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La oposición tumba el pacto del Concello con el Estado para recuperar la cárcel de A Coruña por 2,3 millones

PP, Marea y BNG votan en contra del acuerdo que rebajaba en medio millón la cantidad que reclama el Gobierno | El Ejecutivo rechaza una nueva negociación y avanza que pagará lo que se determine “en ejecución de sentencia”

Pie de foto para la fotografía de Faro. | // FDV

El Pleno de A Coruña tumbó ayer el acuerdo alcanzado por el Gobierno local y el Estado por el que el Ayuntamiento pagaría casi 2,3 millones de euros para recuperar la antigua cárcel provincial de la Torre. Los grupos del PP, Marea Atlántica y BNG votaron en contra del pacto que hubiera supuesto el fin a la disputa por la titularidad del penal; la edil no adscrita Isabel Faraldo se abstuvo y la también no adscrita Susana Soneira votó a favor. No acudió a la sesión la tercera edil no adscrita, Mónica Martínez, en su primer pleno tras su salida del Gobierno local en aplicación de la sentencia que la consideraba tránsfuga. El Ejecutivo local, al que le habría bastado la mayoría simple para sacar adelante el acuerdo, solo recibió el apoyo de Soneira.

El pacto del Concello con la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) rebajaba en 516.000 euros la cantidad de 2,81 millones de euros que el Estado reclamaba al Ayuntamiento, por lo que la deuda quedaba reducida a 2,29 millones. Al acuerdo se llegó después de que la Justicia desestimara la demanda de nulidad del convenio firmado en 2005 por Francisco Vázquez, que incluía el pago de 1,12 millones de euros para compensar la diferencia entre el valor de la cárcel y de los terrenos que el Concello cedió para la construcción del centro de reinserción de presos de la Torre.

En los 2,8 millones que demandaba el Estado, que aceptó reducir en medio millón, estaban también incluidos los gastos realizados por el departamento estatal desde 2011 como titular del edificio y los intereses acumulados desde que el Concello, durante el mandato del PP, abrió el litigio judicial para conseguir la reversión gratuita de la cárcel, que en 2020 llegó hasta el fallo del Tribunal Supremo que negó al Concello la recuperación de la cárcel sin coste.

Fuentes municipales indican que el Gobierno de Inés Rey descarta promover más negociaciones con el Estado por la cárcel porque la posible solución al conflicto “ya estaba negociada”. Avanzan que la sentencia inicial que obliga a pagar por recuperar la titularidad de la prisión según el convenio de 2005, que establece el pago de 1,12 millones de euros se ejecutará “de forma inmediata”: “El Concello pagará lo que obligue la ejecución de la sentencia, hay que esperar a que se ejecute para saber el importe final”.

La votación sobre la cárcel, con un debate previo con constantes cruces de acusaciones por la responsabilidad de tener que pagar por la vieja prisión, se limitaba a las condiciones del acuerdo reciente entre el Concello y el Estado, no a la sentencia judicial que niega la posibilidad de declarar nulo el convenio de 2005 y obliga a cumplirlo, como recalcaron PP, Marea y BNG.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, defendió que la propuesta de pacto era la más adecuada y comparó el pago de los casi 2,3 millones pactados con la Siepse frente a los 2,81 que inicialmente le reclamaba. “Diecisiete años después es este Gobierno municipal el único que trae una solución al problema después de que pasaran todos los grupos municipales por el gobierno. ¿El Partido Popular por qué no negoció? ¿Qué acuerdo mejor trajo Marea? Solo faltaría que fuésemos responsables nosotros, que nos comemos el marrón”, resaltó Lage, que pidió “responsabilidad” a la oposición “para no tener que pagar más” por un edificio en grave estado de deterioro cuya rehabilitación el Concello estima en unos 30 millones de euros.

El PP, que había iniciado el camino judicial de la reversión de la cárcel al promover la nulidad del convenio de 2005 cuando era alcalde Carlos Negreira, se quitó responsabilidades y pidió al Gobierno local que siguiera negociando con el Estado. “No se tenía que haber firmado aquel convenio, ese es el origen, la culpa. El Gobierno central tendría que haber devuelto gratis la cárcel y ahora venden ustedes un acuerdo estupendo para recuperarla pagando el doble de lo que marcaba el convenio. No es ético ni moral. Si el acuerdo no sale, no le echen la culpa al Partido Popular, sigan negociando”, expuso la edil Rosa Gallego.

Marea reprochó el origen del cambio presupuestario decretado por el Gobierno local la pasada semana para contar con fondos con los que pagar la reclamación estatal y culpó del conflicto al acuerdo realizado en el Gobierno socialista de Francisco Vázquez con el Estado por carecer de crédito presupuestario y ser firmado “sin competencias”. Iago Martínez, viceportavoz de Marea, calificó de “inaceptable” que el Concello “renuncie” en el acuerdo a demandar responsabilidades al Gobierno central por el deterioro de la cárcel, cerrada desde 2009 y solo reabierta en dos breves periodos de tiempo con usos no penitenciarios.

“Entre la letra pequeña del acuerdo se encuentran las partidas para el primer pago previsto al Estado, que salen de recortar fondos en Igualdad, Participación, Bienestar Social y Urbanismo. La mitad proceden de rebajar una partida del área de vivienda, que forma parte de los acuerdos firmados, e incumplidos, con Marea Atlántica”, reprochó Martínez.

El BNG denunció el mismo convenio de hace 17 años, al que se refirió como “herencia envenenada de Vázquez”, y pidió a la alcaldesa, Inés Rey, que negocie un acuerdo “más justo” para obtener la reversión de la cárcel. “Si tanto liderazgo tiene la alcaldesa, por qué no se pelea por lograr un acuerdo extrajudicial justo con el Estado, que no puede ser otro que la recuperación gratuita del inmueble con la previa restauración por parte de la Administración central, que es la única responsable de la ruina en que se encuentra”, exigió el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera.

Isabel Faraldo, que se abstuvo en el voto, apuntó sus críticas al PP por “judicializar el convenio” de 2005 y “perder denuncia tras denuncia”. La otra edil no adscrita, Susana Soneira, evitó ahondar en el acuerdo y apoyó el pacto propuesto por el Ejecutivo actual “por responsabilidad” pese al coste que supone.

Votación nominal

Al terminar el debate del asunto el portavoz del Gobierno municipal solicitó una votación nominal por parte de todos los miembros presentes de la Corporación, que fue votada y rechazada (solo la apoyó el PSOE y Soneira se abstuvo). Lage justificó su petición ante la posibilidad de que la decisión derive en “responsabilidades patrimoniales al votar en contra de los intereses generales del Concello”. El viceportavoz de Marea, Iago Martínez, el único de la oposición que justificó el sentido de su voto, acusó a Lage de querer “amedrentar” a los concejales con su petición. El portavoz de los populares, Miguel Lorenzo, calificó en una intervención posterior la solicitud de Lage como “una amenaza velada” y se mostró sorprendido por “no haberlo visto nunca”.

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