestaria que tendría a la Siepse como destinataria. El importe total pactado corresponde a la diferencia de valor de los inmuebles a permutar, a los gastos incurridos hasta la presentación de la demanda en mayo de 2014, durante el mandato del PP, y al total de intereses legales del valor de los edificios y de los intereses devengados por los gastos anteriores, posteriores y en el curso de la demanda.

Otra estipulación del acuerdo comprometía a las dos partes para que solicitasen al juzgado de primera instancia número 5 de A Coruña la homologación del pacto de conformidad con la ley de enjuiciamiento civil. Una vez cumplidos los términos del acuerdo, Estado y Concello no tendrían “nada más que reclamarse recíprocamente” por las obligaciones del polémico convenio que habían suscrito en 2005 para colaborar en la construcción del centro de reinserción de la Torre y el destino de la antigua prisión.

Suscríbete para seguir leyendo