El Estado solo gastó 23.000 euros en obras y en el mantenimiento de la cárcel desde 2012

El deterioro por abandono de la antigua cárcel provincial de A Coruña, un edificio que tiene protección estructural, apenas ha sido respondido por parte del Estado con obras o actuaciones de mantenimiento desde 2012, poco después de que el inmueble fuese aportado al capital social de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) tras dejar de ser centro de reinserción en 2009. El órgano estatal solo gastó 22.846 euros hasta el día de hoy en concepto de “conservación y mantenimiento” y de “obras”, según consta en el desglose de la deuda acreditada que incluye el expediente del pacto frustrado entre el Concello y el Estado para recuperar la prisión para el patrimonio municipal. Esta baja cantidad contrasta con el gasto estatal en “seguridad”, “servicios de seguridad”, “actuaciones de seguridad” y “vigilancia” en el mismo periodo: 902.000 euros. El gasto en el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) también fue más alto, de 72.993 euros, tres veces más que en mantenimiento.

Cárcel de A Coruña: las condiciones del pacto frustrado

El acuerdo negociado con el Estado desde el año pasado para reducir la cantidad que la Siepse reclama al Ayuntamiento para que este recupere la cárcel de la Torre fue tumbado con los votos en contra del Partido Popular, Marea Atlántica y el BNG en el pleno extraordinario de este miércoles. El pacto dejaba en 2,29 millones de euros el pago del Concello tras aplicar una renuncia estatal de 516.000 euros a la cuantía total de 2,81 millones. Esos 2,29 millones incluyen los 1,12 que el Gobierno local debe pagar en virtud del convenio de 2005 para obtener la reversión de la prisión, los gastos realizados por el departamento estatal desde 2011 como titular del edificio y los intereses acumulados desde que el Concello, durante el mandato del PP, abrió el litigio judicial con el fin de recobrar cárcel sin coste alguno. En la relación de gastos de la Siepse aparece reflejado el contraste entre el coste de la seguridad, el IBI y el mantenimiento de la vieja prisión.

Si el pleno hubiera dado luz verde al acuerdo con el Estado, el Concello, habría aceptado la entrega del edificio en el estado actual de conservación, pero renunciando a iniciar acciones judiciales contra la Siepse en reclamación de daños y perjuicios por el “posible deterioro” del inmueble, según recoge al texto del acuerdo.

La oposición tumba el pacto del Concello con el Estado para recuperar la cárcel de A Coruña por 2,3 millones

Este escenario no se dará, por lo que se mantiene la incógnita de si alguna administración se hará cargo de posibles reparaciones en la cárcel. Este diario preguntó ayer a la alcaldesa, Inés Rey, si el Ayuntamiento iba a exigir al órgano estatal que asumiese el mantenimiento del edificio, lo que la regidora eludió aclarar. “Hemos negociado un acuerdo que es beneficioso por algo que hay que pagar porque lo judicializó el PP y a partir de ahora veremos en qué situación nos encontramos y cuándo nos van a pedir que paguemos más y de golpe”, dijo.

Las únicas obras que la Siepse ejecutó en el penal datan de 2012 —cuatro actuaciones sin especificar—, trabajos de conservación y mantenimiento en 2015 —también sin concretar—, otras “obras” en 2013 y la instalación de placas traslúcidas en 2016. El importe total de estas intervenciones es de 22.846 euros.

Hay también un gasto de 4.700 euros que corresponde a una inspección técnica de edificios (ITE) realizada en 2015, mientras que el gasto en el abono del IBI entre 2012 y 2022 asciende a casi 73.000 euros. Una factura más de 730 euros es por la reparación de una cerradura y otras dos por una “tasa judicial” de 10.350 euros.

La mayor parte del gasto efectuado por la Siepse en la cárcel en los periodos 2012-2014 (antes de la primera demanda interpuesta en el mandato del PP en mayo) y 2014-2022 (después de la reclamación) es en seguridad, un servicio que tuvo el edificio de forma intermitente entre abril y diciembre de 2012, 2013 y los dos primeros meses de 2014; después entre 2014 y 2016 y parte de 2017; ocho meses de 2019; y de julio a noviembre de 2022.

Este último contrato, motivado por la entrada de personas en el inmueble, la pintada de grafitis en muros exteriores e interiores y más de un pequeño incendio en alguna dependencia, sucedió a un periodo de tres años sin vigilancia; finalizó —y no fue prorrogado— un mes antes de que el Gobierno local llevase el acuerdo al pleno en el que la oposición rechazó tener que pagar por la cárcel.

Negociación zanjada

PP, Marea y BNG reclamaron al Gobierno socialista en el pleno que siguiera negociando con el Estado para obtener un mejor acuerdo para la recuperación de la cárcel. Miguel Lorenzo, portavoz popular, insistió ayer: “Rechazamos un acuerdo que ahorra medio millón de euros, pero por qué no ahorramos un millón de euros de intereses y gastos de mantenimiento que siguen en el acuerdo. Hay que volver a negociar con el Estado y ya que hablaban del liderazgo de la alcaldesa, que se vea, porque es un gobierno municipal socialista y un gobierno estatal socialista”.

Rey dio ayer por zanjada la negociación con el Estado y acusó a los grupos que tumbaron el pacto de impedir la reducción del gasto que el Concello debe asumir. “Ya negocié, ese trabajo ya lo hice, por eso llevamos el acuerdo al pleno. Lo primero que hay que hacer es explicar que la oposición ha decidido pagar más en vez de pagar menos”, dijo Rey.

Marea Atlántica insta, por su parte, a conocer los usos que tendría la cárcel cuando vuelva a manos municipales. El grupo advirtió en el pleno que acudirá a la Valedora do Pobo si el Gobierno local no le facilitar el acceso a un estudio de futuros usos en la antigua prisión contratado por el Concello.

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